Provincias con mayor desigualdad en el ingreso tienen mayores tasas de delito

Región Norte Grande.com.ar  El trabajo fue realizado por Ana María Cerro, directora Instituto de Economía, y por Carolina Ortega Masagué, profesora de Econometría, de la Universida Nacional de Tucumán (UNT).

Según diversas encuestas de opinión, el delito es uno de los problemas públicos que más ha preocupado a los argentinos en los últimos años. Lejos de mejorar, este problema se ha agravado con el tiempo. De acuerdo a las estadísticas oficiales la tasa de delito de Argentina, definida como el número de delitos reportados por cada 10.000 habitantes, aumentó de 79,9 en 1980 hasta 329,8 en 2008, cuadriplicando su valor en estos casi 30 años.

Más grave aún es que los delitos con violencia aumentaron a una tasa significativamente mayor, incrementando como consecuencia su participación en el total de delitos. Lamentablemente las estadísticas oficiales dejaron de publicarse en el año 2008.

Sin embargo, estadísticas no oficiales comparables (encuesta de Victimización realizada por la Universidad Di Tella) dan cuenta de que este problema se agudizó en el período 2008-2013, superando los 400 delitos por cada 10.000 habitantes, lo que echa por tierra la hipótesis de que la inseguridad es una mera sensación generada por los medios de comunicación.

Los factores

Para tratar de explicar el incremento en la delincuencia hicimos uso del análisis económico del delito, que plantea que las personas que deciden llevar adelante actividades delictivas lo hacen racionalmente, basado en un análisis de costo beneficio en el que entran en juego dos tipos de factores: el factor disuasión y el factor socio-económico.

El primero está relacionado con la probabilidad de ser arrestado o condenado, es decir, apunta al rol de la Policía y la Justicia en la disuasión de las actividades delictivas. El segundo reconoce la importancia del contexto macroeconómico y social que genera un ambiente más o menos proclive al delito y que se refleja en variables como el ingreso per cápita, la tasa de desempleo, la desigualdad del ingreso, entre otras. Si las tasas de delito respondiesen principalmente a estos factores, las autoridades del gobierno podrían reducir el delito actuando sobre dichas variables.

Sin embargo, ello podría no ser suficiente ya que una vez que las personas se inician en actividades delictivas evaluando los factores antes citados, es muy probable que, aunque estos cambien, las personas no abandonen las actividades delictivas, ya que se “especializaron” en ese accionar, haciendo que las tasas de delito persistan en el tiempo.

La idea de persistencia del delito parte de la base de que las personas poseen un capital humano que puede utilizarse en el sector legal o ilegal de la economía, y que dicho capital humano se incrementa o disminuya mediante su participación en actividades legales o ilegales. El capital humano legal puede incrementarse también mediante la inversión en educación y en salud, entre otras.

Crisis y delito

Situaciones de crisis económicas pueden motivar a que una persona se inicie en actividades ilegales. Una vez superada la crisis, es posible que la persona continúe en actividades delictivas debido a que durante el tiempo en el que participó en esas actividades su capital humano legal se depreció, mientras que su capital humano ilegal se incrementó, lo que dificulta su inserción o reinserción en actividades legales.

Si este fuera el caso, las autoridades de gobierno deberían evitar que los individuos se inicien en actividades delictivas incentivando la inversión en capital humano legal, fundamentalmente en educación, mediante la promoción de una tasa de retorno al capital humano legal lo suficientemente elevada y la disminución de los costos de tal inversión.

Para probar la importancia de estos efectos, utilizamos datos de las provincias argentinas en el período 1980-2008. Clasificamos a los delitos en delitos contra la propiedad (robos con violencia, hurtos y otros delitos) y contra las personas (totales y homicidios dolosos) ya que las motivaciones pueden diferir según el tipo de delito que se trate.

Tal y como esperamos, el resultado de los análisis econométricos muestran que el efecto disuasión es relevante y da cuenta que, cuanto mayores son las tasas de arresto y sentencia, menores son las tasas de delito, lo que apunta a la importancia del accionar de la Policía y de la Justicia en la prevención del delito.

En cuanto a las variables socio-económicas, el efecto del ingreso per cápita depende del tipo de hechos. La tasa de delitos contra la propiedad crece al aumentar el ingreso per cápita, lo que indica que aquellas provincias más ricas y, por ende, más atractivas para los que delinquen, tienen mayores tasas de delito contra la propiedad.

Sin embargo, para una provincia con un determinado nivel de ingreso per cápita, el crecimiento económico tiende a reducir la tasa total de delitos y más específicamente de delitos contra la propiedad. También encontramos una relación positiva entre la desigualdad del ingreso y la tasa de delitos, es decir que aquellas provincias con mayor desigualdad del ingreso presentan mayores tasas de delito. Por último, una mayor tasa de desempleo tiende a aumentar la tasa de delitos totales y de delitos contra la propiedad.

Permanencia

Luego de neutralizar el efecto de estas variables socio-económicas e institucionales, encontramos que los cambios en las tasas provinciales de delito son persistentes en el tiempo. Esto es, ocho de cada 10 personas que, ante situaciones desfavorables, se inician en el delito, permanecen en estas actividades después de un año de superadas dichas situaciones.

Por tanto, el aumento de la tasa de delito en un momento dado tiene efectos que van más allá de ese momento y que perduran en el tiempo. La persistencia de los efectos de un cambio en la tasa de delito varía según el tipo, siendo muy inferior en el caso de hurtos que en el caso de robos, lo cual es consistente con la hipótesis de que los hurtos requieren menos especialización y por ende menos capital humano ilegal que los robos y, por tanto, el paso desde actividades de hurto a actividades en el sector de trabajo legal es más fácil que en el caso de robos.

Estos resultados sugieren que en la lucha contra la delincuencia, si bien es de vital importancia mejorar el desempeño de la Policía y la Justicia, o mejorar el ingreso de las personas o la desigualdad en la sociedad, puede no ser suficiente.

Las políticas deben estar también destinadas a prevenir las actividades delictivas evitando que las personas se inicien en actividades ilegales, por ejemplo incentivando la inversión en educación, ya que una vez que las personas se iniciaron en ellas podrían no tener incentivos a abandonarlas.