Peajes: ratificaron la denuncia penal contra Macri, Dietrich e Iguacel

 Peajes: ratificaron la denuncia penal contra Macri, Dietrich e Iguacel
Legisladores del FpV-PJ sostienen que “se busco despojar al Estado nacional de 500 millones de dólares y traspasárselos socios comerciales del presidente Macri”.
Diputados nacionales del FpV-PJ ratificaron en Comodoro Py la denuncia presentada contra el presidente Mauricio Macri y a los ministros Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, por la maniobra que -sostienen- se busco despojar al Estado nacional de 500 millones de dólares y traspasárselos a Ausol, Sideco Americana y otros socios comerciales del presidente Macri.

Según los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- “simuló una demanda contra el Estado nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”.

Además, sostienen que, por decisión de Dietrich e Iguacel, y “sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el estado arregló con la empresa por 499 millones de dólares”.

Asimismo, denuncian que los funcionarios les otorgaron a los socios comerciales del presidente (Ausol, Sideco Americana, Impregilo, Abertis, GCO y otros) nuevos contratos de concesión “en favor de sus socios comerciales sin llamado a licitación ni concurso público de precios, y con cláusulas abiertamente leoninas en detrimento de los intereses del Estado nacional y en beneficio económico, exclusivo y excluyente, de esas empresas”.

Entre los beneficios entregados a las empresas en los nuevos contratos de concesión los diputados cuentan: los incrementos tarifarios desmedidos, las nuevas bandas horarias, la eliminación de riesgos empresarios (como el volumen de tránsito y el costo y programación de obras), y la retención indebida de los fondos provenientes del Recurso de Afectación Específica (RAE).

En la ampliación los diputados piden que se convoque a prestar declaración testimonial a Julieta Ripoli, exjefa de la División Concesión de Obras y Servicios Públicos, quien afirmó en medios televisivos que las condiciones de los contratos fueron dictadas por los abogados de Ausol.

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