La suspensión de Carolina Moisés dentro del Partido y su advertencia de romper el bloque que conduce José Mayans expone una interna que ya dejó de ser “orgánica”: ahora es un riesgo operativo para el peronismo nacional y una señal tóxica para una Jujuy que exige soluciones, no expedientes.
Jujuy enfrenta su tensión más dura: empleo débil, pobreza persistente y “activos” que no se traducen en bienestar. Minería y energía crecen, pero el derrame no llega a la mesa. Sin estrategia productiva real, la política administra cargos mientras la provincia administra urgencias.
Monterrico acelera el orden urbano: el intendente Luciano Moreira sostiene el retiro de vehículos abandonados que ocupan la vía pública. En seis meses ya levantaron más de 120 unidades, respondiendo a un reclamo histórico y reforzando limpieza, circulación y prevención sanitaria.
Una resolución del PJ Jujuy abrió procesos disciplinarios y suspendió de manera cautelar la afiliación de un listado de personas por integrar fuerzas competidoras, y en ese universo aparece un dato políticamente explosivo: figuran autoridades/candidaturas de “La Libertad Avanza” dentro de los anexos. La pregunta ya no es solo ideológica. Es institucional: ¿hubo transfuguismo, “entrismo” deliberado o fallas de control electoral que dejaron pasar un posible vicio de origen?
Máximo empuja a Kicillof al mando del PJ bonaerense y enciende una señal federal: la unidad necesita gestos y programa. En Jujuy, con internas suspendidas y reprogramadas al 24 de abril, el peronismo enfrenta una decisión estratégica: disciplinar tribus o reconstruir mayoría desde una agenda nueva.
El ministro de Minería, José Gómez, anticipó que 2026 podría superar a 2025 en inversión, exploración y producción. Aseguró que habrá más empleo, “fuerte control ambiental” y mayor presencia territorial, con récord de inspecciones y estudios de impacto aprobados para sostener el crecimiento del sector.
Mientras Jujuy exhibe Cauchari como bandera de “cambio de matriz”, el NOA vive cortes masivos y una dependencia estructural: la energía no se gobierna desde la provincia. La demanda contra Transnoa desnuda el problema real: sin red, sin control y sin reglas, no hay soberanía.
Caputo ofrece “compensar” a las provincias por la quita de Ganancias coparticipando el impuesto al cheque. Suena a salvataje, pero tiene fecha de caducidad (2027) y requiere una ingeniería legal compleja. Para Jujuy, el riesgo es firmar un parche y quedarse con el agujero: 4.000 salarios en juego.
La reforma laboral no se discute solo en términos de “flexibilidad” o “modernización”: se discute con la caja en la mano. El capítulo de Ganancias amenaza con recortar recursos coparticipables y empuja a los gobernadores a una trampa: ajustar con despidos, subir impuestos o quebrar el frágil equilibrio fiscal.
Los interventores del PJ Jujuy suspendieron las internas previstas para el 15 de febrero, dieron de baja el proceso en curso y convocaron a una nueva elección para el 24 de abril. Además abrieron expedientes disciplinarios y otorgaron 72 horas para descargos.