Perico al límite institucional: el escándalo de cohecho podría abrir juicio político, derivar en intervención y dejar al Ejecutivo al borde del colapso

Perico Noticias, 7 de febrero del 2026 //El expediente que involucra a ex-concejales (3), concejales en funciones (2), al jefe del Ejecutivo municipal y a la ex Secretaria de Planificación, ya no es solo una crisis de imagen: por su volumen político y penal, podría escalar a juicio político, sanciones de fondo y un esquema de gobernabilidad transitoria definido fuera de Perico hasta el próximo turno electoral (intervención).

Perico atraviesa un punto de inflexión. Si las actuaciones judiciales y la evidencia técnica avanzan en la dirección que hoy se proyecta -notificaciones judiciales giradas a sujetos denunciados-, la ciudad podría ingresar en una secuencia institucional excepcional: juicio político a concejales implicados, máxima presión sobre el intendente y eventual intervención política de hecho sobre la conducción local.

En este tablero, el foco más sensible queda en el Poder Ejecutivo: no solo por la centralidad administrativa, sino porque cualquier confirmación de irregularidades en decisiones, autorizaciones o vínculos con intereses privados comprometería directamente la legitimidad de gestión y su continuidad política efectiva. Pero también esta severamente implicado el empresario que delataron los audios.

De crisis política a crisis de régimen local

Lo que comenzó como denuncia penal y cruce interno (Jujuy Crece) puede transformarse en algo mayor: una crisis de régimen municipal. Si se configuran responsabilidades institucionales graves, el proceso podría combinar dos carriles simultáneos:

1. Carril político-institucional
   • Activación de mecanismos de juicio político o remoción en los ámbitos que correspondan.
   • Reemplazos en el Concejo para sostener funcionamiento administrativo y normativo.
   • Reconfiguración de mayorías y bloqueos de gobernabilidad.
2. Carril penal
   • Imputaciones individuales según rol y prueba.
   • Posible elevación a juicio oral.
   • Eventuales condenas con penas de cumplimiento efectivo, incluyendo prisión, si los tipos penales se acreditan en sentencia firme.

El escenario de alta gravedad que ya se discute

Dada la magnitud del caso, empieza a tomar forma una hipótesis dura: un gobierno local debilitado o desplazado, con conducción transitoria definida por instancia superior hasta las próximas elecciones, considerando que —por calendario— no habría margen real para adelantar comicios.

Ese formato no elimina responsabilidades: las ordena.
El Concejo puede recomponerse con reemplazos legales, pero quien resulte imputado o condenado no se “licua” en el recambio político. La responsabilidad penal es personal y no se negocia con ingeniería institucional.

La línea roja

En una democracia local, hay una frontera que no admite maquillaje:
si se prueba cohecho, hay que remover, juzgar y sancionar.
Sin atajos. Sin pactos de silencio. Sin administración del escándalo.

Perico necesita una salida con tres condiciones de calidad:

• Verdad procesal (prueba seria, tiempos razonables, garantías).
• Responsabilidad política inmediata (licencias, apartamientos, colaboración total).
• Continuidad institucional limpia (servicios, pagos, obras y control ciudadano sin parálisis).

Lo que está en juego

Ya no se debate solo un expediente. Se debate el futuro de la autoridad pública en la ciudad.
Si esta crisis se maneja como interna partidaria, Perico pierde una década.
Si se asume como crisis institucional y se actúa con firmeza, puede nacer un nuevo estándar: el que usa el cargo para negociar favores, se va; el que daña al Estado, responde; y el que daña, paga.