Los que trabajan mueren de pie, mientras otros operan de rodillas: la gran traición al tabaco jujeño

Una vez más, el corazón productivo del norte argentino ha sido empujado al borde del abismo. Y esta vez no por olvido o casualidad, sino por decisiones políticas y legislativas que favorecen a determinados actores económicos, a costa de las economías regionales. La llamada “Ley Bases”, sancionada entre negociaciones opacas y alineamientos funcionales al poder económico concentrado, eliminó el impuesto interno mínimo a los cigarrillos, medida que en los hechos consagra una peligrosa regresividad fiscal en el mercado tabacalero.

Esta eliminación profundiza un escenario de inequidad: grandes grupos empresariales —nacionales y extranjeros— ahora tributan en función de precios minoristas muy por debajo de su escala real de ventas, lo que distorsiona la competencia, erosiona el Fondo Especial del Tabaco (FET) y pone en jaque la sostenibilidad de miles de productores en Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones. Entre ellos, se destaca una empresa que ha concentrado su estrategia en el uso de medidas cautelares para modificar el régimen tributario vigente, con importantes beneficios judiciales. Su actuación ha sido cuestionada públicamente por entidades del sector, sin que hasta el momento se haya regularizado la situación tributaria.

Según fuentes legislativas y gremiales, esa empresa registra una deuda con el fisco argentino que supera ampliamente los márgenes tolerables para una actividad regulada, sin que medie sanción ni investigación efectiva. Esto no solo afecta la recaudación nacional, sino que impacta directamente en la caída del FET, que en Jujuy ya acumula una merma cercana al 40%, comprometiendo la continuidad de miles de empleos rurales, programas de salud y planes de desarrollo agrícola.

En este contexto, la Cámara del Tabaco de Jujuy —con la voz firme de su presidente Pedro Pascuttini— ha levantado una bandera de dignidad. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una lucha por la justicia fiscal y el respeto a quienes trabajan de sol a sol. La resistencia desplegada en el Congreso, la visibilización de estas distorsiones, y el reclamo de equidad normativa, son muestras de una batalla que no cesa. Porque en el Norte no se rinde nadie.

La trama es clara: mientras los pequeños y medianos productores cumplen con el Estado, generan empleo, invierten en la tierra y sostienen el arraigo rural, otros actores —protegidos por grises jurídicos y estructuras de lobby— logran ventajas competitivas sin comprometerse con el entramado productivo nacional. No hay desarrollo posible si las reglas del juego se aplican con favoritismos. Y no hay justicia social si los recursos destinados a los pueblos son absorbidos por la opacidad del poder económico concentrado.

Argentina no puede permitir que su sistema impositivo se convierta en un “régimen a medida” de quienes saben sortearlo. No se trata de acusaciones personales: se trata de reclamar legalidad, control institucional y responsabilidad tributaria para todos los operadores del mercado. La ausencia de auditorías serias y la falta de fiscalización efectiva abonan el terreno para un colapso que no será solo financiero: será social.

Jujuy, hoy más que nunca, produce algo más que tabaco: produce conciencia, produce coraje, produce dignidad. Y en nombre de esa dignidad, exige que el Estado vuelva a cumplir su rol: regular, equilibrar, garantizar equidad.

Porque no puede haber Nación justa si quienes generan riqueza real agonizan esperando respuestas, mientras otros se enriquecen sin sembrar ni tributar en proporción a su volumen real.