Con bombos, cámaras y declaraciones rimbombantes, el intendente Raúl “Chuli” Jorge —acompañado por el gobernador Carlos Sadir— recorrió las obras de repavimentación en la avenida Bolivia, en el barrio Los Huaicos. Una postal que busca instalar un nuevo relato de gestión en medio del ocaso político que dejó la contundente derrota del 11 de mayo. Pero lo que se presenta como un gran “avance” urbano, es también una cortina de asfalto para cubrir una serie de preguntas que el oficialismo jujeño nunca quiso responder.
¿Cómo es que ahora hay obras sin tasa vial, en un contexto inflacionario que se profundiza mes a mes? ¿Por qué meses, con un impuesto específico y un mega crédito para la infraestructura urbana, no se ejecutaron mejoras de esta magnitud? ¿Qué hicieron con los fondos recaudados a través de una tasa que terminó siendo un castigo al bolsillo ciudadano y no una solución?, que hicieron con el crédito? La repavimentación, bienvenida por los vecinos sin dudas, se transforma así en la evidencia más incómoda de una gestión que parece activar solo cuando peligra su legitimidad.
Jorge presume de una obra largamente demorada que bien podría haberse ejecutado durante cualquiera de sus tantas gestiones consecutivas. Pero no: tuvo que llegar el cachetazo electoral para que el pavimento se convirtiera en prioridad. Ni la tasa vial, ni los fondos discrecionales que recibió durante años, ni la coparticipación provincial fueron suficientes para motorizar una obra estratégica hasta ahora. Es ahora —con el cemento en la mira del ciudadano— cuando la municipalidad intenta reconfigurar su alicaída imagen pública.
El gobernador Carlos Sadir, heredero político de Morales, no pierde la oportunidad de culpar al gobierno nacional por el abandono de la obra pública. Sin embargo, la provincia también acumula promesas incumplidas, rutas colapsadas, escuelas sin gas, hospitales en emergencia y contratistas que aún no cobran. En ese contexto, anunciar una repavimentación como si fuera una hazaña épica suena más a marketing que a política seria.
Lo que no se discute es la falta absoluta de rendición de cuentas. El municipio capitalino —uno de los más opacos del país en materia de transparencia presupuestaria— jamás presentó informes detallados de ejecución ni auditorías públicas que justifiquen la demora sistemática en infraestructura urbana. La obra de la avenida Bolivia no escapa a esta lógica: se muestra, se filma, se promociona, pero no se explica. ¿Quién la financia? ¿Qué empresa ejecuta?¿quienes están detrásd e las empresas? ¿Cuánto cuesta realmente? ¿Hubo licitación? Silencio.
Más aún, mientras los vecinos aplauden el avance en Los Huaicos, otros barrios siguen inmersos en el abandono estructural. Calles de tierra, cloacas colapsadas, basurales crónicos y luminarias inexistentes siguen siendo el paisaje cotidiano en zonas populares. No hay equidad territorial en la planificación urbana, solo marketing selectivo y propaganda de gestión.
Raúl Jorge, el intendente que ha convertido a San Salvador en un feudo personal, transita su enésima mutación discursiva. Años atrás defendía créditos e impuestos, luego la tasa vial como un mecanismo justo y necesario. Hoy, sin ella, dice que igual se puede hacer obra. ¿Y entonces? ¿Era o no era necesaria? Lo cierto es que la incoherencia es tan visible como los baches que se tapan a último momento antes de una elección.
En democracia, las obras son un derecho ciudadano, no una dádiva electoral. La ciudadanía las agradece, sí, pero no olvida que durante años los recursos públicos fueron dilapidados sin control, sin planificación y con una impunidad institucional escandalosa. Jorge podrá cortar cintas, pero no podrá borrar el recuerdo reciente de una gestión que ya no enamora.
El cemento no borra la corrupción, ni la repavimentación borra la sospecha. El tiempo de las urnas puso en evidencia que las gestiones eternas terminan por agotarse a sí mismas. Y esta vez, ni el asfalto los salva.