Informe Especial | Por Perico Noticias // El tiempo del silencio terminó para el exintendente de Monterrico, Nilson Ortega. El expediente judicial N° P-140750/2016, tramitado en el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy, ha sido elevado a juicio oral. Con una montaña de pruebas documentales en su contra, el histórico dirigente del PJ jujeño —que supo manejar el municipio como un feudo personal— se enfrenta ahora a la etapa final del proceso que podría terminar con una condena de prisión efectiva.
La Cédula de Notificación N° 133, emitida el 26 de marzo de 2025, confirma la gravedad institucional del proceso: no se trata de una causa menor, ni de una persecución mediática, sino de una acción penal sólida, con elementos irreprochables desde lo técnico y lo jurídico.
El monto de la deuda actualizada: más de $10.500 millones
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy determinó que durante su gestión Ortega malversó más de $37 millones de fondos públicos entre 2011 y 2015, provenientes de programas habitacionales y sociales. Sin embargo, actualizando ese monto a valores reales con base en la inflación acumulada, la cifra asciende a más de $10.507 millones de pesos, incluyendo intereses, costos judiciales y actualizaciones por índice de precios.
Este cálculo —realizado bajo criterios comparables al sistema de redeterminación de montos en causas económicas complejas— refleja el enorme daño patrimonial que sufrió el Estado provincial y, por extensión, La ciudad de Monterrico.
Los delitos que se le imputan
Nilson Ortega será juzgado por los siguientes delitos tipificados en el Código Penal Argentino:
- Malversación de caudales públicos (Art. 260 y 261): prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248): de 1 mes a 2 años de prisión y de 1 a 5 años de inhabilitación.
- Enriquecimiento ilícito (Art. 268 (2)): de 2 a 6 años de prisión y multa del 50 al 100% del valor no justificado, con inhabilitación perpetua.
El cúmulo de pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal incluye actas del Tribunal de Cuentas, auditorías cruzadas, comprobantes inexistentes y desvío sistemático de fondos hacia cooperativas fantasmas que nunca concluyeron obras.
Ortega: otro exfuncionario K camino a prisión
La figura de Ortega no es un caso aislado, sino parte de una larga lista de exfuncionarios kirchneristas que hoy cumplen condenas efectivas por corrupción, entre ellos:
- José López, exsecretario de Obras Públicas, condenado por enriquecimiento ilícito.
- Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, preso por múltiples delitos.
- Lázaro Báez, empresario K, condenado por lavado de dinero.
- Amado Boudou, exvicepresidente, condenado por negociaciones incompatibles.
La matriz es similar: manejo discrecional de fondos públicos, uso de testaferros, ausencia de controles, impunidad sostenida por el aparato político.
Ortega, que creyó que una banca legislativa lo protegería, fracasó electoralmente en 2025, quedando fuera del escudo de los fueros. Hoy nadie atiende sus llamadas. Sin el aparato del PJ para blindarlo, con 62 años y un historial de gestiones opacas, tiene un pie dentro de la cárcel.
Justicia y ciudadanía: el que las hace, las paga
Este juicio oral será más que un proceso penal: será un acto de justicia restaurativa para una sociedad que reclama, desde hace años, el fin de la impunidad.
La justicia jujeña tiene ahora la posibilidad histórica de consolidar un precedente. Si Ortega resulta condenado —como indican todos los indicios—, el mensaje será claro: la política ya no es sinónimo de impunidad.
Las instituciones, los votantes y el propio Estado no pueden seguir siendo víctimas de dirigentes que confunden la administración pública con su cuenta personal. Nilson Ortega deberá responder con su libertad, con su patrimonio y con su historia.