Pulgar abajo a la gestión económica de Milei «recesión más depresión prolongada»
Nilda Garré contra Nelson Castro, Morales Solá, Majul y Magdalena
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). ¿Qué sabe Nilda Garré sobre libertad de prensa? Simpatizante del castrismo (el comunismo cubano), que impone una censura estricta, Garré conoce y poco nada del tema.
Garré fue quien protegió, consolidó, equipó y jerarquizó, cuando ella ministra de Defensa, al general César Milani, hoy día jefe del Ejército, pero en ese entonces responsable de la inteligencia militar. Milani ha sido acusado de espionaje ilegal para la Administración K.
Luego de su fracasado paso por el Ministerio de Seguridad, Garré terminó como embajadora ante la Organización de Estados Americanos, en días en que los problemas con la libertad de prensa en la Argentina K ya son motivo de debate continental.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció recientemente, en su congreso en Denver (Colorado, USA), acerca de la situación en la Argentina:
«El último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística.
El boicot publicitario que sufren algunos medios; el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento; el riesgo de estatización de la producción de papel para diarios y el de intervención de empresas de comunicación; la aplicación selectiva de leyes y las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso.
El boicot publicitario contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas.
Desde febrero de este año, las principales cadenas de supermercados y electrodomésticos retiraron su pauta de medios independientes, lo que generó una caída de sus ingresos publicitarios de hasta un 20%, lo que en ciertos casos implica déficit operativo. El impacto anual de esta medida ilegal se estima en 60 millones de dólares.
Esta retracción publicitaria implica, también un avasallamiento del derecho del consumidor, que pierde la posibilidad de informarse acerca de precios y ofertas de productos. (…)».
Nilda Garré nada dijo al respecto pero ha reaccionado con enojo porque periodistas argentinos han llegado a USA a reclamar por cuestiones que ya estaban en evidencia cuando aparecieron en el comunicado de la SIP. Garré conoce a varios de los periodistas que menciona, porque la han entrevistado en los años en que ella integraba el Frente Grande, junto a Carlos Álvarez, y así era secretaria de Interior en la Administración De la Rúa. En la red social Facebook, Garré acaba de escribir:
«¡Insólito! ¡Periodistas vinieron a Washington a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones! Son algunas de las figuras centrales de los medios más importantes. Los que día a día expresan abiertamente sus desavenencias con el gobierno nacional desde los medios nacionales tratan de convencer en el exterior lo que efectivamente es imposible de tomar por cierto.
¡No se puede creer que con todo lo que dicen y el lobby corporativo que desarrollan, las maniobras falsas y las denuncias mentirosas que articulan permanentemente con total impunidad, vengan a victimizarse a ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
En Washington los voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos van a ser escuchados en una audiencia pública que simplemente solicitaron varias veces. ¿Quiénes vienen este viernes a la audiencia pública que concedió la CIDH? Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú, Luis Majul, Nelson Castro, tan luego, los voceros de la oposición al modelo de desarrollo económico, inclusión social, derechos humanos e integración iberoamericana.
Vale aclarar que la CIDH no otorgó al requerimiento de estos periodistas/voceros suficiente entidad como para constituir un «caso». Escuchará y tomará nota. Sólo eso. Expondrán 20minutos y otros 20 minutos tendrá el Estado argentino para contestarles.Por último los integrantes de la CIDH tendrán 20 minutos finales para formular preguntas.
A tres días del fallo de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal constitucional de nuestro país, la propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles. La finalidad es martillar sobre alguna opinión pública internacional predispuesta a interpretaciones negativas en tornos a las políticas nacional-populares en América Latina. La democracia y la división de poderes independientes gestaron una ley que pone la estructura de la democratización de las voces.
La misión de los periodistas que vienen en función de operadores de corporaciones, plantea una curiosa paradoja para aquellos que dicen creer en la necesidad de respetar las instituciones y la división de Poderes pero finalmente actúan por izquierda, demostrando cuáles son sus verdadera convicciones y sus verdaderos patrones.»
Varios de los periodistas que ella cita integraron la desaparecida asociación Periodistas, en la que también estaba el amigo de Garré, Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, y ‘comisario político’ del paragubernamental matutino Página/12.
