Milei empuja a Argentina hacia una guerra que el pueblo rechazará

Mientras el viento sopla desde Washington con órdenes de alineamiento, el gobierno de Javier Milei estudia sumarse a los operativos norteamericanos contra el narcotráfico en el Caribe. Lo que en boca del poder aparece como cooperación, en el radar político se lee como una deriva beligerante: Argentina podría colocarse como operador de campañas militares externas que no responden a su soberanía, sino a mandatos externos.

La nota publicada en TN revela que el Ejecutivo ya analiza mecanismos para integrarse en esos operativos estadounidenses. Esto no es un paso menor: implica comprometer fuerzas nacionales, compartir información militar, asumir roles en escenarios que no son propios, y caminar la senda peligrosa del intervencionismo.

Si Milei firma ese compromiso sin filtro parlamentario, avanzará sobre una de las piedras más sagradas de la República: el monopolio del uso legítimo de la fuerza. El país, sin debate previo ni legitimidad social, podría transformarse en peón de una estrategia hemisférica que no tiene en cuenta las prioridades de los argentinos.

¿Puede el Ejecutivo hacerlo solo?

La Constitución Nacional impone límites claros: cualquier decisión que implique declarar guerra, enviar tropas militares al exterior o comprometer fuerzas armadas fuera del territorio nacional requiere autorización del Congreso. No es potestad exclusiva del Presidente.

De hecho, antecedentes legales y decisiones institucionales han demorado o detenido envíos militares internacionales precisamente porque el Poder Legislativo no dio luz verde. En ejercicios conjuntos, cuando faltó la ley que habilitara salida de tropas o ingreso de fuerzas extranjeras, las operaciones debieron ser suspendidas.

Además, en tratados y convenios internacionales ratificados por Argentina, existe un principio de soberanía que exige que los compromisos militares exteriores se discutan y aprueben a nivel legislativo, no se impongan desde el Ejecutivo.

La trampa electoral del discurso de seguridad

Milei, desde su retórica de “mano dura”, está tentado de usar la inseguridad y el narcotráfico como justificación para ampliar su poder militar, proyectar presencia internacional y neutralizar disidencias políticas. Es una lógica peligrosa: disfrazar decisiones geoestratégicas como “políticas de seguridad” para sortear controles democráticos.

Pero la mayoría argentina rechazará ese rumbo: un país que ha padecido dictaduras militares, que ha defender su autonomía, no puede consentir que hoy el Ejecutivo decida en solitario compromisos bélicos que podrían arrastrarnos a conflictos externos.

Contra la raíz de la patria bolivariana

La patria latinoamericana es memoria de luchas contra el dominio imperial. Bolivar sedujo sueños de unión continental. Vender nuestra soberanía militar a campañas extranjeras revierte ese legado. Sumarse a operativos del Caribe significa repudiar la tradición de integración que defendieron Bolívar, San Martín y tantos otros.

Ese “abrazo con fuerza” que impulsa Milei hacia el norte borraría la historia de solidaridad latinoamericana y abriría la puerta a nuevas políticas exteriores de sumisión. El gobierno no puede convertir a Argentina en bastión de una política imperial disfrazada de combate al narcotráfico.

Urgencia de resistencia institucional

No basta con protestas. Si Milei trata de firmar convenios militares sin pasar por el Congreso, la oposición, los gobernadores, las universidades y organizaciones sociales deben movilizarse para exigir que esas decisiones se debatan en sesiones extraordinarias, que se realicen audiencias públicas y que se declaren esos compromisos como inconstitucionales si se producen fuera del recinto legislativo.

Las leyes restrictivas de seguridad nacional, la exigencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas, y la reafirmación del papel del Estado argentino como árbitro de su propia política exterior deben ser renovadas frente a esta ofensiva.

Que el mandato no rompa la patria

La desesperación electoral no puede convertir la soberanía en moneda de cambio. El Ejecutivo no puede rifar estructuras estratégicas, ni asumir compromisos militarizados con otros países sin pasar por la voluntad popular expresada en el Congreso.

Si Milei cruza esa línea, la mayoría argentina reaccionará. No porque rechace la seguridad, sino porque exige que esa seguridad se diseñe desde nuestro propio suelo, con debate, con autonomía, con dignidad.

Hoy están en juego no solo operaciones militares externas, sino el significado de ser una nación libre. Y hay que levantar la voz antes de que el silencio nos arrastre.