Obra Sociales en pie de guerra contra la privatización de la salud: ¿Milei enfrentará su primer gran rechazo social?

Redacción Perico Noticias // Las manifestaciones en Jujuy y las encuestas encargadas por el gobierno provincial tras la reacción masiva en redes sociales han dejado un mensaje claro: la privatización de la salud pública es una línea roja que la mayoría de los argentinos no está dispuesta a cruzar, entendiendo que Jujuy fué un laboratorio experimental de la derecha ortodoxa. Mientras Javier Milei busca cumplir con las exigencias del FMI para acceder al desembolso escalonado de 20.000 millones de dólares, una de sus primeras medidas de ajuste golpea de lleno el acceso universal a la salud, una de las conquistas históricas más valoradas por la sociedad.

El primer laboratorio de este intento de privatización fue Jujuy. La provincia, gobernada por Carlos Sadir—delfín de Gerardo Morales—, intentó aplicar el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), un esquema que imponía un seguro obligatorio a quienes hasta ahora accedían de manera gratuita a los servicios médicos públicos. La respuesta de la ciudadanía fue inmediata: protestas, iniciativas populares y una presión social que obligó al gobernador a vetar la ley aprobada por la legislatura jujeña. Este episodio demostró que, lejos de aceptar pasivamente el ajuste, la sociedad está dispuesta a movilizarse para defender el sistema de salud público.

A nivel nacional, el gobierno libertario ha desplegado una estrategia similar bajo la excusa de la «desintoxicación» del sistema sanitario. La resolución que ordena el traspaso forzado de más de seis millones de personas a las prepagas generó una tormenta política. En un intento por medir el impacto de esta medida, la administración de Milei encargó encuestas de urgencia. Los resultados fueron demoledores: el 44% de la población rechaza cualquier intento de privatización de la salud pública, incluso entre votantes del oficialismo, mientras que solo un 35% respalda las políticas de ajuste, aunque sin consenso total sobre el modelo libertario extremo. Esta grieta interna dentro del propio electorado de Milei podría ser una señal temprana de que su popularidad no es tan inquebrantable como se pensaba.

El contexto económico no es menor. Argentina enfrenta una de sus crisis más profundas, con una inflación que sigue golpeando los bolsillos y un plan de ajuste que, si bien busca estabilizar las cuentas fiscales, recae sobre los sectores más vulnerables. La decisión de reducir la inversión en salud sigue el manual clásico del FMI, que históricamente ha exigido la reducción del gasto público como condición para liberar fondos. Sin embargo, este tipo de políticas han demostrado ser altamente impopulares y, en muchos casos, contraproducentes. La historia argentina y la experiencia de otros países como Chile han evidenciado que los modelos de salud privatizados aumentan la desigualdad y limitan el acceso a tratamientos esenciales.

En términos políticos, Milei enfrenta su primera gran prueba de fuego. Su discurso de guerra cultural, basado en la lucha contra la «casta» y el progresismo «woke», le ha permitido sostener una base de apoyo ferviente. Sin embargo, el acceso a la salud no es un tema ideológico, sino una necesidad real que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación política. La reacción negativa en redes sociales y el creciente rechazo en las calles muestran que la privatización de la salud es un punto de quiebre.

La resistencia dentro del propio gobierno también es un indicio de que la medida podría enfrentar serios obstáculos. Funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud se negaron a firmar la resolución de traspaso de afiliados a las prepagas, temiendo consecuencias legales en el futuro. Esta división interna sugiere que incluso dentro del círculo de Milei hay quienes comprenden el costo político y social de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Lo sucedido en Jujuy es un precedente claro: cuando se trata de derechos esenciales, la ciudadanía argentina no duda en salir a las calles. Si el gobierno insiste en aplicar un ajuste que atente contra la salud pública, las protestas podrían escalar a nivel nacional. El rechazo social, reflejado tanto en las encuestas como en las movilizaciones, demuestra que la estrategia de Milei de jugar al límite con la paciencia del pueblo argentino podría tener un alto costo político.

En conclusión, la privatización de la salud se perfila como el primer gran desafío de gobernabilidad para Milei. Mientras el presidente apuesta a la reducción del gasto público a cualquier costo, la resistencia social ya ha comenzado a marcarle límites. La pregunta es: ¿cederá ante la presión popular o avanzará sin medir las consecuencias? Lo cierto es que la batalla por la salud pública en Argentina recién comienza, y el desenlace será clave para el futuro de su gobierno.