La UIA tras media sanción del Aporte Solidario, ofrece sugerencias al senado

 La UIA tras media sanción del Aporte Solidario, ofrece sugerencias al senado

El proyecto de ley del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a
morigerar los efectos de la pandemia” incrementa los problemas que
impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector
productivo. El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza
a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un
contexto de emergencia social, sanitaria y económica.

Fundamentalmente, esto se debe a que el proyecto no diferencia entre el
patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y
activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos
financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas
deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte.


Argentina está transitando esta pandemia con una inercia que combina
aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída
del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la
recaudación. Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a
partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización
de la economía.

Actualmente, el sector formal de la economía soporta el incremento de la
carga impositiva a costa de una economía informal que le quita
recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta
la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada
vez más competitividad y espacio en los mercados externos. El sistema
tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la
generación de empleo. El proyecto en cuestión va en sentido contrario.

La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso
para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae
sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de
2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es
una caída de -11% en el período mencionado. Esto tiene su contrapartida en
términos de empleo, el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018.

En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82
millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el
mismo mes de 2015.


Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la
inversión, indispensables para recuperar el crecimiento. La tasa de inversión en relación con el PIB es una de las más bajas en términos históricos, con 13,2% en el período pre-pandemia, en el primer trimestre de 2020.

Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro
país (con una relación entre crédito y PIB de solo el 9,7%) hace que
mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de
sus accionistas para invertir.

La situación que vive el país requiere generar confianza en nuestra
economía, promover la inversión, disminuir la brecha cambiaria a partir del
ahorro en moneda nacional y recuperar reservas. El acuerdo reciente por la
deuda es un paso importante en esta dirección y es necesario fortalecer ese
camino.


Debido a los problemas antes mencionados, es clave no afectar aún más
el sector productivo y subsanar los problemas del proyecto actual
Para ello se plantea:

  1. Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones
    en activos productivos.
  2. Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante
    un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo
    de un año.
  3. Incorporar las mismas exenciones que las que presenta el
    impuesto a los bienes personales, agregando la exención a
    Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no
    afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que
    acaban de atravesar un proceso de renegociación)
  4. Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas
    para evitar tratamientos desiguales.
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