“Las Karinas de Perico 3% – Concejales e Intendente: cárcel ya”

La muerte de ‘Jujuy Crece’ comenzó en Perico

El escándalo que sacude a la provincia no tiene precedentes en la historia política reciente de Jujuy. Audios difundidos y presentados en la justicia penal revelan confesiones de concejales que reconocen el supuesto cobro de coimas millonarias a cambio de aprobar la instalación de un centro comercial. Las cifras indignan: 45.000 dólares para cada concejal y sumas aún mayores destinadas al intendente en una operatoria directamente vinculada con el empresario adjudicatario.

Lo que para algunos podía ser apenas un rumor político, hoy tiene un peso jurídico inapelable: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. La transparencia quedó en ruinas y la corrupción quedó expuesta como crimen organizado institucionalizado.

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Un pueblo de pie contra el saqueo institucional

El lunes, en conferencia de prensa, el concejal Walter Cardozo, aún convaleciente tras un atentado sufrido, acompañado por las concejales Anahí Juárez y Mónica Sánchez (destituida de forma inconstitucional por no plegarse al esquema de corrupción), darán cuenta al pueblo de lo que constituye, sin matices, un crimen político, económico y ético.

En palabras del propio Cardozo, se trata de una traición a la Carta Orgánica Municipal, a la Constitución de la Provincia de Jujuy y a la Constitución Nacional, pues se habrían regalado tierras públicas, exigido coimas y violado el principio de igualdad y transparencia en la contratación pública.

Marco jurídico: delitos configurados

La situación encuadra en varios tipos penales:

• Cohecho pasivo y activo (arts. 256 y 258 del Código Penal de la Nación): recibir o solicitar dádivas para favorecer a particulares en actos de gobierno.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 del Código Penal).
• Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal).
• Violación del art. 17 de la Constitución Nacional (protección de la propiedad pública), y del art. 45 de la Constitución de Jujuy, que consagra la transparencia en el manejo de los bienes del Estado.
• Invalidez de la licitación: cualquier proceso de contratación que nazca de la corrupción es nulo de nulidad absoluta, conforme a la doctrina constitucional y a la Ley de Procedimientos Administrativos de Jujuy.

En este marco, la detención inmediata de los funcionarios implicados no es una opción política, sino una obligación judicial.

El derrumbe de “Jujuy Crece”

El movimiento “Jujuy Crece” queda golpeado en su núcleo. ¿Cómo sostener un proyecto que se derrite en coimas, traiciones y atentados? Perico se ha convertido en espejo de la degradación institucional que el país entero condena en el plano nacional.

Así como hoy se cuestiona la “alta coimera” en el escenario federal, Perico muestra que la corrupción no distingue niveles de gobierno. El pueblo ya no tolera la mentira ni el enriquecimiento ilícito de quienes juraron servirlo.

Exigencia política y social

El clamor popular es uno solo: cárcel ya para los responsables. No se trata de una disputa partidaria, sino de una cuestión de dignidad colectiva. La justicia debe actuar con celeridad, el Poder Ejecutivo debe intervenir sin dilación, y el pueblo debe sostener la movilización ciudadana para garantizar que este caso no quede en la impunidad.

El mensaje es claro: caiga quien caiga, la corrupción no puede ser el destino de Jujuy. Lo que comenzó en Perico debe ser el punto de inflexión para todo un pueblo que se niega a seguir siendo cómplice por silencio.