“Multa millonaria por día”: la presidenta del Concejo de Monterrico, bajo la cuerda floja por no acatar un fallo que ordena asumir a la concejal Almázan

La pulseada institucional en Monterrico entró en zona roja. Con una sentencia firme que reconoce a María Almázan como concejal y ordena su inmediata asunción, el Concejo Deliberante aún no convocó la sesión exigida por la Justicia. Ante esa inacción, Almázan denunció por desobediencia judicial a la presidenta del cuerpo, Mónica Gualpa, y solicitó la aplicación de una astreinte (multa coercitiva) de $5.000.000 por día de demora hasta que el fallo sea ejecutado.

Lo que está en juego

• Estado de la causa: la resolución judicial se encuentra firme y mandata la asunción inmediata de Almázan.
• Conducta del Concejo: pese a tres pedidos formales de asunción presentados por Almázan—el último luego de la sentencia—no se convocó la sesión ordenada por el tribunal.
• Figura legal invocada: la denuncia apunta a desobediencia judicial y plantea sanción económica diaria para forzar el cumplimiento.
• Riesgo institucional: la persistencia en el incumplimiento expone al Concejo y a su presidencia a responsabilidades personales, además de costos crecientes para la administración si la Justicia impone astreintes (multa por día de demora).

Radiografía del conflicto

Según la presentación de Almázan, el cuerpo legislativo habría incurrido en dilaciones y “chicanas” que vacían de efecto práctico la sentencia. La firmeza del fallo cierra la discusión de fondo y deja como única salida operativizar la asunción mediante la sesión específica ordenada por el juzgado.

De confirmarse la astreinte solicitada, Gualpa enfrentaría una presión pecuniaria diaria de alto impacto hasta normalizar la situación. Para la institucionalidad local, el mensaje es claro: acatar la Justicia y restaurar la gobernanza del Concejo, evitando que un conflicto político derive en un daño económico y reputacional mayor para Monterrico.

Próximos pasos clave

1. Convocatoria inmediata a sesión para la toma de juramento de Almázan.
2. Notificación y acatamiento formal del fallo por parte de la Presidencia del Concejo.
3. Eventual resolución judicial sobre la multa diaria solicitada, en caso de persistir el incumplimiento.

El tiempo corre y cada día de demora puede traducirse en millones. La seguridad jurídica y la confianza institucional exigen un desenlace rápido: cumplir la sentencia y cerrar la grieta que hoy paraliza al Concejo Deliberante de Monterrico.