Liliana Fellner: «Respetar las instituciones es necesario»
El 25 de Octubre pasado los jujeños y jujeñas consagramos una fórmula ganadora para gobernar nuestra provincia por los próximos cuatro años. Los que, desde entonces, somos circunstancialmente oposición debemos respetar y hacer respetar a rajatabla lo que la voluntad popular eligió; garantizando gobernabilidad, construyendo alternancia de cara al futuro y señalando aquellos equívocos de la administración que no aseguran el total respeto por las instituciones democráticas. Tanto aquí como en el orden nacional, somos millares los dirigentes, legisladores y ciudadanos de a pie que velaremos por las conquistas obtenidas y por el respeto a la institucionalidad.
A menos de una semana de la asunción de Gerardo Morales, nos vemos en la obligación de levantar la voz y expresar nuestra preocupación por el proyecto de ley remitido a la Legislatura que pretende ampliar el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 integrantes. Nos permitimos dudar de los motivos esgrimidos. Y si fuese realmente necesario: ¿por qué 9 y no 7? De la lectura minuciosa de los fundamentos del proyecto no se desprende razón alguna para sostener ese o cualquier otro número. ¿Es que acaso Morales busca contar con una mayoría automática?
No creemos que la morosidad judicial se revierta aumentando discrecionalmente el número de jueces. Por el contrario, esta tendencia marcha en dirección contraria a lo debatido hace casi diez años cuando el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.183 con el voto afirmativo del entonces Senador Morales. Nos comprometimos aquella vez con la independencia y la excelencia del Poder Judicial reduciendo la cantidad de miembros y adoptando el camino inverso al que ahora quiere tomar el Gobierno provincial.
Consideración similar es extensiva para quienes sostienen que a mayor número mayor pluralidad. Entendemos, por el contrario, que la garantía para la pluralidad y la independencia no radican en “el número” sino en la transparencia y en los métodos a la hora de seleccionar servidores públicos con responsabilidades tan significativas. Continúa vigente, como un faro radiante para cuestiones de esta naturaleza, el afamado decreto 222 promulgado por Néstor Kirchner en 2003. En el mismo, Kirchner se autolimitó; sometió la selección de los jueces de la Corte al escrutinio de la sociedad a través de audiencias públicas, períodos de impugnación y publicidad en medios de alcance nacional. Con este decreto, como nunca antes, Kirchner sentó posición en favor de los principios republicanos renegando de las componendas cupulares y brindando al pueblo aquella transparencia necesaria y requerida en la selección de los jueces de la Corte y en la actuación del Poder Judicial tan cuestionada hasta entonces.
El Poder Judicial no es un contrapoder ni una reserva iluminada sino un poder del Estado, un poder público más, compuesto por hombres y mujeres como cualquiera de nosotros. El Poder Judicial debe servir a la ciudadanía, a la administración de un servicio público en las mejores condiciones posibles. Debe prestar la escucha necesaria a todos, no interferir a otros poderes y mantenerse incólume ante las presiones corporativas provengan de donde provengan. Debe ser independiente tanto del poder político como del poder económico. Para el vértice de este poder las exigencias deben ser mayores y la selección lo más rigurosa posible. No se trata de aumentar por aumentar el número ni de colonizar políticamente las instituciones. Esta misma situación nos rememora al Gobierno del ex presidente Carlos Menem, cuando arbitrariamente dispuso aumentar de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y no es casualidad que hasta el día de hoy la doctrina recuerde a aquella Corte como “la Corte de Menem”.
Sin dudas, este no es el cambio que votó el pueblo de Jujuy. Esta pretensión del Gobernador, claramente, no responde a las prioridades de la sociedad jujeña ni a nuestros problemas cotidianos. Tampoco ha estado presente en su plataforma de campaña. ¿Será que estamos hablando de un deseo inconfesable? De cualquier modo, lamentamos que esta sea la agenda del nuevo Gobierno como también lamentamos que en el orden nacional pasen cosas parecidas.
Así como la democracia no le exige rendición incondicional al derrotado tampoco a una victoria la asiste una razón absoluta. Ni cheques en blanco ni patentes de corso. En este papel que nos ha asignado la voluntad popular, exigimos el respeto a las instituciones. Así como lo haremos en Jujuy, en el Congreso de la Nación velaremos por la continuidad jurídica del Estado de derecho, por los mandatos consagrados en la normativa vigente y por la defensa irrestricta a la libertad de expresión.
