El pueblo de Perico asiste atónito a una escena que combina lo trágico y lo grotesco. Mientras cinco concejales están imputados por asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, los mismos ediles sesionan en un edificio “nuevo” y millonariamente presupuestado… que apenas alcanza para una mesa familiar donde se amontonan, sin lugar para secretarios, sin prensa, sin novena banca y sin espacio para el público que debería presenciar el debate democrático.
¿En qué clase de ciudad pujante, motor productivo de la provincia, se puede justificar un gasto millonario para construir una sala de sesiones que parece salida de la improvisación más infantil? ¿Qué hicieron con esos fondos? La prensa oficial lo vendió como “un moderno edificio legislativo”, pero la realidad desnuda la estafa: un espacio ridículo, una caricatura del poder legislativo local que se ha convertido en burla provincial.
A la par del bochorno edilicio, los audios que circulan en la justicia exhiben el costado más oscuro: concejales que en voz baja piden la renuncia del intendente, mientras lo señalan como partícipe necesario del escándalo del Centro Comercial San José, licitación que él mismo debió declarar desierta. Pero aunque todos intenten salvarse hundiendo al otro, lo cierto es que el Concejo Deliberante y la Intendencia comparten la misma mancha: falta de rendiciones, ausencia de controles, fraude a la confianza de los periqueños y complicidad política.
No existe oficina anticorrupción en Perico porque el intendente la vetó, y los concejales —lejos de defender a los vecinos— ni siquiera insistieron con los dos tercios que la hubieran reinstalado. Tampoco existe fiscal municipal que actúe como garante de los ciudadanos frente a las irregularidades del poder. ¿Qué nos queda entonces? Un sistema político municipal donde nadie defiende al pueblo, pero todos protegen sus privilegios.
La sala de sesiones del Concejo Deliberante, construida con millones, es la prueba material del fraude: la maqueta de la impunidad. Perico necesita instituciones serias, transparentes, modernas y comprometidas con el desarrollo de una ciudad que aporta millones al erario provincial. Lo que hoy existe es la parodia obscena de un poder legislativo y ejecutivo que han confundido la representación del pueblo con el saqueo de la confianza ciudadana.