La Ley de Tierras frena inversiones en el NEA y el NOA
Roberto Frenkel Santillán*
Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) consideran que lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extra-pampeanas (entre ellas el NEA y el NOA) con menor valor de sus tierras, y que son las más necesitadas de la inversión extranjera.
La Ley 26.737, que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, está por cumplir su segundo año de vida sin lograr sus objetivos principales ni ser reglamentada por completo.
Recordemos que el artículo 10º de la misma menciona que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial, y que esa superficie equivalente sería determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, dependiente principalmente por el Ministerio de Justicia de la Nación, que nada o muy poco hizo al respecto.
Es importante destacar que por esta causa continúa y persiste la imposibilidad de que un extranjero pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en cualquier lugar del país.
A modo de ejemplo, si un extranjero quisiera comprar un campo en la zona núcleo estaría realizando una inversión no menor a los US$ 15.000.000, pero si lo quisiera hacer en La Pampa, la inversión por la compra de 1.000 hectáreas no superaría los U$S 800.000 o menos y el tratamiento sería igual para ambos casos.
Adicionalmente observamos una enorme dificultad en los organismos de la provincia de Buenos Aires que regulan sus aspectos hídricos, para pronunciarse ante las consultas del RNT. La consecuencia es que los “Certificado de Habilitación” solicitados no se expiden, cuando los predios contienen riberas sobre cuerpos de agua de poca envergadura, como arroyos o lagunas típicas en la zona. La postura que han adoptado estos organismos provinciales es ni aprobar ni rechazar. Amontonar expedientes parecería ser la mejor solución.
Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) consideramos que lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extra-pampeanas con menor valor de sus tierras, y que son las más necesitadas de la inversión extranjera. La Pampa Húmeda puede esperar, pero la que no puede esperar es la Argentina que necesita de inversión, desarrollo y trabajo. La que no tiene caminos, agua, servicios, la que le cuesta hacerse escuchar.
El Registro Nacional de Tierras llevó adelante una tarea de investigación muy importante con todas las provincias argentinas, que permitió presentar en el mes de julio pasado el relevamiento de tierras en manos de extranjeros, que ronda el 6 por ciento del total de tierras rurales del país, muy lejos del 15 por ciento que la ley permite. Teóricamente habría muchas tierras para vender y desarrollar en la Argentina.
También dijimos que hay zonas que debemos promocionarlas, darles un estatus especial para que se puedan desarrollar e integrar a la Argentina digna, que tenga agua, caminos y servicios para su gente.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales manifiesta públicamente y solicita a las autoridades responsables, dar cumplimiento en forma urgente al artículo 10 de la Ley 26737, para que las equivalencias sean una realidad a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y que la Ley de Tierras pueda tener finalmente vigencia plena y sea de alguna utilidad. Hoy persiste en el mercado inmobiliario rural, un nuevo cepo, “el cepo a las tierras” e impiden que ingresen más de 10.000 millones de dólares.
*Presidente Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).
