Para Cambiemos, la intervención de Vicentin es ilegal y abre paso a una estatización masiva
Los legisladores de Cambiemos sostuvieron que la intervención de la cerealera Vicentin es ilegítima y forma parte de una serie de estatizaciones de todo el mercado agropecuario. «Es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario», comienza un comunicado firmado por las autoridades parlamentarias del principal frente opositor.
Sin ellos, el gobierno tiene mayoría propia en el Senado pero deberá construirla en Diputados con los bloques aliados, donde se hacen sentir los partidos provinciales. Señalaron que «repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone)» y «confirma que las amenazas recientes de la diputada Fernanda Vallejos al final eran compartidas por el resto del frente oficialista».
Se refiere al proyecto para tomar acciones de empresas en crisis anunciado por la diputada kirchnerista, luego desautorizada por el presidente durante un acto en Formosa. «Es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia», concluye el comunicado, que luego enumera 5 puntos para justificar no votar el proyecto que ingresó por el Senado.
El primero es que la ilegitimidad se explica en que «sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de ‘intervención estatal de empresas’, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución».
Consideran, además, que «se pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa». Insisten en que hay una intención de intervenir el mercado de granos con la «excusa» de la «soberanía alimentaria», que definen como «un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas».
«La expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista».
«Se usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas».
«Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos», insisten.
«Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿Qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano», advierten. «Hoy nadie dijo el famoso «¡exprópiese!» chavista, pero la oposición y la sociedad civil deberá estar en pie de alerta», terminan.
