El gobierno libertario sufrió un golpe político y moral: tuvo que dar marcha atrás con los despidos masivos en el INTA y otros organismos estratégicos. El plan de ajuste ciego, que pretendía recortar derechos y desmantelar instituciones claves para la ciencia, la producción y el campo argentino, chocó de frente con la realidad.
La Justicia, el Congreso y la presión social marcaron un límite insoslayable: no todo se negocia con motosierra. El INTA no es un gasto, es una inversión en conocimiento, soberanía tecnológica y productividad nacional. Despedir técnicos, ingenieros y especialistas no solo era un atropello laboral; era una condena al futuro del agro y las economías regionales.
El retroceso del presidente Milei desnuda la fragilidad de un modelo que pretendía sostenerse en la brutalidad del ajuste, pero que se estrella cuando enfrenta instituciones sólidas y la resistencia organizada. La narrativa de la “casta” se desmorona cuando las víctimas resultan ser trabajadores calificados, productores pequeños y medianos, y ciudadanos que sostienen el motor económico real del país.
Este revés confirma que la motosierra no puede reemplazar a la razón, ni la ideología al conocimiento. La restitución de los despedidos no es solo una victoria gremial: es una señal de que la Argentina no aceptará el desguace de sus pilares estratégicos. Y es, también, el primer paso de un pueblo que empieza a poner freno a la arbitrariedad.