La reforma impositiva, otra de las promesas postergadas por la urgencia electoral

 La reforma impositiva, otra de las promesas postergadas por la urgencia electoral

Urgente24.com || Aunque falte un año para los comicios, la agenda preelectoral subió al primer plano en el gobierno de Mauricio Macri y la chequera mató a las ideas: se confirmó que la reforma impositiva para aliviar la carga tributaria tendrá que esperar diagnóstico y se digirió a muy entrado 2017, que la promesa de bajar retenciones a la soja pasó de largo y que con ganancias se acordó un paliativo y que lo que haya en caja activará obra pública. La meta de la pobreza 0 larga ahora desde 0.

Quienes concurrieron al 6º Seminario Fiscal para Latinoamérica y el Caribe de la OCDE se enteraron por boca del subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el cordobés Nadín Argañaraz, que “la reforma impositiva está en etapa de diagnóstico” y que «ningún cambio puede restar financiamiento en este momento».

Entre las aclaraciones que hizo el funcionario estiró los plazos: “el Poder Ejecutivo tiene un año para presentar un proyecto de reforma a la Comisión Bicameral que creó la Ley de Sinceramiento, y que en ámbito del Ministerio se creó la respectiva Comisión Ad-hoc de Reforma Tributaria (CART), que es la que está haciendo el diagnóstico”.

Y en respuesta a la recomendación recibida de los funcionarios de la OCDE que plantearon que una reforma tributaria debe bajar los impuestos al trabajo y generalizar el impuesto a la renta con escalas más progresivas, les marco la cancha: «Ellos tienen su posición, pero nosotros estamos haciendo nuestro propio diagnóstico». Lo publicó perdido El Cronista y hoy cobra actualidad, cuando el proyecto de Presupuesto Nacional enviado al Congreso no contiene ninguna de las promesas de campaña ni las que posteriormente hizo el gobierno nacional en los distintos foros que le tocó actuar: no habrá baja de 5 puntos en las retenciones para la soja, ni una modificación a fondo del impuesto a las ganancias, junto a bienes personales, sino el acuerdo por Ganancias que cerraron el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca con las cúpulas sindicales, cuyo costo será de unos $ 30.000 millones por año.

Ya con la reforma realizada a las escalas se les había reintegrado a los trabajadores $ 50.000 millones de ganancias. Y además les devolvió otros $ 15 mil millones por asignaciones familiares.

Para el financiamiento de las obras sociales, Macri les giró $ 2.700 millones en efectivo para solventar el déficit y les entregó bonos por $ 27 mil millones para saldar la deuda total. El jefe del Gabinete, Marcos Peña, marcó también los nuevos tiempos del impuesto a las ganancias que reclaman las CGT´s.

«Sin dudas este año se tiene que sancionar una ley para modificar las escalas el año que viene», dio refiriéndose a la cuarta categoría. De sus palabras se desprende que el nuevo régimen se pasó para 2017.

Argañaraz fue taxativo: «Lo que está claro es que el compromiso de cuidar la baja de la inflación (al 15% anual fijado como meta para 2017) no se va a alterar y el camino del 4,8 % de déficit lo vamos a cumplir”.

La pobreza cero arranca de cero

El blanqueo estadístico de la pobreza que hizo el nuevo INdEC fue aprovechado por el presidente Mauricio Macri para convertirlo en un hecho político que establece un nuevo punto de partida ir en pos del objetivo de pobreza cero sobre el que pivoteó su campaña electoral. Aunque pidió ser evaluado desde este momento, la realidad es que en su corta gestión le agregó 11 puntos a la pobreza heredada del kirchnerismo, para situar en ella a 1 de cada 3 argentinos y 1 de cada 2 niños.

Hasta las elecciones legislativas del año próximo será la chequera electoral la que prevalezca por sobre cualquier reforma estructural, entre las que se incluyen los estímulos a la agricultura, los subsidios que demanda el cuadro tarifario energético actual fue compensado con la postergación del recorte del 5% en las retenciones a la soja, que liberó unos $ 16.000 millones, aunque una parte se destina a paliar algunas crisis rurales.

