Línea roja: sin coparticipación, Jujuy entra en “modo incendio”

Perico Noticias, 8 de enero del 2026 // La coparticipación no es un “beneficio”: es el oxígeno financiero que sostiene sueldos, salud, seguridad, escuelas y el funcionamiento mínimo de las ciudades. Cuando ese oxígeno llega tarde, llega a medias o se transforma en una moneda de negociación política, el sistema entero empieza a fallar. Lo que hoy asoma como “tensión técnica” en Buenos Aires es, en realidad, una señal de alarma federal: si el Estado nacional estira, recorta o dosifica recursos, las provincias quedan expuestas a una crisis de caja que termina inevitablemente en crisis social.

La Ciudad de Buenos Aires ya puso el tema sobre la mesa con una advertencia institucional fuerte: Jorge Macri no descartó volver a la Corte Suprema si fracasa la negociación por fondos que, según la propia discusión pública, se estarían girando de manera parcial y con demoras en el tramo de transferencias semanales. Esa pelea, aunque parezca “porteña”, funciona como termómetro: si a la Capital le discuten y le patean pagos, ¿qué queda para las provincias del Norte, donde cada peso que llega desde Nación no es margen, es supervivencia?

Jujuy es un caso de manual por dependencia estructural de recursos nacionales. No hace falta poesía: los números lo gritan. En un reporte institucional local, la masa de coparticipación mensual aparece varias veces por encima de la recaudación provincial (rentas), mostrando una asimetría que condiciona toda la autonomía real de la provincia. Si ese flujo se ralentiza —o si los fondos discrecionales se usan como palanca— la provincia no tiene “espalda” para sostener el mismo nivel de servicios, obra pública municipal y contención social.

Y el contexto nacional no ayuda: el conflicto por fondos viene acompañado por una discusión de fondo sobre qué se distribuye automáticamente y qué queda a criterio político. En 2025 ya se explicitó en el Congreso la disputa por los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), justamente porque son una caja sensible en tiempos de ajuste: cuando se corta la obra pública y se “enfrían” transferencias, las provincias quedan obligadas a mendigar o litigar. Traducido a gestión: el federalismo se convierte en un tablero de presión, y el costo lo paga el territorio, no los escritorios.

Ahora bien: Jujuy no puede seguir actuando como si el 2026 fuera “un año más”. Si el mensaje nacional es “no hay un peso extra”, entonces la provincia debe moverse con lógica de empresa en crisis: proteger caja, asegurar continuidad operativa y rearmar el modelo de ingresos. Eso exige dos decisiones simultáneas. Primera: un plan anticíclico provincial (aunque sea austero) para sostener municipios y servicios esenciales ante shocks de transferencias. Segunda: un plan productivo real, no declamativo, con objetivos medibles: empleo joven, valor agregado local, formalización inteligente, infraestructura logística priorizada y una política energética y minera que deje derrame verificable.

Porque el mayor riesgo político es éste: que se consolide un modelo expulsor. Si el Estado provincial queda reducido a administrar escasez —mientras la economía real no despega— los jóvenes vuelven a migrar, la informalidad se endurece y la provincia queda capturada entre dos trampas: dependencia fiscal y pobreza persistente. En términos de gobernanza, eso es perder capacidad de conducción. Y cuando la conducción se licúa, la calle toma el mando.

La línea roja, entonces, es clara: coparticipación cumplida en tiempo y forma o plan provincial de defensa. No hay tercera vía. Si el oficialismo y la oposición jujeña no salen de la comodidad del discurso y no arman un frente institucional serio —Legislatura, intendencias y sectores productivos— van a llegar tarde al único debate que importa: cómo evitar que el 2026 se transforme en un año de ruptura social por causas perfectamente previsibles. Y lo previsible, cuando se ignora, deja de ser error: pasa a ser responsabilidad.