La democracia argentina se ha construido sobre pilares inquebrantables: memoria, verdad y justicia. No hay futuro posible sin el reconocimiento de los horrores del pasado y la condena a quienes fueron responsables de los crímenes más aberrantes de nuestra historia reciente. Sin embargo, en Jujuy, estos valores fundamentales están siendo pisoteados por la posibilidad de que Alejandro Ernesto Cooke asuma como diputado provincial. ¿El problema? Su apellido está irremediablemente ligado al terrorismo de Estado: su padre, el coronel Ramón Ernesto Cooke, fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, incluidas torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos durante la dictadura.
Que la Legislatura jujeña permita este nombramiento equivale a un acto de complicidad con la impunidad. No se trata de culpabilizar a los hijos por los crímenes de sus padres, sino de exigir un mínimo de ética y compromiso democrático en quienes ocupan espacios de representación pública. Cooke hijo no es cualquier ciudadano: aspira a un cargo en un cuerpo legislativo que debe ser ejemplo de honorabilidad. Su presencia en la banca no es solo una afrenta a las víctimas del terrorismo de Estado, sino una señal de que en Jujuy la memoria es negociable y la justicia puede ser burlada.

El escándalo no es menor. Organismos de derechos humanos y ciudadanos comprometidos han presentado una solicitud formal para impedir su asunción, respaldada por 77 páginas de documentos y pruebas que dejan en claro la gravedad del caso. Pero la Legislatura ha optado por el silencio, esquivando la discusión y rechazando el pedido sin fundamentos sólidos. Este desprecio por el reclamo social no solo revela la indiferencia de la clase política ante un tema de máxima sensibilidad, sino que expone la crisis ética de un sistema que parece dispuesto a conceder honores a quienes deberían estar fuera de cualquier espacio de poder.

El caso Cooke no es una anécdota menor, sino un síntoma del avance de discursos que buscan relativizar los crímenes de la dictadura. En un contexto donde sectores de la ultraderecha reivindican el terrorismo de Estado y promueven un negacionismo descarado, permitir que el apellido Cooke se inscriba en el recinto legislativo es un mensaje peligroso. Es validar la idea de que la memoria es prescindible y que la democracia puede tolerar la presencia de símbolos de la represión en sus filas.
La pregunta es simple: ¿qué tipo de democracia queremos? Una que siga defendiendo los valores por los que tantos lucharon y murieron, o una que ceda ante la desmemoria y la impunidad. Si la Legislatura de Jujuy permite esta afrenta, no será un recinto de representación del pueblo, sino un mausoleo de la vergüenza histórica. Pero la sociedad no olvida y la justicia no calla. La historia ya ha condenado a los verdugos del pasado; ahora es responsabilidad de la democracia evitar que sus sombras sigan acechando el presente.