Obtuvo dictamen la denominada ley de Góndolas
Gustavo Ybarra //Con la firma del oficialismo y en medio de la puja del Gobierno por el alza del precio de los alimentos, la comisión de Legislación General emitió dictamen ayer al proyecto de ley que intenta regular la exhibición de productos en las góndolas de grandes negocios y supermercados.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado a pedido del por entonces presidente electo Alberto Fernández, y desde entonces permanecía dormido en el Senado.
Hace poco más de dos semanas, el Poder Ejecutivo decidió incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias, en simultáneo con las quejas del Presidente contra los «empresarios irresponsables» que, dijo, «juegan con los precios de los productos de la canasta básica».
El apuro por desindexar la economía del Gobierno quedó reflejado anteayer en la Comisión de Legislación General del Senado. A pesar del pedido de Juntos por el Cambio para postergar la firma por una semana, el Frente de Todos decidió avanzar con el dictamen.
Hasta el momento, el proyecto podría ser tratado en el recinto de la Cámara alta la semana próxima. No obstante, voceros oficialistas no descartaron que la iniciativa pueda ser incluida en la sesión especial convocada para este jueves a las 12.
Denominada con el ostentoso nombre de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, la iniciativa regula la relación entre proveedores y supermercados.
En una de sus disposiciones más importantes, el proyecto establece que ninguna empresa puede ocupar más del 30% del espacio disponible en una góndola, al tiempo que fija cuotas obligatorias para la exhibición para pequeñas y medianas empresas (25%) y para productos regionales y elaborados por empresas de la denominada economía popular (5%).
Además, en los anaqueles deberán estar presentes al menos cinco marcas o productos de diferentes grupos empresarios sobre cada categoría.
El efecto que busca esta medida es la de fomentar la competencia entre marcas y la de garantizar a las Pymes y empresas familiares o de la economía popular igualdad de oportunidades en los comercios.
Los críticos de la iniciativa sostienen que muchas de sus disposiciones serán de difícil implementación o que, al contrario del efecto que se busca alcanzar, provocará un aumento de costos que se trasladarán a precios.
