Luego del rebote a Moneta, anticipan novedades para Fintech, Telecentro y Grupo 1

 Luego del rebote a Moneta, anticipan novedades para Fintech, Telecentro y Grupo 1

Intensa preocupación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual: demostrar que la llamada ‘ley de medios’ no es contra Grupo Clarín sino que Grupo Clarín así lo interpretó por conveniencia propia, aunque sin lograr la adhesión de su socio en Cablevisión, David Martínez/Fintech. El planteo quedó en negro sobre blanco, con la firma de Horacio Verbitsky en el diario Página/12. En el caso del Grupo Clarín las 6 unidades de negocios en que dividirían las frecuencias que hoy día resultan un holding, deberán tener accionistas, sedes, equipamiento, administración y marketing distintos. En tanto, Joaquín Morales Solá expuso una interesante diferencia de opiniones entre Ricardo Lorenzetti (¿por qué habrá suspendido abruptamente prometida a los periodistas integrantes de Fopea, que organizaban su coloquio anual?) y su colega Juan Carlos Maqueda:

Novedades sobre la llamada ‘ley de medios’ detalló Horacio Verbitsky en el diario K Página/12:
«La adecuación voluntaria a los topes e incompatibilidades de la ley audiovisual 26.522, ofrecida el lunes 4 por el Grupo Clarín, copia la que entregó en diciembre pasado el accionista minoritario de Cablevisión, Fintech Advisory Inc, un fondo de inversión del estado franco de Delaware, en los Estados Unidos, registrado como sociedad extranjera ante la Inspección General de Justicia. Su representante es el mexicano que reside entre Londres y Nueva York, David Martínez. 
(…) La Dirección de Adecuación y Transferencia de la AFSCA recomendó dar una respuesta afirmativa a la consulta, recordando que la ley también establece cupos de producción nacional y local y la integración de la grilla. 
El 7 de diciembre, el directorio de la Autoridad aprobó esa respuesta y la envió a Fintech. La grilla fue tema de discusión entre los accionistas. Martínez quiso saber “qué es esa palapala”. Cuando le explicaron que se trataba de la señal infantil Paka-Paka, dijo que le resultaba incomprensible que el Grupo Clarín no accediera a incluirla. 
Para no ser agresivo explicó que desde su piso frente al Central Park es difícil apreciar esas cuestiones de detalle y sugirió que no justificaban el daño que la compañía estaba sufriendo y el que podría correr en el futuro. “Es que sería una derrota política”, le respondió el contador Héctor Horacio Magnetto. El Grupo Clarín desautorizó la presentación de Martínez en un comunicado. 
Ya en enero y sin formalidades, Martínez detalló en un ‘non paper’ los alcances de su propuesta. Dijo que Cablevisión se escindiría y formaría tres sociedades independientes, a las que en forma provisoria identificó como Cablevisión Continuadora, Escindida 1 y Escindida 2. Agregó que el Grupo Clarín sólo conservaría el 60 por ciento de la Escindida 1, que cuenta con 24 licencias en zonas que no se superponen con los servicios de televisión abierta de Artear. Cablevisión Continuadora alcanzaría a 2,8 millones de abonados con sus 24 licencias. 
Fintech mantendría su 40 por ciento actual y como inversor mayoritario ingresaría el fondo de inversión estadounidense Fontinalis Partners, cuyo principal accionista, Ralph Booth, adquirió hace un año el 9 por ciento del capital del Grupo Clarín que antes perteneció al banco de inversión Goldman Sachs. 
La Escindida 1, con un 60 por ciento del Grupo Clarín y el resto de otro comprador no identificado, también tendría 24 licencias, pero con un alcance muy inferior, de 424.000 abonados. La Escindida 2, con veinte licencias cubriría 180.000 abonados y pertenecería a varios inversores asociados.
Además planteó diez temas a resolver en la homologación judicial del posible acuerdo (…)
Hasta la propuesta del Grupo Clarín, 39 titulares de licencias habían cumplido con lo dispuesto por la ley. Todas esas propuestas fueron admitidas en términos técnico formales y 29 ya fueron tratadas por el directorio de la AFSCA. Quince fueron rechazadas, ya que no había motivos para la adecuación y sólo trataban de aprovechar la coyuntura para eludir la prohibición de venta de licencias. 
Entre esos rechazos figuró una presentación del escribano Raúl Juan Pedro Moneta, quien pretendió hacer pasar como grupo la propiedad de distintos medios cuyos titulares eran hijos de Moneta. (N. de la R.: en verdad, es posible que el asunto sea más complejo ante las versiones de incapacidad de Moneta, por enfermedad, para conducir su holding).
El criterio aplicado es que no pueden vender quienes no conforman un grupo, ni pueden quedarse con todo lo que poseen quienes sí lo son y exceden los topes legales. Las otras 14 presentaciones fueron aprobadas y están en ejecución, entre ellas las de DirecTV, Daniel Hadad y Cadena 3. 
