Redacción Perico Noticias // El día después de la polémica aprobación del SEPROSA, un seguro de salud obligatorio que excluye a miles de jujeños de su derecho constitucional a la atención médica gratuita, la provincia fue testigo de un operativo monumental en la región de la Puna, con la movilización de 220 efectivos policiales y fuerzas especiales, bajo la excusa de investigar presuntas maniobras ilícitas relacionadas con la extracción de oro. Sin embargo, este despliegue masivo parece más una estrategia de distracción que una búsqueda genuina de justicia.
Un Golpe a los Derechos Humanos
Con la aprobación del SEPROSA, Jujuy se convierte en la primera provincia argentina en privatizar el acceso a la salud, dejando a los ciudadanos sin cobertura médica a menos que puedan pagar cuotas que oscilan entre los $30.000 y $50.000 mensuales, según admitió el propio diputado Rubén Rivarola, presidente del PJ y dueño de una exitosa clínica privada que se beneficia directamente de esta medida. En palabras del legislador: «El costo es el de un par de gaseosas.»
El hecho no solo representa una violación a la Constitución Nacional y Provincial, que garantiza la salud como un derecho universal, sino también un ataque directo a los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. Juristas de renombre han calificado esta acción como un delito institucional, que debería desencadenar la intervención del Ministerio Público Fiscal y, en última instancia, una intervención federal sobre los tres poderes del Estado en Jujuy.
Un Operativo que Huele a Cortina de Humo
En paralelo, el gobierno provincial llevó a cabo un operativo sin precedentes en la Puna, en el que se movilizaron cientos de efectivos para investigar un presunto esquema ilícito de extracción de oro. Aunque la maniobra fue presentada como un golpe a la delincuencia organizada, su timing y magnitud generan sospechas: mientras los titulares se centraban en el despliegue, el impacto del SEPROSA quedaba relegado al segundo plano.
Los recursos destinados al operativo en la Puna contrastan con la inacción judicial frente a la aprobación del SEPROSA, que según estimaciones, significará una transferencia directa de $20.000 millones de los ciudadanos hacia un sistema de salud excluyente y privatizado.
La Justicia: Dos Varas, Un Silencio
La comparación entre los dos hechos no podría ser más evidente. Por un lado, un supuesto delito vinculado a la minería artesanal genera una movilización masiva de recursos estatales. Por el otro, una violación flagrante de los derechos humanos y constitucionales, que afecta a miles de jujeños, no merece ni una sola acta labrada ni una investigación judicial. Para la justicia provincial, parece que algunos delitos son más «dignos» de atención que otros, incluso cuando los damnificados se cuentan por millares.
Rubén Rivarola y la Confesión que Indigna
La figura del diputado Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, se erige como un símbolo de la impunidad política que atraviesa la provincia. Al admitir públicamente que su clínica privada está lista para recibir a quienes no puedan acceder al sistema público, Rivarola pone en evidencia un conflicto de intereses de proporciones alarmantes. Esta declaración debería bastar para iniciar una investigación por incompatibilidad de funciones y abuso de poder, pero en Jujuy, la justicia parece mirar hacia otro lado.
Un Reclamo de Intervención Federal
La exclusión de los jujeños de su derecho a la salud no es solo un problema local; es una crisis nacional que pone en jaque los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos. La inacción del poder judicial y la complicidad de los legisladores que votaron a favor del SEPROSA son razones suficientes para que el gobierno nacional evalúe la posibilidad de una intervención federal que restituya las garantías constitucionales en la provincia.
Justicia Selectiva, Ciudadanos Abandonados
Mientras las bombas de humo en la Puna desvían la atención, miles de jujeños quedan desprotegidos, obligados a elegir entre pagar un sistema privatizado o renunciar a su derecho fundamental a la salud. Este episodio no solo refleja la decadencia institucional de Jujuy, sino también la urgencia de un cambio profundo que priorice a los ciudadanos por encima de los intereses políticos y económicos.
«En Jujuy, la justicia se despliega para buscar oro en la Puna, pero deja a miles de ciudadanos abandonados en su lucha por la salud. Este no es solo un problema provincial; es una advertencia para todo el país.»
