Perico al borde del colapso: intendente y concejales juegan a la política mientras 2.000 sueldos municipales asfixian a una ciudad en crisis

En Perico no hay debate estratégico. Hay circo.
El intendente Rolando Ficoseco veta la ordenanza de pase a planta permanente aprobada por la mayoría de “sus” propios concejales y ensaya una frase de potrero –“no se metan en mi cancha”– como si la ciudad fuese su club privado y no una comunidad al borde del colapso económico.

La escena es grotesca: el mismo intendente que en campaña prometía ordenar la administración municipal hoy se atrinchera detrás del veto, mientras un Concejo Deliberante que arrastra denuncias por presunto cohecho se dispone a insistir con los dos tercios; se descuenta. La Carta Orgánica es clarísima: el Art. 51 otorga al Concejo la potestad sobre nombramiento y clasificación del personal; el Art. 14 obliga al intendente a hacer cumplir esa misma Carta Orgánica y a administrar con rigor el patrimonio municipal. Si el Concejo insiste, el veto queda reducido a gesto político. Puro humo.

Lo serio no es el veto.
Lo grave es lo que nadie quiere discutir.

Mientras intendente y concejales se cruzan chicanas por una planta de casi 2.000 empleados –de los cuales no todos podrían acreditar tareas efectivas–, Perico atraviesa una recesión brutal:

• más de 150 puestos de trabajo perdidos en el sector formal privado entre la planta de proceso de Masalim y personal administrativo,
• más de 35 comercios bajando la persiana en lo que va del año,
• caída del consumo, endeudamiento familiar al límite y una presión fiscal municipal que no se condice con los servicios que recibe el contribuyente.

En paralelo, el Parque Industrial vende la quimera de una planta química “generadora de empleo”, con mayoría de mano de obra extranjera y riesgo de contaminación inédita. Ni el Concejo pidió estudios serios de impacto, ni la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, exigió el cumplimiento estricto del plan ambiental que ordena la Constitución. Silencio cómplice. Omisión sistemática.

En ese contexto, seguir engordando la planta municipal por deudas políticas es un delirio.
En la Argentina de la “motosierra” discursiva, Perico sigue anclada al paradigma más viejo del clientelismo: premios de planta permanente como moneda de pago electoral mientras el sector productivo se desangra.

Con los mismos 2.000 millones de pesos que se proyectan para sueldos municipales podría impulsarse un programa agresivo de desarrollo local:

• 20 pymes nuevas por mes,
• fondos rotatorios con trazabilidad digital,
• tercerización competitiva de servicios con fuerte control ciudadano en línea,
• metas de productividad para cada peso que sale de las arcas municipales.

Eso se llama política pública moderna. Lo demás es sueldocracia.

Ni el intendente con su veto, ni los concejales con su insistencia aportan una sola idea sobre productividad del capital humano, reconversión administrativa, auditoría digital o rediseño del gasto. Nadie habla de medir horas efectivas de trabajo, de cruzar legajos con tareas, de digitalizar procesos para reducir costos. Nadie plantea una ingeniería administrativa seria que permita priorizar salud, seguridad urbana, infraestructura y empleo privado genuino.

La dirigencia política de Perico –Ejecutivo y Concejo por igual– está fuera de contexto histórico y económico.
Discuten como si el país no estuviera en default social, como si la ciudad no estuviera perdiendo empresas, talentos y comercio día tras día. Siguen administrando como en los ’90, pero con una sociedad empobrecida, cansada y sin margen para financiar privilegios.

Perico Noticias sostiene que el debate que viene no es quién gana esta pulseada entre veto e insistencia.
El debate de fondo es si una comunidad golpeada está dispuesta a seguir sosteniendo una estructura estatal de 2.000 empleados, opaca, politizada y de baja productividad, mientras el sector privado se hunde y la recaudación se vuelve un torniquete sobre vecinos y comerciantes.

En un tiempo de recursos escasos, cada peso que se gasta en un cargo improductivo es un peso que se le niega a una pyme, a un crédito productivo, a un servicio público esencial o a un programa serio de empleo joven. Pretender que “no se metan en mi cancha” es, simplemente, no haber entendido nada.

Perico no necesita más planta.
Necesita más trabajo privado, más inversión, más control y menos casta municipal.
Si la política no se pone a la altura, el costo no lo pagarán los concejales ni el intendente: lo pagará, otra vez, el contribuyente que ya no puede más.