La planta química china en Perico: mucho comunicado y cero explicación sobre el riesgo real

La empresa TSINGSHAN salió apurada a desmentir, en medios locales, cualquier irregularidad migratoria o laboral respecto de su personal chino en la planta instalada en el Parque Industrial de Perico. Bien. Es su derecho publicar comunicados defensivos.

Pero el punto central no es ése.
El punto es otro, mucho más serio: en Perico funciona –o está a punto de hacerlo– una planta química de alto riesgo sin que la ciudadanía haya sido informada, consultada ni respetada como exige la Constitución Nacional, la Constitución de Jujuy y la propia Ley General del Ambiente.

Una planta química pesada, no un simple “proyecto industrial”

TSINGSHAN no está montando una carpintería ni un galpón de armado de estructuras.
Lo que se instaló en el Parque Industrial de Perico es, según la propia descripción técnica, una planta electroquímica cloro–álcali, diseñada para producir:

• Soda cáustica (hidróxido de sodio, NaOH)
• Derivados del cloro (como ácido clorhídrico / cloruro de hidrógeno)

Estos insumos se utilizan en el procesamiento de salmueras de litio en la Puna. Es decir: estamos frente a una industria química pesada, que trabaja con sustancias corrosivas, tóxicas y potencialmente letales en caso de accidente, con alto consumo de agua y energía.

No hace falta agitar fantasmas: alcanza con decir la verdad.
Una planta cloro–álcali es, en cualquier manual internacional, actividad de alto riesgo tecnológico. No es opinable.

Por qué esta planta sí puede ser contaminante

Quien lea el comunicado de TSINGSHAN podrá creer que aquí sólo hay un “malentendido” sobre la situación migratoria de técnicos extranjeros. Pero el problema de fondo es otro:

1. Sustancias peligrosas
   • La soda cáustica y el ácido clorhídrico son corrosivos. Un derrame mal manejado quema piel, ojos, vías respiratorias y destruye tejidos.
   • Las líneas de cloro gaseoso son mucho más críticas: una fuga puede generar nubes altamente tóxicas sobre zonas urbanas.
2. Efluentes y salmueras residuales
   • Se generan aguas con alta salinidad, cambios extremos de pH y posibles trazas de otros contaminantes.
   • Si no hay tratamiento estricto, esos efluentes pueden salinizar suelos, afectar napas y cursos de agua.
3. Consumo de agua en una región tensionada
   • La producción cloro–álcali requiere agua de calidad y en volumen significativo.
   • En una provincia donde el agua ya es un recurso crítico, ocultar este dato es, como mínimo, irresponsable.
4. Riesgo de accidente tecnológico
   • Este tipo de planta exige monitoreo continuo de aire y agua, planes de contingencia, simulacros periódicos con bomberos, defensa civil y hospitales, sistemas de alarma temprana y protocolos claros ante cualquier fuga.

Decir que “todo está bajo control” sin mostrar un solo documento técnico, sin poner a disposición pública un Estudio de Impacto Ambiental, es pedirle a la sociedad un acto de fe que nadie está obligado a conceder.

Qué dicen la Constitución y las leyes (y qué no se está cumpliendo en los hechos)

La Constitución Nacional (art. 41) y la Constitución de Jujuy son claras:

• Toda persona tiene derecho a un ambiente sano.
• La actividad productiva debe ser sustentable.
• El Estado debe prevenir, controlar y sancionar cualquier acción que afecte gravemente el ambiente.

La Ley General del Ambiente 25.675 agrega dos obligaciones ineludibles:

1. Principio precautorio: cuando hay riesgo serio o irreversible, la falta de certeza absoluta no habilita a mirar para otro lado.
2. Participación ciudadana: proyectos de alto impacto deben someterse a estudio de impacto ambiental y a instancias reales de participación vecinal.

