Por Osvaldo Cornide
Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

La Ley de Abastecimiento no es nueva en la Argentina. Fue sancionada hace 40 años, en 1974, con el número 20.680.

Pero desde su implementación, las únicas víctimas reales de esa normativa, fueron las PYMES. Durante décadas las pequeñas y medianas empresas de todo el país sufrieron las clausuras arbitrarias, la fijación de precios máximos, y los cierres intimidatorios de la AFIP (en aquellos momentos DGI) que se valió de esa legislación para perseguir por temas impositivos a las empresas más vulnerables, dejando inmunes a los grandes evasores.

En los archivos históricos y en la memoria de miles de PYMES todavía están gravadas las persecuciones de Carlos Tachi entre 1991 y 1995, y los abusos posteriores de Carlos Silvani, cuando realizaba rimbombantes operativos de clausuras indiscriminadas sobre las PYMES. Fueron cientos y cientos de clausuras que se hicieron en los 90 con el único criterio de cumplir metas de cierres por mes, sin mediar en el daño causado.

Intocables

Paradójicamente en todos los años transcurridos desde la vigencia de la Ley de Abastecimiento, los grandes grupos económicos, que son los verdaderos formadores de precios, los que maximizan su renta inescrupulosamente, nunca fueron afectados. Y menos intimidados como lo fueron las PYMES.

Así, mientras las entidades representativas de los grandes grupos callaban, CAME realizó caravanas de protestas hacia el Congreso Nacional con la presencia generalizada de empresarios de todo el país, y actos masivos en el Luna Park solicitando derogar la ley, una ley que avasallaba a las PYMES y omitía a quienes realmente debía controlar.

En 40 años, ninguna entidad se opuso a las clausuras arbitrarias de la Ley de Abastecimiento como lo hizo CAME.

Hoy, la vieja ley 20.680 vuelve discutirse y despierta una oposición casi generalizada. Se oponen las entidades empresarias, se oponen las entidades no empresarias, se oponen las grandes empresas.

Pero se omite una realidad. En la Argentina hay decenas de grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las PYMES y los consumidores.

Sobra evidencia. Sobran ejemplos. Una sola empresa del país controla la producción de chapas, y una sola empresa controla la producción de polietileno, que es un insumo clave para la industria plástica donde se producen por ejemplo, los envases para los productos que consumimos diariamente. Y hay más: una sola empresa en la Argentina controla la producción de aluminio, cuatro empresas controlan la producción de cemento, una empresa controla el 80% de la producción de panificados, y sólo dos controlan el 82% de la producción de leche.

Se puede continuar enumerando casos de concentración: dos empresas controlan el 60% del mercado de galletitas, cuatro empresas controlan el mercado azucarero, dos empresas controlan la producción de gaseosas, tres se reparten el mercado de cervezas, cuatro controlan el 83% del mercado de productos de limpieza, y cinco cadenas de hipermercados se reparte buena parte de las ventas minoristas del país.

Estado fuerte

El daño es mayor cuando se repara en la pérdida preocupante de calidad de los servicios públicos que se brindan a la población. Cortes de luz, de agua, de gas, demoras y saturación en los medios de transporte público, o la cada vez peor calidad en las señales de telefonía móvil.

En cualquier país donde existen grupos monopólicos u oligopólicos el Estado debe actuar en defensa de los usuarios y de las PYMES, que son las víctimas reales de la fijación de precios y de la búsqueda de rentas extraordinarias de esos grandes actores. O bien: ¿qué se hace cuándo los servicios públicos básicos no funcionan? ¿O cuándo un hipermercado vende a $10 lo que compra a $1?

Pero hay un hecho que es indiscutible: las PYMES deben ser excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones del Estado. Porque las PYMES no son formadoras de precios, y constituyen uno de los mercados más transparentes de la economía.

El 99% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas. No hay ninguna PYME en la Argentina que ejerza posición dominante en un producto o sector. Todas compiten con todas, no hay clientes cautivos, y menos abusos de precios porque ante cualquier arbitrariedad, los usuarios castigan cambiando de empresa.

Tener un Estado fuerte es una de las bases del desarrollo. Pero ese Estado necesita ser eficiente. Y para ser eficiente, las modificaciones a la Ley de Abastecimiento deben, sí o sí, preservar a las PYMES.