NOA: El Poder Judicial y el narcotráfico

 NOA: El Poder Judicial y el narcotráfico

Llama la atención que el gobierno nacional no solucione las graves falencias de la justicia federal en Salta y Jujuy, donde crecen las causas por drogas.

ena parte de la cocaína que se consume en nuestro país o que se exporta desde Buenos Aires se transporta a través de las provincias de Salta y Jujuy. Hoy, es la justicia federal la que tiene a su cargo, en Jujuy, las investigaciones y el juzgamiento de los delitos que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, a diferencia de otras provincias que, en cambio, han adherido a la ley de desfederalización, por la cual los delitos de menor cuantía son de jurisdicción local. Este último es el caso de Salta, aunque sólo a partir de este año.

En materia judicial federal, ninguna de las dos provincias cuenta con los recursos necesarios para poder manejar la enorme cantidad de causas que ante ellas se inician. Pero hay algo aún más grave: a la fecha hay demasiados cargos vacantes, a la vez que dos juzgados federales un tribunal oral y una sala de la Cámara Federal, que han sido ya creados no fueron habilitados. Entre 2005 y2012 las causas penales en esas dos provincias aumentaron un 52%, mientras que las de estupefacientes treparon a un escandaloso 84%. La tendencia es sumamente preocupante.

La designación de jueces titulares en los juzgados ya existentes no representa gasto presupuestario adicional y dejaría de lado la actual precarización en la cobertura de cargos sensibles, con el consiguiente riesgo de caprichosas e indebidas manipulaciones en las designaciones de los subrogantes que comprometen la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

A la fecha, la justicia federal de Jujuy está conformada por dos juzgados de instrucción y un tribunal oral, todos ellos con sede en San Salvador de Jujuy. El tribunal oral, curiosamente, no tiene ningún juez titular y se integra para cada juicio en particular con jueces de otras jurisdicciones. Dos de sus tres vacantes se originaron hace ya varios años. En rigor, el Consejo de la Magistratura concluyó el concurso respectivo y envió la terna al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en marzo de 2010, pero éste posterga las designaciones.

Uno de los dos juzgados de Instrucción, el N° 2, carece de juez titular desde marzo de 2009, y el N° 1 está a cargo del único juez federal titular de Jujuy, Mariano Cardozo. En el primer caso, el Consejo de la Magistratura envió al PEN la terna para cubrir el cargo vacante en noviembre de 2010, pero nada ha sucedido. Desde abril de 2012, ese juzgado es atendido por un juez federal de la distante ciudad de Tucumán que cobra un suplemento por esta tarea adicional. Ante él tramitan miles de causas por narcotráfico con pasmosa e inevitable lentitud.

Existe, además, un más reciente juzgado federal, creado en 2004, en el cual, a pesar de la década transcurrida, aún no se ha cubierto el cargo vacante. El respectivo concurso culminó hace mucho tiempo y la terna se remitió el 12 de agosto de 2010 al PEN, que nada hizo.

En Salta, a su vez, la justicia federal cuenta con una Cámara Federal con jurisdicción sobre Salta y Jujuy a la vez, con dos juzgados federales en la ciudad de Salta, uno más en San Ramón de Orán y un tribunal oral. Allí, el Juzgado Federal N° 1 está vacante desde agosto de 2008, con un concurso concluido, pero sin designación alguna por parte del PEN. La Sala II de la Cámara Federal de Salta fue creada hace nada menos que 15 años. El respectivo concurso parece paralizado. Algo similar sucede con los concursos para cubrir los tres cargos para que funcione un tribunal oral adicional en la provincia de Salta. En 2011 se creó un juzgado federal adicional en Tartagal, pero nunca se llamó a concurso. La creación del Juzgado Federal N° 3 de Salta cuenta ya con media sanción del Senado y sigue sin concretarse.

El escenario judicial de las dos provincias del Norte confirma su alarmante debilidad que compromete y limita seriamente la lucha que como sociedad debiéramos estar dando ante un narcotráfico que no hace más que crecer en volumen, prepotencia y peligrosidad. Prueba de ello es, en Rosario, el frustrado plan de dos presuntos narcotraficantes -uno de ellos, policía- para asesinar a un juez y un fiscal que combaten ese delito.

La situación en Salta y Jujuy debe corregirse sin demoras, pues se alimentan fundadas sospechas en relación con la manipulación de las designaciones de los jueces subrogantes y su falta de independencia. No apuntalar debidamente a la Justicia en su combate es dejar un enorme flanco expuesto. Se trata de un lujo que, como sociedad comprometida con el futuro de nuestros hijos, no podemos darnos.

*La Nación

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