Morales hoy en el Congreso, junto a CAMBIEMOS intentarán desactivar el proyecto de Guillermo Snopek
Tras la masiva marcha de la semana pasada en rechazo a la intervención del Poder Judicial de Jujuy, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tratará este martes el proyecto presentado por el senador peronista Guillermo Snopek, aunque el oficialismo no buscaría firmar dictamen sino abrir la discusión.
En primer lugar, la comisión que preside María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) se reunirá a las 17.30 conjuntamente con la de Presupuesto y Hacienda para debatir otro proyecto, el de capitales alternas, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Luego se tratará en Asuntos Constitucionales el proyecto de Snopek, que busca declarar la intervención federal del Poder Judicial jujeño a raíz de una serie de hechos que, según el autor de la iniciativa, denotan una “discrecionalidad” en la Justicia y una “falta de división de poderes”.
El condimento extra del debate será la presencia en el Congreso del propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien se reunirá en la previa con senadores y diputados de Juntos por el Cambio para repudiar la intervención. Paralelamente, habrá una concentración convocada por el Pro y la UCR.
Las denuncias de Snopek
En la sesión del pasado 20 de febrero, el senador del Frente de Todos reveló que recibió una carta documento de parte de Pablo Baca, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy que pidió licencia como presidente del mismo en medio de un escándalo.
En la carta documento, Baca le pidió a Snopek que “se retracte” de una serie de opiniones formuladas sobre el tema en el recinto de la Cámara alta durante 2017 y 2018, pero el senador consideró inadmisible el planteo del juez por encontrarse amparado en los fueros.
Snopek advirtió en primer lugar sobre lo sucedido a fines de 2015, cuando la Legislatura provincial aprobó la ampliación de los miembros del Superior Tribunal de cinco a nueve. De los cuatro nuevos integrantes, tres eran de la UCR, entre ellos Baca, quien había votado la ley en calidad de diputado provincial.
Asimismo, Snopek cuestionó la legitimidad del Ministerio Público de la Acusación, un “órgano para-constitucional creado por ley” también a fines de 2015, “sacándole facultades constitucionales al fiscal general del Poder Judicial”.
En este contexto, el legislador realizó una presentación ante la Legislatura local, dirigida a la presidenta del Superior Tribunal, Clara Langhe de Falcone, pero “ni siquiera se le dio estado parlamentario, por esa injerencia que tiene la provincia en los poderes del Estado”.
Según Snopek, “esto parecía un problema local” hasta que en diciembre del año pasado, Langhe de Falcone tuvo que dar un paso al costado del cargo debido a declaraciones periodísticas donde sugirió la conveniencia de mantener presa a la dirigente Milagro Sala.
“Me animo a adelantarme, no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no va a permitir, porque no quiere volver a lo que se ha vivido…”, fue una de las afirmaciones de la jueza, que según Snopek “debió haberse expresado a través de fallos judiciales”.
En reemplazo de Langhe de Falcone en la presidencia asumió Baca, pero este año se tomó licencia en el cargo como consecuencia de la filtración de audios donde aseguraba que Sala “no está presa por sus delitos” sino porque “es un problema para el gobierno” de Morales.
El proyecto
La iniciativa del senador del Frente de Todos propone que la intervención del Poder Judicial de Jujuy dure un año y que el interventor sea designado por el Poder Ejecutivo una vez promulgada la ley.
“El interventor no puede ejercer por sí la función judicial, pero tiene la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”, dice el proyecto.
También debería el interventor “adoptar las medidas que estime necesarias a fin de que el Poder Judicial provincial garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, así como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
A su vez, se declara “en comisión” a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público y a los magistrados de los tribunales inferiores de la provincia.//El Parlamentario
