Luisa Ortega acusa a Maduro de desviar al menos 8 millones de dólares para Odebrecht
La exfiscal afirma tener pruebas de una trama de corrupción que involucraría también a varios altos cargos venezolanos y asegura haberlas entregado a «fiscales de Estados Unidos» y al fiscal general costarricense.
La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega acusó este lunes (28.08.2017) desde Costa Rica al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber desviado entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo en el marco del caso de pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht. Ortega dijo contar con pruebas que demuestran sus acusaciones.
«Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma», dijo Ortega en una conferencia de prensa. Según la exfiscal, para la «millonaria trama de corrupción» se ha utilizado «como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa».
Esta empresa -prosiguió- es propiedad de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). «Esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua (ministro de Educación), Jorge Rodríguez (alcalde del municipio Libertador de Caracas), Jesse Chacon (exministro) y Maximilian Sánchez (exencargado de negocios en EE.UU. y asesor de la Presidencia)», agregó la exfiscal.
Ortega aseguró que recientemente entregó pruebas de este y otros casos a «fiscales de Estados Unidos» y hoy al fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien también ejerce el cargo de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Además, Ortega anunció que presentó una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por amenazarla ante la Fiscalía costarricense y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital del país, San José.
Además, la jurista venezolana explicó que recibió presiones cuando estaba en al frente de la Fiscalía General de Venezuela y puso de ejemplo el caso de un estudiante, muerto durante una manifestación. «Juan Pernalete murió por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional disparada directamente al cuerpo. El Gobierno quería que yo dijera que había muerto con una pistola de perno cuando las evidencias indicaban que había sido la Guardia Nacional que lo había asesinado. Hay muchos casos como ese», dijo y citó alguno de desapariciones y de «torturas, tratos crueles e inhumanos». Y lamentó que ese sería también su destino de regresar a su país. O que podría ser asesinada.
LGC (EFE/Nación)
