“La SIDE con esteroides y el país en modo ‘scoring’: cuando la seguridad se vuelve excusa para mirar a todos”

Perico Noticias, 24 de enero del 2026 // La discusión no es “IA sí o no”, ni “seguridad sí o no”. La discusión real es quién tiene el poder de mirar, cruzar, perfilar y decidir, bajo qué reglas y con qué contrapesos. Y hoy ese poder está creciendo.

Qué cambia: un Estado que integra datos como nunca

El DNU/Decreto 941/2025 reformula piezas del sistema de inteligencia y empuja un modelo de integración interinstitucional. Se crean/fortalecen comunidades de intercambio (CITN/CIFN) bajo conducción de la SIDE, incorporando organismos con información altamente sensible: RENAPER, Migraciones, UIF, Aduana, áreas de ciberseguridad, entre otros.

En el texto aparecen cláusulas de “no persecución” por opiniones o pertenencias (partidarias, sindicales, culturales, etc.). Eso es importante… pero en la práctica vale solo si existen auditorías, trazabilidad y sanciones reales cuando se viola.

Y aparece otro punto clave: el decreto menciona que la captación/interceptación de comunicaciones requiere orden judicial. Pero el conflicto público se enciende porque distintos análisis periodísticos y jurídicos advierten que el rediseño expande márgenes operativos, tensiona controles y abre zonas grises sobre acceso a datos y actuaciones “de campo”, lo que disparó cuestionamientos y presentaciones judiciales.

El problema de fondo: “gobierno por scoring”

Cuando el Estado integra padrones, movimientos, consumos, vínculos, viajes, historiales y señales digitales, aparece una forma de poder silenciosa: el scoring.
No hace falta prohibir nada: alcanza con clasificar. “Riesgoso”, “sospechoso”, “agitador”, “potencial amenaza”, “prioridad baja”. Y desde ahí, el ciudadano no discute con una persona: discute con una etiqueta.

Esto cambia la política: del debate público a la administración de poblaciones. Y la libertad termina siendo marketing si la ciudadanía vive bajo la sensación de “me están mirando”.

“Palantir” como metáfora: cuando se terceriza el poder de ver

Palantir se volvió símbolo global del software que integra bases, detecta patrones, predice conductas y se usa en ámbitos estatales sensibles (seguridad, defensa, migraciones), con controversias por vigilancia y derechos civiles.
No importa si el proveedor se llama Palantir u otro: el punto es el mismo. Si el Estado terceriza analítica y decisión, corre el riesgo de convertir políticas públicas en un tablero privado: opaco, caro y difícil de auditar.

¿Argentina copia el modelo extremo de EE.UU.?

Estados Unidos tiene una larga historia de arquitecturas de seguridad y control (agencias, “fusion centers”, contratistas tecnológicos, enforcement migratorio). En ese espejo, el riesgo local es importar lo peor: la lógica de enemigo interno y el “orden” como excusa para gobernar datos.
La pregunta para una democracia no es si puede hacerlo: es si debe, y con qué frenos.

El NOA en la mira: desarrollo o disciplinamiento

En territorios frágiles —donde el empleo formal es bajo y la protesta es termómetro social— la línea entre seguridad y disciplinamiento se vuelve finita.
Con esta caja de herramientas, el NOA puede tener dos caminos:

• Camino productivo: datos para salud, seguridad vial, turismo, prevención real, logística, fraude verdadero, crimen organizado.
• Camino tóxico: datos para perfilar opositores, “administrar” pobreza, anticipar protestas y enfriar ciudadanía.

La diferencia no es tecnológica: es política y de control institucional.

Lo mínimo exigible (si esto va a existir)

Si el Gobierno insiste en este modelo, hay un paquete básico de gobernanza que debería ser innegociable:

1. Trazabilidad y auditoría externa (logs, accesos, motivo, funcionario responsable).
2. Transparencia periódica: cuántos pedidos, qué tipo, cuántos rechazó la Justicia.
3. Control parlamentario real y sanciones efectivas.
4. Prohibición operativa de perfilar por ideas, militancia o actividad lícita, con mecanismos de denuncia y reparación.
5. Límites claros a tercerizaciones: sin “cajas negras” que nadie pueda auditar.

Porque si no, el resultado es simple: una democracia donde el ciudadano se autocensura y donde la política deja de convencer para empezar a clasificar.