Dice el economista Horacio Rovelli que, con la aprobación de la ley Bases, los especuladores saben que van a «recuperar y con creces los dólares que traigan porque van a ser los dólares que van a traer las inversiones del RIGI».
El economista Horacio Rovelli analizó en diálogo con Conclusión los efectos inmediatos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que el gobierno de Javier Milei envió al Parlamento y que impactarán en la economía de Argentina, luego que los legisladores votaran en el Congreso, «esta patraña como lo es el RIGI», porque apunta a crear una colonia a través de la delegación de plenas facultades al Ejecutivo y beneficios a los que vienen supuestamente invertir.
Se trata de conglomerados económicos y fondos de inversión que administran activos por cientos de millones de dólares y no se presentan como ejército invasor, pero sí como el progreso y la modernidad, cuando propician que la Argentina provea de alimentos, forraje, energía, oro, cobre, litio y demás minerales, convirtiéndola en una mera factoría exportadora.
«El Senado excluyó de la media sanción de Diputados al campo, tras la queja de la Sociedad Rural Argentina, la forestación industrial, la infraestructura, minería, energía, tecnología y turismo. El presidente de la Rural se quejó amargamente de que combinaban este nuevo régimen, del RIGI con otro proyecto, el del blanqueo de capitales, entonces van a devaluar y van a venir a comprar por la mitad de precio la tierra, lo dice Pino el presidente de la Sociedad Rural no yo», planteó Rovelli.
En la misma línea el docente, advirtió, «aún así, esto no da garantía de nada, porque con lo que a ellos les interesa no es ser dueños de la tierra, sino tener la concesión de la explotación, por ejemplo en gas, en petróleo, en litio, en oro, el proyecto tiene estabilidad fiscal por 30 años, ellos en menos de 30 años vacían una mina de oro, de cobre, de plata con el petróleo y con el gas, van a seguir pero tienen 30 años de ventaja para sacar lo que quieren, no hay ningún tipo de control porque es como un estado dentro de otro estado».
«Al crearse este régimen, se crea un directorio que lo administrará y estará presidido por el gobierno nacional, es más, es inconstitucional porque viola el artículo 29 de la Constitución Nacional porque existe una fuerte delegación del Congreso que le permite al poder ejecutivo legislar. El RIGI tiene su propia dinámica, que también viola el artículo 124 de la Constitución que dice que el subsuelo le pertenece a las provincias, después de la reforma de Carlos Menem y Raúl Alfonsín», apuntó el exfuncionario.
En buen romance, explicó el exDirector Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación: «Tenemos un sistema que les da estabilidad fiscal por 30 años y que también afecta a las provincias porque no solamente son los impuestos nacionales, sino que al ser un régimen completo tampoco las provincias le pueden aumentar los impuestos o los derechos a las millonarias inversiones, lo único que se logró es que los proyectos de explotación que comienzan ahora con el sistema RIGI en vez de pagar el 3% de regalía petrolera, pagan un 5%».
Sin embargo, expresó Rovelli,: «Escuché a Martín Ménem cuando salió de la reunión con el jefe de Gabinete Guillermo Franco que van a insistir con el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados Esta norma fue redactado por grandes estudios de abogados y tiene una finalidad específica, darle todo tipo de beneficios, principalmente a la renta petrolera y gasífera. No es casualidad, que lo que está en danza son grandes proyectos de extracción».
El régimen consiste en que sociedades anónimas, principalmente extranjeras y locales como, por ejemplo inversiones hidrocarburíferas, las grandes petroleras (Tecpetrol del Grupo Techint; Pan American Energy de la British Petroleum, asociada a la familia Bulgheroni; Compañía General de Combustible de la familia Eurnekián), conformen una sociedad cáscara que denominan VPU (Vehículo de Proyecto Único) y con inversiones de 200 millones de dólares en adelante, se beneficien con las siguientes características de la ley:
- ausencia de controles sobre el origen de los fondos;
- estabilidad fiscal por 30 años (exentos de abonar impuestos y/o derechos nuevos, solo quedan alcanzados por los actualmente vigentes);
- a partir del cuarto año, la garantían de la libre disponibilidad de divisas (no tienen necesidad de liquidar las divisas en el país);
- al tercer año según la Cámara de Diputados y a partir del cuarto año según la revisión hecha por el Senado, la posibilidad de exportar sin pagar derechos de exportación;
- disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% vigente para todas las empresas, será para los que se adhieran al RIGI del 25%;
- la posibilidad de importar cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que estos deban ser nuevos o usados;
- en el Senado de la Nación se incorporó en el art. 174 que el emprendimiento deberá tener un compromiso de contratación de proveedores locales de un mínimo de un 20% de inversiónsobre el pago total de proveedores. Esto deberá mantenerse en la etapa de construcción y operación; también en el Senado, se circunscribió el RIGI a las actividades foresto industriales, infraestructura, minería, energía, tecnología, y turismo;
- el Estado nacional emitirá certificados de crédito fiscal con los cuales, con saldo de IVA a favor, los inversores no pagaran IVA por su compra de bienes o servicios;
- las VPU adheridas al RIGI pueden demandar al Estado ante la Justicia argentina y, si el fallo no les satisface, pueden reclamar ante el CIADI o árbitros internacionales y/o tribunales extranjeros, cediendo nuestro país la jurisdicción;
- la autoridad de aplicación será el gobierno nacional, por ende, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión, en una delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la Administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales;
- en su art. 162 afirma que cualquier norma o vía de hecho, nacional o local que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados será nula de nulidad absoluta e insanable, por lo que la Justicia deberá en forma inmediata impedir su aplicación;
- en el art.167, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación (Estado nacional), se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, siempre en el enclave del sistema creado.