En Jujuy, la legislación ambiental provincial y la propia Constitución refuerzan ese mandato:

• Todo proyecto de riesgo alto debe contar con Declaración de Impacto Ambiental.
• Deben habilitarse audiencias públicas o mecanismos claros de consulta previa.

Pregunta obvia que la empresa y las autoridades aún no respondieron a la comunidad de Perico:

¿Cuándo se hizo la audiencia pública específica para debatir la instalación de una planta química cloro–álcali dentro del ejido de la ciudad?

Si nadie puede mostrar ese acto participativo, hay un déficit democrático y ambiental aunque el expediente administrativo esté prolijamente foliado.

El municipio y el Concejo Deliberante: ¿renuncia al poder de policía?

La planta está dentro del ejido municipal de Perico. Eso no es un detalle geográfico:
significa que el municipio y el Concejo Deliberante sí tienen responsabilidades concretas:

• Definir y controlar el uso del suelo industrial.
• Otorgar o denegar habilitaciones.
• Regular impactos urbanos: tránsito pesado, ruidos, olores, riesgos para barrios cercanos.
• Exigir planes de emergencia y coordinación con bomberos, hospitales y defensa civil.

Si el municipio se limita a aplaudir “la inversión” mientras mira para otro lado ante los riesgos, está abdicando de su poder de policía y del deber constitucional de proteger a sus vecinos.

La pregunta política es directa:

¿Quién decidió que Perico debía alojar una planta de alto riesgo sin un debate público serio, informado y transparente?

Un Ministerio de Ambiente más cerca de la inversión que del principio precautorio

El Ministerio de Ambiente de Jujuy debería ser el primero en hablar, con papeles en la mano:

• Estudio de Impacto Ambiental completo.
• Matrices de riesgo.
• Caudales de agua autorizados.
• Plan de tratamiento de efluentes.
• Programa de monitoreo continuo independiente.

En cambio, lo que tenemos es silencio oficial y un comunicado empresarial que se concentra en limpiar la imagen de la firma en temas migratorios, mientras deja sin respuesta todas las preguntas ambientales y de seguridad.

Legalidad no es solo tener un expediente firmado;
la legitimidad social se construye con información, participación y control real, no con gacetillas.

Personal chino: ni xenofobia ni fe ciega

El comunicado de TSINGSHAN enfatiza que sus técnicos chinos están en regla, con situación migratoria y laboral regularizada. Ojalá sea así. Pero:

• Las residencias por trabajo, la inscripción en AFIP y el cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo no se “aclaran” por comunicado.
• Se corroboran con información pública de Migraciones y de la Secretaría de Trabajo.

Hasta que esos organismos no publiquen algo más que silencio, la discusión sigue siendo una cuestión de creerle o no a la empresa, cuando lo sano sería pasar del plano de la fe al de la verificación.

La sociedad de Perico no necesita un debate cargado de xenofobia ni cacería de brujas:
necesita controles serios y parejos para todos, argentinos y extranjeros, en una industria que es objetivamente riesgosa.

Qué debería estar discutiendo hoy Perico

Mientras la empresa discute en los medios si sus técnicos están “en regla”,
la agenda de la ciudad debería estar en otro lado:

1. Estudio de Impacto Ambiental completo y público de la planta cloro–álcali.
2. Audiencia pública real en Perico, con participación de vecinos, universidades, técnicos independientes y organizaciones sociales.
3. Monitoreo permanente de agua, aire y efluentes, con informes periódicos abiertos a la comunidad.
4. Planes de emergencia y simulacros integrados con bomberos, hospital y defensa civil.
5. Información oficial sobre la situación laboral y migratoria de todo el personal extranjero.

Hasta que esas respuestas no estén arriba de la mesa, TSINGSHAN seguirá siendo, para Perico, menos una “oportunidad industrial” y más una caja negra química plantada a metros de la ciudad, legitimada por el silencio de quienes deberían controlar y por comunicados que contestan lo que nadie preguntó, pero esquivan lo que la ciudadanía tiene derecho a saber.