Podría haber alguna excepción con la oleaginosa de cara a la nueva campaña 2016/2017, queda a considerar si se bajan las retenciones a la soja del 30 al 25% para los productores del Norte, que tienen fletes de 1.000 kilómetros a los puertos de Rosario. Lo mismo para sus colegas del Litoral, que sufrieron fuertes pérdidas por el temporal de abril pasado.

Sin embargo, hablar de bajar las retenciones agropecuarias justo cuando se quiere poner la inflación bajo control resulta complejo, tanto por la importancia que tienen en la recaudación como por su indefectible impacto en los precios de los alimentos.

En la misma línea que Macri planteó para empezar de cero con la pobreza, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, admitió que «se va a prorrogar un poco» el proceso de disminución de las retenciones a la soja. Pidió «comprensión» a los productores sojeros y les aseguró que «la voluntad del gobierno de ir a retenciones cero está demostrada». Queda como “a cuenta” la transferencia de ingresos que le hizo el gobierno de Macri al sector agrícola cuando redujo las retenciones a las exportaciones agropecuarias (en el caso del maíz y el trigo las quitó) y eliminó las retenciones a la actividad minera.

Reformas para más adelante

Hoy parece Argentina año verde plantear la eliminación progresiva del impuesto a los bienes personales, que en pocos meses profundizó la regresividad de la estructura heredada. La idea ha sido que, tras la ley de blanqueo, pagarán ese impuesto en 2016 quienes tengan un patrimonio superior a $ 800.000 y con una alícuota de 0,75% sobre la diferencia entre ese piso y el patrimonio total. En 2017, esa escala cambiará a $ 900.000 y 0,50% y, a partir de 2018, será $ 1.050.000 y 0,25%.

Por otro flanco, la devolución del IVA a sectores de bajos ingresos es una medida progresiva, aunque con un universo beneficiario muy acotado y un tope de $300 que no resulta significativa en el agregado.

La billetera social también está escuálida, tanto por las demandas legítimas de los necesitados como por la acción de sus dirigentes para ganar protagonismo en el reparto. Si bien el Ministerio de Desarrollo Social maneja un abultado presupuesto de $ 120.000 millones, buena parte va a parar a lass redes de distribución que vienen de la época de la crisis del 2001.

Del presupuesto en adelante, el realismo que se gesta tiene poco de mágico. La chequera preelectoral va hacia lo que indica el manual: obra pública (donde apenas se ejecutó el 20% de lo presupuestado, según números de la oposición), clientelismo, subsidios y apuntalamiento de algunas provincias.

Macri tiene en juego en las urnas de 2017 su gobernabilidad y la credibilidad internacional que le permita encarar reformas. Los propios potenciales inversores le cantaron loas al mandatario en Davos, mini Davos, G-20 y Naciones Unidas, pero le soplaron al oído que para decidir inversiones estaban pendientes de si el gobierno ampliaría la base de poder o trasladaría las sevicias, como ocurrió este año.

El estudio de arquitectura electoral que mira Macri le puso como meta para los comicios venideros ganar aunque sea una banca en el Congreso para mostrar como un triunfo. Será una mano más para levantar, pero si los porcentajes a nivel nacional le dan en contra a mitad del mandato se convertirá en el quinto presidente que desde 1983 encara como perdedor la segunda mitad de su gobierno, como Cristina en 2009, Menem en 1997, De la Rúa en 2001 y Alfonsín en 1987, aunque en un período de 6 años.

Salvo en el caso de Cristina Kirchner, que ganó la reelección en 2011 inmediatamente después del golpe emocional que significó la muerte de su esposo, para los otros antecesores las derrotas fueron el anticipo del resultado de la presidencial siguiente.

