Perico Noticias, 30 de enero del 2026 // En Jujuy, La Libertad Avanza quiere presentarse como ruptura, como “tabula rasa”, como el desembarco de una nueva doctrina. Pero los papeles —los que ordenan el poder real— muestran otra cosa: en el listado que motiva medidas disciplinarias del PJ aparece el rótulo “LA LIBERTAD AVANZA” junto a nombres y cargos municipales/provinciales. Eso no es un rumor: es señal documental de que parte del “plantel libertario” tiene trazabilidad Kirchnerista -afiliados en el PJ-.
Los interventores del PJ (Los kirchneristas Anibal Fernández y Gustavo menéndez) no solo abrieron procedimientos: instrumentaron la “suspensión temporaria de la afiliación” como medida cautelar, suspendiendo derechos partidarios hasta resolución definitiva. Esto significa que, al menos para el PJ, no estamos ante simpatizantes sueltos: estamos ante afiliados cuya conducta se considera presuntamente violatoria de la Carta Orgánica. Y cuando un partido activa ese mecanismo, lo hace porque entiende que hay daño institucional, no folclore.
La resolución, además, reconoce un fenómeno de fondo: afiliados que se integraron a listas de fuerzas “en las más variadas y extremas posiciones ideológicas” y que promovieron campañas contra el propio justicialismo. En términos de gestión política, esto describe un “mercado de lealtades” roto: dirigentes que se mueven por oportunidad, no por doctrina. Y ahí LLA queda bajo sospecha: ¿fue la renovación o fue la absorción?
Lo más delicado es el vector reputacional: si el núcleo de candidatos/autoridades de LLA proviene de una matriz peronista-kirchnerista —cultural, militante, emocional—, la promesa libertaria de “cambio de paradigma” se convierte en una promesa imposible. Porque el votante eligió ajuste del Estado, reforma del sistema, shock de reglas. Pero si quienes ejecutan ese programa vienen de la lógica de “Estado elefante” (y encima callan), el resultado es previsible: gestión tibia.
Ahora bien: esto no es solo una discusión filosófica. Hay un plano que huele a crisis institucional: si efectivamente la normativa electoral provincial exige afiliación partidaria para ser candidato por esa fuerza (algo que deberá aclararse formalmente), entonces el cuadro se vuelve explosivo: podrían existir candidaturas “prestadas” o armadas con atajos, y eso abre una ventana de impugnaciones y responsabilidades. No alcanza con señalar al candidato: también queda en la mira la Junta Electoral que oficializó listas y el sistema de control que debió validar requisitos.
Los anexos muestran nombres bajo “La Libertad Avanza” con cargos (diputado provincial, concejal, etc.). Y el propio acto de la intervención ordena abrir procedimiento disciplinario respecto de los afiliados individualizados en anexos por conductas presuntamente violatorias. En términos de gobernanza democrática, esto es una alarma: la política jujeña no solo recicla dirigencias; recicla padrones, sellos y atajos. Es la misma “ingeniería” que después reclama credibilidad.
Por eso la interpelación es directa, sin anestesia: autoridades electas/candidatos que hoy se visten de libertarios y ayer estaban abrazados a la liturgia de la justicia social, la distribución y el Estado protector… ¿qué son hoy en la práctica? ¿Un “cambio genuino” con argumentos y conducta, o una maniobra de captura para desactivar a LLA desde adentro? Si es lo primero, hablen: expliquen el tránsito ideológico con honestidad. Si es lo segundo, estamos ante un esquema de cooptación que degrada al elector y vacía el sentido del voto.

Mientras tanto, el PJ también desnuda su propia debilidad: si tantos afiliados migran a fuerzas competidoras, el problema no es solo disciplina; es propuesta, identidad y conducción. La intervención suspendió incluso el proceso electoral interno y convocó uno nuevo para el 24 de abril de 2026. El peronismo jujeño tiene una oportunidad: dejar de pelear por sellos y empezar a disputar un programa moderno, con auditoría social, transparencia y agenda productiva real. Y LLA, si quiere ser alternativa seria, debe instrumentar “programas de integridad, ética y cumplimiento normativo en partidos políticos y el sector público para prevenir la corrupción, el financiamiento ilícito y faltas a la probidad.”: padrones, requisitos, coherencia doctrinaria y rendición de cuentas.