Para comprar los medios que Hadad estaba obligado a vender, el Grupo Indalo, del empresario petrolero y del juego Cristóbal López, debió desprenderse de las empresas de servicios públicos que poseía en Comodoro Rivadavia. La idea de la ley es incrementar los costos al suprimir la sinergia y de ese modo facilitar que nuevos actores desafíen en forma competitiva a los precedentes. En el caso del Grupo Clarín las seis unidades de negocios deberán tener accionistas, sedes, equipamiento, administración y marketing distintos. 
En el punto 26 de su presentación, el Grupo solicitó el trato igualitario garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y se reservó el derecho de modificar su propuesta si la AFSCA permitiera una interpretación más favorable de la ley a cualquier otro licenciatario. Allanado por la Corte el principal obstáculo a la aplicación de la ley, cumplir con esa igualdad es el mayor desafío que tiene por delante el gobierno. 
Además de la propuesta del Grupo Clarín, falta que el directorio trate otras diez: entre ellas algunas muy significativas, como las de Telefe (de Telefónica), el grupo español Prisa, Telecentro, del ex diputado Alberto Pierri, y Grupo 1, del también ex diputado y empresario petrolero José Luis Manzano, asociado con Daniel Vila y familiares de Francisco De Narváez. 
Muchas publicaciones inspiradas por el Grupo Clarín dentro de su estrategia de victimización han mencionado que la AFSCA ya había aprobado esas presentaciones. No es así. Sabbatella ha repetido que nadie impide que los accionistas de un Grupo que se divide se hagan cargo de los segmentos resultantes, siempre que la escisión sea en serio y que cada accionista pueda justificar el origen de su capital. Éste podría no ser el caso de Barbarita Vila, del Grupo Uno, cuya división sería así ficticia. 
No menos dudoso es el dibujo societario que intenta Telefe, arguyendo que no tiene relación con Telefónica de Argentina, aunque ambas responden al mismo holding controlante en España. Pierri partió de su licencia original, en San Justo, y sumó 35 extensiones, que cubren un enorme territorio, que comprende hasta la Capital Federal. 
El concepto de la extensión es otro: debe ser desde una localidad con mayor densidad poblacional a otra con un índice menor y no pueden sumarse extensiones de la extensión. Telecentro podría conservar lo que ya tiene, pero reagrupado en al menos diez de las 24 licencias permitidas, de modo que limitaría su expansión. (…)».
En tanto, Joaquín Morales Solá expuso en el diario La Nación una interesante diferencia de opiniones entre Ricardo Lorenzetti (¿por qué habrá suspendido abruptamente prometida a los periodistas integrantes de Fopea, que organizaban su coloquio anual?) y su colega Juan Carlos Maqueda:
«(…) La Corte deberá resolver en adelante, en síntesis, si la aplicación de la ley es constitucional o no. Merodeó una disidencia fundamental entre dos jueces importantes del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que eran, a su vez, los dos votos que definirían la posición última del tribunal. El resto de los votos, para un lado o para el otro, eran perfectamente previsibles.
Bien leídas las posiciones de ambos, los dos coincidieron en que había derechos adquiridos que protegían las propiedades de Clarín. Lorenzetti señaló, sin embargo, que esos derechos podían ser resarcidos económicamente al ser licencias que concede el Estado. Maqueda, en cambio, apuntó que los derechos adquiridos son una garantía constitucional y que, en este caso, su desconocimiento podía afectar otro derecho constitucional, la libertad de expresión. Propuso, por lo tanto, que Clarín hiciera uso de sus licencias hasta el final de las concesiones.
Lorenzetti imaginó un futuro en que un gobierno adjudicara licencias arbitrariamente y que la jurisprudencia de la Corte impidiera anularlas. Maqueda privilegió las garantías constitucionales de ahora y optó por devolverle el problema a la política después de 2015, cuando vencerán las licencias de Clarín. La división en los votos de esos jueces cruciales de la Corte inclinó la balanza final.
Con todo, una mayoría de jueces, cinco contra dos, le hizo graves advertencias al Gobierno sobre la libertad de expresión. Sobre la aplicación de la ley de medios. Sobre el pésimo manejo del Gobierno de esas libertades. Es fácilmente perceptible que la preocupación de la Corte por la situación de la prensa libre es tan pronunciada como la de periodistas y medios independientes. Hay una pregunta que no tiene respuesta por el momento: ¿no le dieron esos jueces un arma a un asesino serial, acaso, con la prudente recomendación de que no debe seguir matando?
Un aspecto de la sentencia de la Corte que no tuvo un amplio consenso en el tribunal fue la fecha elegida para darla a conocer. A varios jueces (Carmen Argibay, Maqueda y Carlos Fayt) les hubiera gustado esperar quince días después de las elecciones para difundir el fallo. Era una manera de dejar que la política digiriera los hechos políticos que promovieron las elecciones. Hubieran evitado, también, el enojo de los dirigentes políticos opositores, que vieron opacado su triunfo en menos de 48 horas, que transcurrieron entre los comicios y la sentencia. (…)».
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