«Mayra Mendoza» el foco sobre un contador en el caso por presunta corrupción por 535 millones
Por Lucía Salinas // La presunta estructura de corrupción que tiene a Mayra Mendoza imputada en dos expedientes cuenta con una pieza clave: un contador dueño de una importante red de empresas, vinculado además, al ex esposo de la intendente de Quilmes. José Alejandro Scozzari es el “común denominador” en varias de las maniobras, a través de las que se habrían desviado 535 millones de pesos.
Cooperativas, empresas de diversos rubros y fondos municipales, todo está bajo investigación y derivó en una ampliación de las acusaciones contra la referente de La Cámpora y ex funcionarios.
La Justicia busca desentrañar una maniobra que implica fondos públicos por más de 535 millones de pesos. Según la denuncia inicial, se habrían desviado a un conjunto de cooperativas -para tareas de mantenimiento de espacios públicos-, que a su vez, están vinculadas a ex funcionarios de Mayra Mendoza. Además, la estructura sobre la cual ya se solicitó información financiera contaría con una instancia de exteriorización de fondos.
Sobre este último punto, la Justicia hizo particular énfasis: un conjunto de firmas offshore radicadas en Miami a donde se podrían haber direccionado parte de los fondos que provenían de los contratos que fueron adjudicados a las cooperativas. En esas compañías creadas en el exterior se repiten algunos nombres: Sebastián Raspa (quien renunció cuando el escándalo salió a la luz), Martín Bordalejo (ex funcionario del municipio) y Alejandro Scozzari.
El caso tomó estado público cuando el sitio El Disenso dio a conocer la documentación que después fue incluida en dos expedientes judiciales. Tanto en la justicia federal de Quilmes como en Comodoro Py, las investigaciones tienen a Mayra Mendoza como principal imputada. Le atribuyen los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función público, lavado de activos, con la posibilidad que las acusaciones continúen ampliándose.
Al momento de comprender cómo funcionó toda la operatoria y quiénes intervinieron, un nombre sobresale: el del empresario Scozzari.
El 12 de septiembre de 2017, Luciano Tiranti y José Alejandro Scozzari constituyeron la firma “Sur II SRL”, cuyo objeto sería “construcción y venta de inmuebles en el país y en el exterior”, destacando que se había otorgado “poder especial” a favor de cualquiera de sus gerentes y de los Dres. Cesar Sebastián Daer, Anabella Galván y Claudio Carbone.
En la telaraña de nombres, surgen diversas relaciones. Daer es el ex esposo de Mayra Mendoza y actual funcionario de la AFIP. Carbone, por su lado, es el actual Secretario Legal y Técnico del municipio de Quilmes. Están unidos a Scozzari a través de la firma Sur II SRL que recibió de la municipalidad de Quilmes la suma de $ 46.467.034,25 de una contratación por $ 54.450.650,62, “intermediando con la denominación societaria THE WOLF BULDING SA».
Se señaló en la ampliación de la imputación que el libramiento de cheques por el alquiler de maquinaria se emitieron a favor de la empresa “The Wolf Building SA”, como así también por parte de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda y de la Cooperativa La Estrella. Estas dos últimas, receptoras de parte de los contratos por 535 millones de pesos.
Para la Justicia el nombre de Scozzari vuelve a reiterarse en esas operaciones. El sitio El Disenso dio más detalles sobre The Wolf Building, documentación aportada a la Justicia. El municipio de Quilmes habría adjudicado a la firma una nueva obra de refacción para la Escuela Secundaria Nº 75 de San Francisco Solano por $3,636,381.73. El decreto que dispone dicha adjudicación, fue firmado por Gandulfo, Carbone y Mayra Mendoza.
En los nombres bajo investigación, también aparece -según el dictamen de la fiscalía-, Martín Bordalejo, ex funcionario del municipio. Junto a Scozzari integran firmas offshore que fueron desactivadas poco después de que el caso saliera a la luz. Sobre esas compañías radicadas en Miami y que a su vez estarían relacionadas con Sebastián Raspa, la justicia pidió información financiera.
Así, una vez más Scozzari aparece vinculado a ex funcionarios del municipio. Hay otra relación que se investiga igual: la de Raspa y Bordalejo, quienes son socios en la sociedad “Canton Tower Gestiones Integrales SAS”. El dictamen con el que se amplió la imputación contra Mayra Mendoza, sostiene que prevalece “el común denominador de ser socios en denominaciones societarias cruzadas y coexistir en el rol de funcionarios”.
La Justicia pidió la información patrimonial del empresario y socio de algunos ex funcionarios. El juez Luis Armella, a cargo de la causa que tramita en el juzgado federal de Quilmes, levantó el secreto bancario y fiscal de los acusados -entre ellos la intendente y Scozzari-, para conocer sus movimientos de fondos, situación tributaria, estado patrimonial. Requirió a su vez que la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccione los legajos correspondientes sobre la situación económica de cada uno de los investigados.
A esa red de nombres se suma Paul Brian O´Shanghnessy, Subsecretario de Producción y Empleo de la administración de Mayra Mendoza. El funcionario figura integrando la firma “4Ter SA” dedicada al rubro gastronómico. Se constituyó en febrero de este año y está integrada por Claudio Hernán Carbone (secretario Legal y Técnico), Cesar Daer (el ex esposo de la intendente) y Mayra Soledad Mendoza.
