“Libertad educativa” o libertad de ajuste: lo que Milei quiere borrar de la educación argentina

Nota para Perico Noticias / Política

El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de una Ley de Libertad Educativa que busca derogar la Ley de Educación Nacional 26.206, vigente desde 2006, y reordenar todo el sistema de educación básica (inicial, primaria y secundaria).
En el papel suena grandilocuente: más libertad, más protagonismo de las familias, más autonomía escolar. En los hechos, el corazón del proyecto es otro: reducir obligaciones del Estado, abrir el negocio educativo y usar la palabra “libertad” como cortina de humo de un ajuste estructural.

El texto pone en primer lugar la “libertad educativa” y el “rol preferente de la familia”, mientras empuja al Estado a un rol “subsidiario”. La palabra “libertad” aparece 27 veces; “Estado”, 22. No es un detalle semántico: es el mapa ideológico de la reforma.

Entre los cambios concretos, el proyecto habilita la educación en el hogar (home schooling) como “forma alternativa de enseñanza”, junto con modalidades híbridas y a distancia, sin fijar una edad mínima. Los aprendizajes se acreditarían con exámenes periódicos.
En abstracto, diversificar formatos puede ser positivo. En la Argentina real, con brecha digital profunda, significa una “libertad” reservada para quienes ya tienen capital cultural, dispositivos, conectividad y tiempo adulto disponible. Para el resto, la escuela seguirá siendo la única oferta… pero más pobre.

La “autonomía institucional y pedagógica” aparece como otro eje. Cada escuela podría diseñar su propio plan de estudios, definir su régimen interno, seleccionar y proponer la contratación de docentes, administrar recursos y fijar criterios de admisión y disciplina. Para las estatales se prevé una “transición” hacia esquemas autónomos de gestión.
Bien leída, esta autonomía es un proceso de descentralización de responsabilidades sin garantías de recursos: si sale bien, mérito de la escuela; si sale mal, culpa del director y los docentes. El Estado, cómodo, mira desde la tribuna.

También se declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que obliga a garantizar una “continuidad mínima del servicio” ante medidas de fuerza.
Traducido: se limita de hecho la herramienta de paro docente en un contexto donde salarios y condiciones laborales ya están devastados. Libertad para evaluar y sancionar, menos libertad para reclamar.

Otro punto clave es el calendario escolar: el proyecto baja el piso a 540 horas anuales en inicial y 720 en primaria y secundaria, equivalentes a 180 días con jornadas más cortas, por debajo de las 760 y 900 horas acordadas en el Consejo Federal de Educación en 2024.
Es decir, “mejor calidad” con menos tiempo escolar. Una ecuación pedagógica que no cierra ni en el pizarrón.

Donde la lógica de ajuste se vuelve explícita es en el financiamiento. El proyecto elimina la meta de inversión del 6% del PBI en educación, reconocida en la normativa vigente, y redefine al Estado como actor “subsidiario”, con “igualdad de acceso al financiamiento público” para instituciones estatales y privadas.
Además, incorpora instrumentos como becas, vales educativos y créditos fiscales orientados a familias y alumnos: la famosa voucherización.

Aquí la pregunta es simple: ¿el Estado va a poner más recursos reales o va a dividir la misma torta en más platos, desplazando fondos desde la escuela pública hacia el sector privado urbano, más competitivo en rankings y evaluaciones? En un país desigual, los vouchers tienden a profundizar brechas: premian a quien ya está mejor posicionado y dejan a las escuelas de los márgenes peleando por las sobras.

El proyecto mantiene las pruebas Aprender pero las convierte en anuales y censales, habilitando la publicación de resultados por escuela.
La evaluación es necesaria; el problema es cuando se la usa sin red de apoyo para etiquetar, estigmatizar y justificar cierres o desfinanciación. Rankings sin política de fortalecimiento son el preludio de un mercado educativo salvaje, no de una mejora pedagógica seria.

En el capítulo docente, la estabilidad se ata al desempeño medido periódicamente, con directivos empoderados para proponer contrataciones, suspensiones y separaciones.
Nada que objetar al control de calidad, siempre que haya formación, acompañamiento y condiciones materiales dignas. Pero en contexto de salarios licuados, escuelas saturadas y doble jornada para llegar a fin de mes, exigir excelencia sin invertir se parece más a un mecanismo de disciplinamiento que a una política de mejora.

¿Qué significa todo esto para Jujuy y el NOA?
En una provincia con alta ruralidad, comunidades originarias, escuelas de montaña y del ramal que ya sostienen con lo justo el día a día, una educación básica con menos horas, sin meta de financiamiento y con Estado “subsidiario” es una invitación a la fragmentación. Donde hoy el Estado llega con dificultades, mañana puede directamente retirarse, dejando a familias y municipios librados al mercado de vales, fundaciones y ONG.

La educación intercultural, la educación especial –que el proyecto diluye bajo la etiqueta de “alumnos con necesidades específicas”– y la escuela como espacio de contención social quedan relegadas en nombre de una libertad escrita desde los escritorios porteños.

¿Es necesaria una reforma educativa? Sí.
¿Hay que discutir seriamente autonomía escolar, formatos flexibles, evaluación y tiempo de clase? También.
Pero nada de eso puede funcionar como corresponde si se parte de bajar horas, borrar la meta de inversión, licuar el rol del Estado y transfundir recursos hacia el sector privado sin un diagnóstico federal y un plan real de equidad territorial.

La llamada “Ley de Libertad Educativa” no es la revolución pedagógica que Argentina necesita; es, sobre todo, una reforma ideológica y fiscal que reescribe quién paga, quién decide y quién se hace cargo. La palabra libertad aparece en cada página. El presupuesto para sostenerla, todavía no.