Javier Milei ha vuelto a cruzar un umbral peligroso en su cruzada contra el kirchnerismo. En un acto sin precedentes, el presidente insinuó la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires y exigió la renuncia de Axel Kicillof, argumentando un supuesto «baño de sangre» en el territorio. Sin embargo, los datos de criminalidad desmienten categóricamente esta afirmación. Detrás de esta maniobra, se esconde un intento desesperado por desestabilizar a su principal adversario político y desviar la atención de las crecientes denuncias internacionales en su contra, especialmente el avance del CriptoGate en Estados Unidos.
Lejos de ser una estrategia basada en la seguridad pública, la jugada de Milei tiene un trasfondo claramente político. La caída de La Libertad Avanza en las encuestas y la falta de resultados económicos palpables han erosionado su popularidad, empujándolo a buscar enemigos visibles que reactiven a su base de seguidores. Kicillof encarna ese rival perfecto: gobierna la provincia más poblada del país, tiene proyección nacional y, a diferencia de Milei, su imagen no se ha deteriorado de forma drástica en los últimos meses. El presidente sabe que, de seguir esta tendencia, el gobernador bonaerense podría consolidarse como el líder opositor más fuerte y convertirse en su verdugo político.
La amenaza de intervención no solo es un atropello al federalismo, sino que sienta un precedente peligroso para la democracia argentina. Un presidente que sugiere que puede eliminar a un gobernador electo por voluntad popular para imponer su propio esquema de control está demostrando un claro desprecio por los límites institucionales. Esta avanzada autoritaria se inscribe en un contexto más amplio: Milei ha recurrido a la Justicia para blindarse, designando jueces sin el debido proceso constitucional y asegurándose fallos a medida que le permitan avanzar en su ofensiva contra la oposición.
El contexto internacional también pesa en esta ofensiva. En Estados Unidos, la causa CriptoGate avanza con fuerza y podría derivar en la citación de Milei para responder por su posible vínculo con una red de fraude financiero en el mundo de las criptomonedas. Las autoridades norteamericanas ya han puesto el foco en la trama libertaria y en los movimientos de dinero que involucran a figuras cercanas al presidente argentino. La posibilidad de que este escándalo termine afectando su imagen global es cada vez más alta, y la amenaza de intervención en Buenos Aires podría ser un intento de Milei por construir una cortina de humo ante el creciente peso de las denuncias internacionales.
La complicidad del Poder Judicial con el gobierno se ha convertido en un eje clave de esta estrategia. La designación inconstitucional de jueces en la Corte Suprema no solo le garantiza impunidad ante cualquier denuncia local, sino que también refuerza su capacidad de ataque contra sus adversarios políticos. La Justicia, lejos de funcionar como un contrapeso del poder, ha pasado a ser un instrumento de persecución y protección selectiva. Mientras se habilita el avance de medidas arbitrarias, se cajonean investigaciones sensibles que podrían comprometer al círculo presidencial.
Frente a este panorama, la oposición tiene una responsabilidad ineludible: frenar el intento de Milei de consolidar un modelo autoritario en el que la voluntad presidencial esté por encima de la Constitución. La historia argentina ha demostrado que las democracias no se caen de un día para otro, sino que se erosionan paso a paso, con pequeños golpes al Estado de derecho y la institucionalidad. La pregunta no es solo si Milei logrará intervenir Buenos Aires, sino hasta dónde está dispuesto a llegar en su afán de suprimir cualquier límite a su poder.