La trampa fiscal de los gobernadores: ajuste sí, pero ajeno

Mientras el presidente Javier Milei blande la motosierra con ferocidad quirúrgica sobre el Estado nacional, los gobernadores provinciales buscan blindarse detrás de una ingeniería legal desesperada para garantizarse la supervivencia fiscal a cualquier costo político. Bajo la excusa de haber “ajustado lo suficiente”, impulsan proyectos en el Congreso —con el apoyo de todos los bloques menos La Libertad Avanza— para obligar a la Nación a repartir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, como si no hubiera ya una realidad presupuestaria publicada y oficial donde esos envíos se vienen cumpliendo según los acuerdos.

La hipocresía salta a la vista. Los mandatarios provinciales dicen haber hecho “ajustes”, pero evitan el recorte de personal público, el corazón mismo del gasto estructural. Llaman “ajuste” a la ausencia de obra pública nacional, a la caída de transferencias automáticas y discrecionales, al congelamiento del FONID y otros subsidios educativos que antes financiaba la Casa Rosada. Pero no han tocado ni por asomo la estructura clientelar que durante décadas construyeron, anidada en los municipios y gobernaciones.

En este escenario de disputa institucional, Jujuy ilustra el drama con precisión quirúrgica. Nuestra provincia tiene uno de los niveles de Ingresos Brutos más altos del país, lo que ahoga al sector privado, desalienta la inversión y empuja a miles de jujeños a buscar refugio en el empleo público o migrar. El desequilibrio entre lo que genera el sector privado y lo que consume el Estado es insostenible. Mientras tanto, los intendentes y el gobierno provincial insisten en sostener estructuras que ofrecen cada vez menos servicios, pero demandan cada vez más recursos.

El reclamo de Milei puede sonar brutal, pero es consistente: si la Nación ajusta, que también lo hagan las provincias. El federalismo no puede ser sólo una bandera de reparto de caja, sin responsabilidad ni modernización del gasto. El Estado no puede seguir funcionando como una máquina de consumo político, alimentada por impuestos confiscatorios y subsidios cruzados.

¿Por qué una PyME jujeña debe sostener con sus tributos un aparato político que no se achica? ¿Por qué el emprendedor que genera valor debe pagar más IIBB que una petrolera en Neuquén? El verdadero federalismo no es pedir plata, sino hacerse cargo de las cuentas, optimizar recursos, liberar a la economía de sus cepos internos y darle oxígeno al ciudadano que produce.

Hoy los gobernadores no piden ayuda: exigen impunidad fiscal. Quieren seguir gobernando sin costos, sin transformaciones, sin enfrentar las consecuencias de décadas de adormecimiento institucional. Quieren que el ajuste lo pague otro, mientras ellos simulan gobernar. El problema no es la motosierra: es que no quieren soltar la motosierra propia.

El verdadero debate que se abre es quién está dispuesto a desarmar el Leviatán provincial. Porque si las provincias no se reinventan, el ajuste eterno llegará igual, por las malas: sin obra pública, sin recaudación, sin empleo privado y con la gente votando con los pies.