La reforma Funes de Rioja: tope a las indemnizaciones, leyes tercerizadas y un país escrito por los estudios de abogados

La foto de la reforma laboral que se viene no es la de un Congreso debatiendo a cielo abierto el futuro del trabajo en la Argentina.
La foto real es mucho más cruda: un estudio jurídico empresarial redactando el borrador, un Gobierno que terceriza su plan económico y gobernadores que levantan la mano a cambio de fondos frescos.

El nombre propio es conocido: Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA, histórico abogado de las cámaras patronales. Según trascendió, sus dos hijos están trabajando en el texto de la reforma laboral. La pieza central es clara y brutal en su simpleza:

poner un tope a las indemnizaciones por despido para las nuevas contrataciones.

Nada de “revolución del empleo”, nada de “blanqueo masivo”:
el objetivo real es abaratar el despido.

La trampa del discurso: se achica el derecho, no se multiplica el empleo

Los defensores de la reforma repiten el libreto:
“Con estas leyes no se puede contratar”, “el régimen actual espanta inversiones”, “las indemnizaciones son una espada de Damocles”.

Pero los datos desmienten ese relato:

• Con las mismas leyes laborales que hoy se quieren demoler,
  • en 2011 se crearon más de 260.000 empleos registrados,
  • en 2020 también hubo expansión del empleo formal en determinados segmentos.
• Con el mismo marco jurídico, pero con este modelo económico, desde que asumió Javier Milei se perdieron alrededor de 140.000 puestos de trabajo registrados.

No es la legislación la que destruye empleo.
Es la recesión deliberada, el ajuste feroz, la caída del consumo y la apertura importadora.

La reforma Funes de Rioja no viene a resolver eso.
Viene a convertir los despidos en un costo previsible y más barato para las empresas. Nada más, y nada menos.

Tope a las indemnizaciones: el corazón oculto de la reforma

El esquema que se cocina es el siguiente:

• Solo rige para nuevos contratos (para no chocar de frente con la Corte Suprema).
• Se fija un tope a las indemnizaciones (por ejemplo, X meses máximos, más allá de la antigüedad).
• Se presenta como “previsibilidad”, “seguridad jurídica”, “fomento de la contratación”.

En la práctica, el mensaje al empresariado es transparente:

“Despida tranquilo: sabe cuánto le va a costar.”

El trabajador entra al mercado con un derecho recortado de origen.
La relación de fuerzas se inclina aún más: el miedo al despido barato disciplinará la negociación salarial, la organización gremial y cualquier reclamo.

Se consuma así un viejo anhelo de las patronales: desenganchar el riesgo empresario de su responsabilidad social.
Si el modelo fracasa, el costo no es reconfigurar la estrategia; el costo es despedir más y más barato.

Gobernadores y caja: la política como furgón de cola de los estudios

El otro capítulo de esta historia se escribe en el Senado y en las provincias.

La hoja de ruta es clara:

1. Primero presupuesto y refinanciación de deudas provinciales.
   • Nación refinancia pasivos, abre el grifo de ATN, negocia permisos para endeudarse.
   • Los gobernadores respiran y alinean a sus senadores.
2. Luego la reforma laboral con tope indemnizatorio.
   • Se vota no por convicción sino por necesidad de caja.
   • Se sacrifica derecho laboral a cambio de liquidez fiscal.
3. En paralelo, la reforma tributaria de “IVA dual” y eliminación de Ingresos Brutos.
   • Diseño también tercerizado en otro estudio (Edelstein).
   • Se reconfigura el mapa fiscal, se disciplina aún más a las provincias.

El patrón se repite:

La arquitectura legal del plan económico no nace en el Ministerio de Economía ni en el Congreso; nace en estudios jurídicos que representan intereses privados muy concretos.

La política dejó de escribir sus propias leyes.
La Casa Rosada terceriza el lápiz; los gobernadores alquilan la firma.
La democracia representativa se vacía de contenido cuando los textos que definen la vida del trabajador se pulen en despachos corporativos.

“Modernización” para unos, intemperie para otros

Lo más grave no es solo el tope indemnizatorio.
Lo verdaderamente peligroso es el modelo de país que se consolida:

• Un Estado que renuncia a regular en favor del más débil.
• Un sistema donde los derechos laborales se transforman en “rigideces” a eliminar.
• Una negociación política donde el trabajo es la moneda de cambio para que cierren las cuentas fiscales.

Mientras tanto:

• La informalidad supera holgadamente el 40%,
• los salarios reales se desploman,
• las pymes se ahogan por recesión y tasas,
• y la pobreza se convierte en paisaje estructural.

Frente a esta realidad, la respuesta del establishment es quirúrgica:
no proponen un plan serio de desarrollo productivo, crédito a pymes, tecnología, formación laboral,
sino un abaratamiento del despido escrito a medida de las grandes patronales.

El riesgo histórico: la “reforma Funes de Rioja” como punto de quiebre

Si esta reforma se aprueba tal como la diseñan los estudios de abogados:

• No habrá lluvia de inversiones por arte de magia.
• No habrá, automáticamente, “empleo de calidad”.
• Lo que sí habrá es un nuevo piso más bajo de protección para millones de trabajadoras y trabajadores.

Argentina ya conoce este camino:
cada vez que se flexibilizaron derechos no llegó la prosperidad prometida,
pero sí aumentaron la precariedad, la rotación y la desprotección social.

La diferencia hoy es que el proceso es más desnudo:
los nombres de quienes redactan las leyes son públicos,
las cámaras que los financian también,
y los gobernadores que eligen mirar para otro lado a cambio de recursos quedarán registrados en el voto.

Un dato político que no debe pasarse por alto

Hay un detalle que resume esta etapa:

Las futuras reglas del trabajo en Argentina no están siendo discutidas entre trabajadores, sindicatos, universidades, pymes y Estado.
Están siendo negociadas entre el Gobierno, los estudios de grandes empresarios y un puñado de gobernadores urgidos de caja.

Esa es la foto.
Esa es la verdad incómoda detrás de la palabra “reforma”.

El desafío para la sociedad, para el movimiento obrero, para las pymes y para cualquier fuerza política que todavía crea en un proyecto nacional, es desnudar este proceso y disputar el contenido de las leyes antes de que sean un hecho consumado.

Porque si el trabajo se escribe desde los escritorios de las patronales,
el futuro también queda en manos ajenas.