La asociación Periodistas cesó cuando no pudo acordar una defensa del periodista, ya fallecido, Julio Nudler, un pionero en la denuncia de las restricciones a la libertad de prensa en la Administración Kirchner. En su caso se refería a censuras en Página/12 a la información referida al tan denunciado por corrupto Julio De Vido.
Acerca de los comentarios de Nilda Garré sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cabe recordar que la SIP manifestó su respeto por la decisión de la Corte Suprema de Argentina al declarar “constitucionales” los artículos de la “ley de medios” objetados por el Grupo Clarín, aunque manifestó discrepancias con el fallo.
“Respetamos la resolución de la Corte pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina, deteriorado a raíz de permanentes ataques del gobierno contra las voces críticas e independientes”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
La sentencia de la Corte, de hecho, habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando sus márgenes de acción. En la actualidad, los principales medios del Grupo Clarín (Canal 13, Todo Noticias y Radio Mitre) dan cabida a muchos periodistas críticos del gobierno de la presidente Cristina de Kirchner.
“Para la SIP, no es dable analizar esta sentencia fuera del contexto de permanente presión que el gobierno argentino ha aplicado por todos los mecanismos posibles sobre los medios y periodistas independientes o críticos”, recordó Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Montevideo, Uruguay.
La presidente Cristina Fernández Kirchner, en cadenas nacionales de radio y televisión, ha hablado de Clarín y de otros medios críticos o independientes como “la cadena del miedo y del desánimo” y mencionado que las balas de los militares de la dictadura cambiaron ahora por “balas de tinta”.
El fallo de la Corte surge en medio de una situación de ahogo económico impulsado por el gobierno contra la prensa independiente o crítica, mediante un manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial y la presión sobre los anunciantes privados para que no avisen en los medios que disgustan al oficialismo.
De acuerdo a la SIP, en su sentencia, la Corte recordó, con acierto, que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución argentina consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo, existiría tan solo una democracia nominal.
También afirmó algo que la SIP comparte, respecto a que si hay concentración excesiva en los medios de comunicación de modo que sólo algunas ideas o informaciones lleguen al pueblo, se perjudica seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones, puesto que todos los monopolios u oligopolios, más si son públicos, son nocivos para la libertad de prensa.
De todos modos, la SIP recordó que hay sentencias de esta misma Corte sobre la distribución arbitraria de la publicidad oficial, destinadas a preservar la vigencia de la libertad de prensa, que no son cumplidas por el Poder Ejecutivo, en un claro acto de desacato.
La Corte asignó al Estado un papel “incuestionable” para la “protección activa” de la pluralidad. “También es incuestionable la realidad fáctica que muestra una fuerte concentración comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a empresarios amigos del poder”, señaló Paolillo.
El Grupo Clarín ha advertido que, de aplicársele las restricciones previstas en la “ley de medios”, perdería su equilibrio operativo y su independencia económica y editorial. “Canal 13, Todo Noticias o Radio Mitre pueden sobrevivir y hacer periodismo crítico por el respaldo del Grupo Clarín”, argumentaron sus responsables.
Paolillo agregó que “nos preocupa enormemente, porque ya existen antecedentes muy negativos, cómo va aplicar la ley el Poder Ejecutivo, ahora que la Corte dio luz verde”.
Paolillo recordó que en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el cierre de la emisora venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), advirtió que “si bien la promoción de diversidad y pluralismo es un interés público legítimo, en este caso fue sólo una excusa para silenciar a RCTV, ya que no era necesario quitarle su frecuencia para habilitar nuevas emisoras”.
La Corte sólo juzgó la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso argentino. Sin embargo, Paolillo señaló que la Corte “pareció dejar entrever un temor o una inquietud y, a la vez, una advertencia a futuro” cuando dice que “ello no quiere decir que si en la etapa de la aplicación (de la ley) se afectara la libertad de expresión, hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora (el Grupo Clarín) no pueda ejercer sus derechos”.
“Con un gobierno que ha demostrado su desprecio absoluto por las opiniones divergentes, que ha utilizado todo el poder del Estado para coaccionar e intimidar a aquellos que se atreven a discrepar y que hasta desconocen fallos tan legítimos de otro poder del Estado, es natural que estemos preocupados por cómo este mismo gobierno aplicará la ley de ahora en más”, añadió Paolillo.
