Nota periodística para Perico Noticias // En una escena que remite más a los años de plomo que a la Argentina democrática del siglo XXI, el municipio de Libertador General San Martín ordenó el desalojo violento de históricos feriantes de la tradicional Feria Teodocio López, profundizando una crisis social que ya desgarra el tejido de la economía popular en el corazón del Ramal jujeño. A través de un operativo represivo que incluyó a personal municipal y fuerzas policiales, se removieron por la fuerza a más de 60 familias que sobrevivían dignamente con su trabajo honrado, vendiendo frutas, verduras y productos de uso diario. ¿El delito? No querer desaparecer del único espacio que les garantizaba ingresos estables.

El escándalo no termina en la represión. Mientras los feriantes se organizan en resistencia pacífica y juntan firmas para exigir su restitución laboral, el municipio –conducido por el intendente Oscar Jayat– se declaró días atrás en “estado de emergencia económica”. Y aquí estalla el sentido común: ¿cómo puede gastar recursos en operativos de desalojo masivo si no tiene fondos para asistir a los trabajadores? ¿Cuál es la prioridad real de un gobierno que paga policías para perseguir a changarines, pero no para proteger a las víctimas de inseguridad o a los adolescentes secuestrados, como denunció Jacqueline Bolívar, una de las damnificadas?
Jacqueline habló con Perico Noticias desde la primera línea de la resistencia, tras haber sido empujada, internada con una crisis nerviosa y hospitalizada por un coma diabético. La imagen duele: mujeres golpeadas, familias hostigadas, verduras podridas y niños con hambre bajo la lluvia. “Hace 23 años que estamos en esa feria. Hoy nos persiguen como delincuentes. ¿Qué cambió? ¿Acaso el intendente se olvidó que lo votamos para protegernos, no para arruinarnos la vida?”, denuncia entre lágrimas. Su historia es la de decenas de trabajadores informales que no piden subsidios, solo un espacio digno para trabajar.

El municipio cercó la feria, bloqueó los pasillos y envió personal a hostigar a quienes intentan armar sus puestos de forma precaria. La represión –documentada en videos que circulan por redes sociales– deja en evidencia una política local que optó por el garrote en lugar del diálogo. Mientras tanto, las declaraciones oficiales brillan por su ausencia. Ni una palabra de solidaridad. Ni una propuesta de reubicación razonable. Solo silencio institucional y violencia activa.
La pregunta que atraviesa toda esta tragedia es brutal: ¿cómo se explica que un municipio en emergencia financiera tenga recursos para financiar represión, pero no para proteger fuentes de trabajo genuinas? ¿Dónde está el sentido de justicia, de humanidad, de responsabilidad política?

El pueblo de Ledesma está mirando. Y el resto de Jujuy también. Lo que ocurre con los feriantes de la Feria Teodocio López no es un conflicto aislado: es un símbolo del desprecio de ciertos sectores del poder hacia la economía popular, hacia el esfuerzo cotidiano, hacia la dignidad que nace del trabajo y no de la prebenda.
Esta no es una nota más. Es un grito. Un llamado urgente a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los legisladores provinciales y nacionales: no puede haber silencio frente a esta injusticia. Hoy desalojan a los feriantes. Mañana puede ser cualquier otro. La democracia no se construye con palos y cercos. Se construye con empatía, con diálogo, con políticas que incluyan y no excluyan.
Los feriantes no son el problema. Son el ejemplo. Son la resistencia.