Desde el corazón político de Perico, en un gesto tan predecible como preocupante, el poder ejecutivo municipal salió a presionar al Concejo Deliberante para elevar el valor de las multas de tránsito, argumentando que las actuales están “muy bajas” y que se hace “necesario actualizar las tarifas”. La excusa de siempre: mejorar la seguridad vial. La realidad: aumentar la recaudación para sostener un aparato que hace agua por todos lados.
En nombre de un ordenamiento que no existe en la práctica –basta con recorrer la ciudad en hora pico– se apela a la vía más fácil, más floja y más injusta: sacarle más al que menos tiene, en vez de hacer lo que corresponde. En vez de pensar políticas viales eficaces, creativas, que transformen la conducta ciudadana, la única solución es subir multas, apretar al que maneja, inflar el cobro, hundir al vecino.
Un Estado que no se recorta a sí mismo
El problema de fondo no es vial. Es político. Y es estructural.
El gobernador Carlos Sadir firmó el Pacto de Mayo prometiendo bajar el gasto público, pero en Jujuy no se ha recortado nada relevante. En cambio, se exige a los municipios ajustar cuentas, mientras se sostienen miles de empleos públicos que solo existen en el papel. La Municipalidad de Perico es un caso paradigmático. Más de 2.200 empleados y funcionarios en planta, pero si mañana fueran todos a trabajar, no habría escritorios, ni tareas, ni sillas disponibles.
El organigrama municipal es un dibujo: un festival de cargos sin función real. Se estima que apenas el 40% de los empleados cumplen tareas concretas. El resto es parte del eterno esquema de clientelismo, favores políticos y parálisis institucional. ¿Qué se propone para solucionarlo? Nada. Solo subir multas.
Un modelo agotado y sin ideas
La municipalidad no tiene ni voluntad política ni creatividad técnica para mejorar la situación vial. No hay campañas reales de concientización. No hay inversión en infraestructura urbana que ayude a ordenar el tránsito. No hay coordinación con otras áreas del Estado para generar un cambio cultural. Solo hay un plan: meter la mano en el bolsillo del vecino.
Se repite el fracaso con cinismo. Si las multas no ordenaron el tránsito hasta ahora, ¿qué lógica hay en pensar que subirlas lo logrará? No se trata de castigar más, sino de gobernar mejor.
Pero claro, gobernar mejor requiere pensar, asumir costos políticos, cortar privilegios, revisar contratos, auditar ñoquis. Y eso, en Perico, sigue siendo una utopía. Hasta los candidatos electos ocupan cargos públicos sin pedir licencia. La clase política periqueña no predica con el ejemplo: vive del Estado y exige más tributos al ciudadano trabajador.
El verdadero pacto fiscal: con el pueblo, no con Nación
Si Perico quiere cumplir con el espíritu del pacto fiscal, la primera tarea es clara: reducir la planta estatal en al menos 500 empleados, como marcan los cálculos racionales. Se trata de profesionalizar la administración pública, optimizar funciones, eliminar estructuras inútiles y garantizar que quien cobre, trabaje.
El municipio debe priorizar la eficiencia, la transparencia y el respeto por el vecino, antes que asfixiarlo con más impuestos y sanciones. Es una cuestión de justicia social, pero también de legitimidad política.
En una ciudad donde el 60% de los trabajadores estatales no tiene función asignada, hablar de subir multas es una provocación, no una política pública.
¿Tendrán coraje para frenar el festín?
No es tarde para hacer las cosas bien. Perico puede corregir el rumbo. Pero hace falta valentía política, renuncia a privilegios y una reconversión profunda del rol estatal. Si no lo hacen, si se limitan a subir tarifas para tapar agujeros, la historia los juzgará como lo que son: gestores del saqueo, no servidores públicos.
El pueblo ya no aguanta más. Quiten el pie del cuello del vecino. Cumplan su palabra. Reduzcan el gasto. Hagan el recorte que les toca. Y sobre todo: trabajen.