OSPRERA: la Justicia le frenó la mano a Milei y el campo prendió la alarma

Perico Noticias // En el mapa real del país —ese donde la gente se levanta de noche para ir al surco, al tambo, al empaque, al ingenio o a la zafra— la salud no es una discusión “técnica”: es supervivencia. Por eso la noticia golpea fuerte en el ambiente rural: el juez Sebastián Casanello dispuso dar por finalizada la intervención de OSPRERA y reponer en la conducción a José Voytenco, con un veedor para la transición y el levantamiento del congelamiento de cuentas. No es un detalle administrativo: es un límite institucional a una avanzada que se vivió como apropiación.

El Gobierno había vendido la intervención como “normalización” y “transparencia” en una obra social gigantesca, con cientos de miles de afiliados (OSPRERA figura como una de las más grandes del país). Ese argumento se apalancó, además, en auditorías y cifras de deuda/rojo financiero difundidas durante el proceso. Pero el fallo que ahora ordena el cierre de la intervención desnuda una contradicción central: si el propio Estado dice que la intervención “saneó” o cumplió objetivos, entonces se termina. Y si no hay avances concretos en la denuncia original que justificó desplazar autoridades, no hay excusa para sostener una conducción de facto.

El trasfondo es lo que en el campo se entiende sin PowerPoint: cuando la política mete mano en la obra social, lo primero que se rompe es la confianza; y lo segundo, la prestación. En una Argentina donde el peón rural vive lejos, viaja más, cobra justo y llega tarde a la guardia, OSPRERA no puede transformarse en un ring de operadores. Y la situación se volvió todavía más tóxica por las denuncias cruzadas sobre supuestas maniobras, vínculos y “mandos políticos” detrás del interventor, que alimentaron la percepción de que había algo más que sanidad: había caja, negocios y poder.

Para Milei, en clave de gestión, esto es un revés con olor a campo: porque el mundo rural puede bancar ajustes, pero no tolera que se juegue con su salud. Para la dirigencia libertaria que se muestra fuerte en redes pero liviana en territorio, este episodio deja una foto incómoda: cuando el Estado se mete sin consensos y sin resultados visibles en la vida cotidiana, la realidad lo devuelve a la puerta del juzgado. Y el golpe no es solo jurídico: es simbólico. En la Argentina productiva, una obra social no es un trofeo. Es el seguro de vida de la fuerza de trabajo.

Ahora viene lo decisivo: que se garantice la transición, que haya auditorías serias, que se publiquen números, que se priorice atención y medicamentos, y que se termine la lógica de facciones. Si la política quiere hablarle al campo, tiene que empezar por lo básico: no se manosea la salud del trabajador rural. Y cuando se cruza esa línea, el campo —callado, paciente, pero implacable— toma nota.