Consciente de la parada que se juega dentro de 1 año, Macri disoció urgencias de convicciones. Por eso dijo en uno de los foros empresariales que “los argentinos no pueden pagar más impuestos. Pagan impuestos como casi ningún país del mundo con un Estado que les da muy pocas prestaciones a cambio, porque recién estamos poniendo el Estado en funcionamiento. Estaba colapsado”. Pero deja todo como estaba, ad referéndum del día después de las elecciones.

La realidad le marca que en el 2015 el Estado nacional recaudó casi $1.700 millones en impuestos, 26% del PBI, que llega a una presión tributaria del 32% si se toma la totalidad de impuestos de los distintos niveles de gobierno. Sólo Brasil lo supera en la región, con 33%, mientras en el comparativo mundial, los países desarrollados (OCDE) promedian el 34%, aunque Dinamarca, el país con mayor presión tributaria, se encuentra en torno del 49%.

Mirando hacia atrás, la presión tributaria ha ido variando a lo largo de la historia argentina. Con el retorno democrático en 1983, se ubicaba en torno al 12,5%, y durante la convertibilidad, en un 17%. Después de la crisis del 2001, tuvo un incremento significativo.

Y en el aquí y ahora, para el gobierno de Macri el punto de partida frente al año electoral en ciernes es la pesada mochila que le toca financiar con el 47% del PIB que le legó el kirchnerismo como participación del sector público en la economía. Basta compararla con Chile, que es del 26%, y México, del 28%, para tener una idea de la exigencia que significa.

Hoy no se alivia la carga tributaria, mañana sí

Hace apenas dos semanas, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, respondió al constante reclamo, en especial, de las Pymes. “Trabajamos en una reforma impositiva integral para aliviar la carga tributaria. Hay impuestos que no tienen razón de ser”, dijo en una de las salas de ensayo del Centro Cultural Kirchner, en el marco del Foro de Inversiones.

“El impuesto al cheque -enfatizó-. No tiene razón de ser que en un país donde se pelea para bancarizar la economía se le cobre un impuesto al que opera con cheques”. Pero todo seguirá estando como hasta ahora.

Pero dio esperanzas de que alguna vez será, porque «se está empezando a dialogar con los sindicatos y en el Congreso, en el marco de una necesidad de reformar íntegramente el sistema impositivo en la Argentina para que sea menos regresivo».

Otras gabelas siderales que desvelan a los empresarios son las que gravan a los alimentos (43%), automotores (45%), internos (80%), exacciones que se convierten en sobreprecios.

Es cierto que tampoco deja demasiado margen de acción para una armónica redistribución de las cargas la tasa de evasión, hace años consolidada en el 40%. Si bien en los países desarrollados promedia el 10%, también es inferior en aquellos de desarrollo intermedio (20%/30%).

Desde la Casa Rosada se promueve una amplia reforma en diversos impuestos, como el régimen de ganancias para autónomos, bienes personales, monotributo, y el impuesto a la ganancia mínima presunta. «El objetivo es bajar la presión tributaria para recaudar más y mejor pero por vía de una reactivación de la economía», plantean, pero habrá que esperar.

Una modificación integral de la estructura fiscal, que tenga presente el criterio de equidad, debería abogar por reducir la carga de impuestos al consumo fuertemente regresivos como el IVA. Esta tasa, que fue incrementada significativamente durante los ’90, es un tributo coparticipable (se distribuye de manera automática entre las provincias), por lo cual su disminución suele ser resistida por los gobernadores. Algo parecido sucede cuando se toca ganancias.

Debido a la estructura concentrada de gran parte de la economía de nuestro país, ampliar los mecanismos de devolución del IVA vía tarjeta a los sectores más vulnerables (como recientemente se ha implementado) parece ser una buena opción para paliar las distorsiones que este impuesto general.

Resulta imprescindible aumentar el peso de los tributos al patrimonio, algo contrario a la reciente reforma del impuesto a los bienes personales impulsada por el gobierno nacional. Recuperar el gravamen a la transmisión gratuita de bienes (herencia) abolido por José Martínez de Hoz, es una medida que podría contribuir a alcanzar este objetivo.

