Jujuy está ante una encrucijada histórica: más litio o más soberanía. Porque una cosa es atraer inversiones, y otra muy distinta es entregar el territorio con privilegios de excepción, mientras se tercerizan los costos ambientales, sociales y políticos.
La expansión vuelve a empujar fuerte: EXAR solicitó ingresar al RIGI para ampliar Cauchari-Olaroz y llevar su capacidad a 85.000 toneladas/año de carbonato de litio, incorporando tecnología de Extracción Directa (DLE). La noticia llega con el libreto habitual: “impacto productivo”, “empleo”, “modernización”. Pero la pregunta incómoda sigue intacta: ¿hay derrame real o hay extractivismo sofisticado?
RIGI: cuando la “seguridad jurídica” es para el capital, no para la gente
El RIGI no es un trámite: es un régimen de privilegios. Garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y fija, por ejemplo, una alícuota especial del 25% en Ganancias para los proyectos adheridos, entre otros incentivos.
En criollo: el Estado se ata las manos durante décadas para no “molestar” al inversor, aun si cambian las condiciones económicas, sociales o ambientales. ¿Y qué pasa del otro lado del mostrador? La provincia y los municipios quedan con infraestructura exigida, presión sobre servicios, conflictos territoriales y pasivos ambientales que nunca se pagan en el mismo acto.
Por eso, cuando se pide “avalar inversiones a cualquier costo”, hay que decirlo sin eufemismos: si el desarrollo requiere vasallaje, no es desarrollo; es subordinación.
Litio: la minería del agua y el dilema que nadie quiere discutir
El corazón del litio en salares no es el litio: es el agua. Los estudios técnicos y los informes socioambientales vienen advirtiendo sobre riesgo hídrico y fragilidad de estos ecosistemas altoandinos, donde el equilibrio entre agua dulce y salmuera es delicado y difícil de recomponer.
Incluso en el debate público ya se habla —con números comparativos— del peso del consumo de agua en proyectos como Olaroz.
La DLE se vende como “solución tecnológica” porque, en teoría, permite reinyectar salmueras y reducir parte del impacto. Pero “en teoría” no alcanza: requiere controles, trazabilidad, monitoreo independiente, energía disponible y auditorías con datos abiertos. Y, aun así, no elimina el dilema de fondo: ¿quién decide cuánto riesgo ambiental es aceptable en la Puna para sostener un negocio global?.
Perico y la planta química: la letra chica del “derrame”
Mientras se habla de litio como futuro, en Perico se instala la realidad material del modelo: una planta cloro–álcali vinculada a la cadena del litio para producir cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) e hidróxido de sodio (soda cáustica).
La provincia incluso otorgó factibilidad ambiental para el proyecto en el Parque Industrial de Perico.
Ahora bien: hablar de estas sustancias no es “anti inversión”, es responsabilidad básica. Son insumos industriales con riesgos que exigen estándares estrictos de seguridad, transporte y contingencias. Y lo más grave es que el debate público suele reducirse a comunicados y fotos de obra, cuando lo que corresponde es una conversación ciudadana seria sobre ubicación, riesgos, protocolos, control estatal real y participación social informada.
Consulta previa: no es un capricho, es Constitución y ley
En Argentina, los derechos de los pueblos indígenas no son decorado: la Constitución manda asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales, y el país aprobó el Convenio 169 de la OIT por ley.
Además, la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la obligación de recomponer el daño ambiental.
Entonces, si hay expansión de litio bajo un régimen excepcional como el RIGI, la pregunta no es “¿se puede?”; la pregunta es: ¿se hizo y se hará como corresponde, con participación real, información completa y control público?
Y si no, ¿qué es lo que se está pidiendo que la provincia firme? ¿Un contrato de “desarrollo” o una renuncia preventiva a discutir el futuro del territorio?
La provocación necesaria
La discusión del litio en Jujuy está mal planteada: se la presenta como “progreso vs. atraso”. Es falso. La discusión verdadera es:
progreso con reglas y soberanía vs. extractivismo con privilegios y pasivos ocultos.
Jujuy no puede ser solo el mapa donde se extrae, ni Perico el patio trasero donde se instala lo riesgoso. Si el “derrame” existe, que se note en hechos: encadenamientos productivos locales, empleo calificado jujeño, compras locales, monitoreo independiente, datos abiertos, consulta real y un fondo ambiental de garantía. Sin eso, el derrame es marketing y el riesgo queda acá.
Porque cuando el mundo venga a buscar litio, Jujuy tiene que responder con una frase simple y firme: inversión sí, pero no con patente de corso.
