Monterrico, bajo presión: el derecho de María Almazán y el riesgo de violar el Estado de Derecho

En medio de una creciente tensión institucional, la ciudad de Monterrico enfrenta una delicada crisis política que pone en jaque los principios elementales de la democracia, el respeto a la ley y la equidad de género. La vacante dejada por el fallecimiento de la concejal Ester Flores ha desatado un conflicto inédito: la negativa deliberada a convocar a la concejal suplente en primer término, María Almazán, quien legal y legítimamente debe ocupar el cargo, según la normativa electoral vigente.

El derecho no es optativo

La ley electoral de la provincia de Jujuy es clara: ante la vacancia de un cargo electo, debe asumir quien figura como primer suplente en la lista oficializada, en este caso, María Alejandra Almazán, tal como lo ratifica la constancia emitida por el Tribunal Electoral Provincial, fechada el 28 de mayo de 2025. La documentación presentada por Almazán ante el Concejo Deliberante, solicitando fecha de juramento, no deja lugar a dudas: cumplió con todos los procedimientos formales.

Sin embargo, desde el bloque del PJ Monterrico, un sector liderado por el exintendente Nilson Ortega, han lanzado un comunicado político deslegitimante en el que se exige que Almazán renuncie a su derecho por “deslealtad política”, acusándola de haberse alejado del “espíritu del justicialismo”. Esta postura, lejos de ser una apreciación interna partidaria válida en otro contexto, se transforma en un acto de presión indebida cuando busca interferir en un proceso institucional regido por la ley.

¿Quién está en falta?

No es María Almazán quien actúa fuera de norma, sino quienes intentan impedir su asunción utilizando criterios ideológicos partidarios, totalmente ajenos al régimen jurídico que rige los cargos públicos. Las bancas pertenecen a los partidos en función de listas electorales reconocidas legalmente, no a facciones internas ni liderazgos circunstanciales.

En ese sentido, la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Gualpa, incurre en un grave incumplimiento de deberes de funcionaria pública al omitir el llamado a juramento de la suplente. Según consta en las notas ingresadas y selladas el 2 y 17 de junio, Gualpa no solo evitó responder formalmente a los pedidos de Almazán, sino que además no incluyó el tema en el orden del día de tres sesiones consecutivas, dos de las cuales se cayeron por falta de quórum debido a la inacción del bloque oficialista.

La ley Micaela, ¿solo para discursos?

María Almazán, mujer, militante, y figura política de Monterrico, está siendo sometida a un linchamiento mediático, institucional y partidario por atreverse a reclamar lo que le corresponde por derecho. Las acciones de difamación, hostigamiento y silenciamiento entran en la órbita de la violencia política por motivos de género, y contradicen flagrantemente los postulados de la Ley Micaela, que exige un tratamiento con perspectiva de género y el respeto a la participación de las mujeres en la vida pública.

Es la propia presidenta del Concejo quien, en calidad de mujer, debiera resguardar esa integridad y evitar replicar esquemas de violencia simbólica contra su par. Negarle a una mujer su derecho político bajo pretextos ideológicos no solo es ilegal: es patriarcal.

La acción judicial y el futuro del Concejo

Ante la sistemática omisión de su tratamiento, María Almazán ha iniciado una acción de amparo contra la presidenta Gualpa, lo que abre la posibilidad concreta de una intervención judicial directa en el Concejo Deliberante de Monterrico. Esta acción no solo busca restituir su derecho de asumir, sino también sentar un precedente contra el abuso institucional, el sectarismo y el desprecio por el Estado de Derecho.

Cabe recordar que Almazán solo completaría un mandato de seis meses, lo que vuelve aún más injustificable la resistencia a permitirle ejercer su rol. ¿Qué se teme realmente? ¿Que rompa con un sistema de obediencia ciega? ¿O que, en su breve paso, deje al descubierto los vicios de un lejano poder que desde la sombras se resiste a renovarse?

Una sociedad que exige legalidad

La ciudadanía de Monterrico —y de Jujuy— no puede permanecer indiferente ante este atropello. En un país que sufrió el autoritarismo, la ilegalidad y la proscripción, la legalidad no se negocia. Lo que está en juego no es solo una banca, sino el principio republicano de que los cargos públicos no se eligen a dedo ni se vetan por conveniencia, sino que se accede a ellos mediante las reglas comunes que sostienen nuestra democracia.

La comunidad debe alzar su voz en respaldo a María Almazán, no por simpatía personal ni afinidad política, sino porque defender su derecho es defender el derecho de todos y todas. Hoy es Almazán. Mañana puede ser cualquier otra persona enfrentando la maquinaria del poder que decide quién puede hablar y quién no.

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Adhesiones y acompañamiento:
Vecinos, organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y espacios democráticos están llamados a expresar su respaldo al pedido de normalización institucional del Concejo Deliberante. La política no puede estar por encima de la ley. La lealtad debe ser con la Constitución, no con caudillos circunstanciales.