Perico Noticias, 17 de enero del 2026 // En el fondo, la discusión no es “carnaval sí o no”. Es Estado de Derecho o discrecionalidad, planificación o improvisación. Existe una ordenanza N.º 1887/25 que establece que los corsos no pueden hacerse en Avenida Belgrano por razones de congestión, seguridad y circulación, y porque la Belgrano no es una calle cualquiera: es vía estratégica con accesos centrales y conexión hacia el Hospital Arturo Zabala, SAME, bomberos y fuerzas de seguridad. Si se ignora la normativa: es incumplimiento y, si algo sale mal, es responsabilidad política y administrativa.
Lo que agrava el cuadro es el mensaje que emiten ambos poderes en una ciudad golpeada: mientras el mundo discute un cambio de orden global y Argentina transita el ajuste más severo en décadas, Perico ve a sus autoridades concentradas en una pulseada estéril que no crea empleo formal, no baja tasas, no reactiva ventas generales y no protege el bolsillo. Con comercios cerrando y otros congelados en el borde del quiebre, la agenda municipal debería estar enfocada en reactivación comercial, alivio tributario inteligente, seguridad, control del gasto, planes de contención y promoción social -sobre todo enfocados en la juventud como recurso estratégico-. El debate del corso, así planteado, parece más un síntoma: cuando no hay plan, se monta escenario.
Por eso la frase que recorre la calle pega fuerte: “El corso son los funcionarios: los dos poderes que no funcionan y no entienden la coyuntura, sus anteojeras limitan la realidad”. No es odio a la fiesta; es hartazgo con una dirigencia que pretende instalar un “circo romano” para tapar falta de gestión. Si la ordenanza marca un criterio y la política decide torcerlo, no hay épica cultural que lo cubra: hay que ver quienes violan la ordenanza, quién se hace cargo y qué sanciones o consecuencias institucionales corresponden. La fiesta, si es seria, se organiza delegando, profesionalizando, licitando servicios donde corresponda y cuidando seguridad y tránsito. Lo otro es improvisación cara.
Y en este punto aparece el interrogante que Perico tiene derecho a formular: con un municipio que carga sospechas históricas de corrupción y una economía local drenada por múltiples vías —plataformas que se llevan liquidez, compras fronterizas, excursiones a países vecinos y el frío recargado por la paralisis cognitiva del poder—, ¿la discusión por el lugar del corso es solo torpeza o es caja? Porque mientras en el Senado se discuten reformas que podrían recortar fondos y empujar a los municipios a subir tasas o ajustar servicios, Perico no puede permitirse ni un peso mal usado, ni una decisión por fuera de la norma. Si el corso va a hacerse, que sea con legalidad, transparencia, seguridad y prioridad social. Todo lo demás es ruido… y el ruido no paga sueldos, no salva comercios y no ayuda a llegar a fin de mes.
No hay “sesión especial” que aguante la lógica básica del Estado de Derecho: el propio Concejo ya legisló el tema. La Ordenanza N° 1.887/2025 prohíbe “de manera absoluta” cortar Av. Gral. Belgrano, Gral. San Martín, Malvinas Argentinas, Congreso y calle España para eventos “deportivos, políticos, sociales y culturales”, justamente por seguridad, circulación y accesos sensibles como ambulancias y SAME. En ese marco, discutir “dónde será el corso” como si no existiera norma es admitir una falla de gestión: o la cumplen y ordenan el evento en zonas habilitadas, o confiesan que la ordenanza fue un acting para la tribuna.
Y si mañana “salvan” la contradicción con una nueva ordenanza para habilitar lo que la 1.887 prohíbe, la pregunta es devastadora: ¿para qué votaron la 1.887 el año pasado? Si la norma se modifica cada vez que incomoda, deja de ser regla y pasa a ser decorado. El mensaje a Perico sería letal: no gobierna la ley, gobierna la coyuntura; no manda la planificación, manda la caja y el apuro. Y ahí, sí: el “corso” no está en la calle… está adentro de los dos poderes, actuando como si administrar fuera improvisar.