Gravar la renta financiera y reformular el impuesto a las ganancias de modo tal que recaiga sobre todo en los individuos de mayores ingresos, son otras alternativas tendientes a dar mayor progresividad al sistema.

El Frente Renovador tiene el copyright de ese proyecto fiscal.

Más de un tercio de la estructura impositiva (34%) se basa en gravámenes altamente regresivos como los impuestos al consumo, entre los que se cuentan básicamente el IVA, internos, combustibles, etc. Todos ellos son trasladables directamente al consumidor y afectan en mayor proporción a los sectores de menores recursos, que son quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo. Si a este grupo se le suma el impuesto al cheque, casi el 40% de la recaudación nacional se efectúa en base a tributos regresivos.

En el otro extremo se encuentran los impuestos progresivos, integrados por aquellos que gravan el patrimonio, como bienes personales y transferencia de inmuebles, que solo representan el 1,3% de la recaudación nacional, y apenas el 0,3% del PBI. Incluso incorporando los impuestos al patrimonio de otras jurisdicciones no se alcanza al 0,5% del producto. En contraposición, en los países de la OCDE estos tributos representan el 1,9%, casi 4 veces más.

Otros tributos progresivos como ganancias y retenciones a las exportaciones (que terminan operando como captación de rentas extraordinarias), representan el 27% de la recaudación total y aproximadamente el 7% del producto.

Por su parte, en los países desarrollados este tipo de tributos se ubican en torno al 11,7% del PBI, un 65% superior a los registrados en nuestro país.

Finalmente, los aportes y contribuciones a la seguridad social, que en el marco de la recuperación del sistema previsional durante el kirchnerismo y considerando los principios solidarios que lo rigen, podrían clasificarse como moderadamente progresivos, representan el 32% del total recaudado, alcanzando valores similares a nivel mundial.

En la región existen antecedentes de reformas impositivas que introdujeron mayor progresividad. Uruguay en 2006 y Chile en 2014 son algunos ejemplos, que se dieron durante el primer año del mandato presidencial y con mayorías legislativas. Los gobernantes de entonces se encuentran también en la actualidad en el poder: Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet.

Competitividad para cuando haya tiempo

Las inquietudes de los inversores de los sucesivos encuentros recientes sobre la competitividad, o sea, presión fiscal y costo laboral, para resumirla, deberán esperar. Precisamente en el marco del Foro Económico Mundial se trabajó en un Ranking de Competitividad Global, que sorprende a Argentina muy mal ubicada en el listado, en el puesto 104 sobre u total de 138 países relevados.

Entre los peores aspectos de la competitividad argentina, que determinan en gran parte el mal resultado del país en el ranking general, se hallan la efectividad del mercado de bienes (135), instituciones (130), entorno macroeconómico (130), mercado de trabajo (130) y mercado financiero (127).

En el índice de la efectividad del mercado de bienes, debajo de Argentina sólo quedan Mauritania, Chad y, en último lugar, Venezuela. Chile lidera la región, en el puesto 44. Uruguay se ubica en el 63, y Brasil en el 128.

Para ver el lado bueno, en algunos aspectos el país rankea mucho mejor, como en el tamaño del mercado (28), educación superior (40), o, por lo menos, en la mitad inferior de la tabla, como en salud y educación primaria (63) y tecnología (69).

En la región, se destaca Chile, que subió 2 puestos, convirtiéndose en la 33ª economía más competitiva del mundo. Panamá es uno de los mayores escaladores entre los cincuenta primeros, subiendo ocho puestos, situándose en el 42. México subió seis puestos hasta el 51 y Brasil bajó seis puestos hasta el 81. Venezuela es la economía peor situada del índice ubicándose en el puesto 130.

Chile, Panamá y México son las economías más competitivas de Latinoamérica. Panamá y República Dominicana son los países que más subieron en el Informe Global de Competitividad.

Pero este material será para ir preparando con tiempo los escenarios, empezando por un diagnóstico, que Mario Quintana encargó a dos consultores (se habla de McKinsey y Boston Consulting Group) un diagnóstico sobre competitividad.

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