Piden el desafuero y la detención del diputado Julio De Vido

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este martes la detención del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, y de su excolaborador Roberto Baratta en una causa que investiga el presunto desvío de fondos de la minera de Río Turbio.

El dictamen, que fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, incluye un pedido de desafuero del legislador del FpV-PJ para que se pueda proceder a su detención, y solicita más de una decena de detenciones.

En el caso de De Vido, como es diputado nacional, si el juez hiciera lugar a lo solicitado por el fiscal, debería pedir el desafuero al Congreso antes de ordenar un eventual arresto, como lo establece la Ley de Fueros (25.320).

De Vido, como ministro de Planificación, y Baratta, quien fuera subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, firmaron cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello en la actualidad está totalmente abandonado.

Stornelli sospecha que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron más de 26 mil millones de pesos de fondos públicos. La denuncia se realizó en 2016 por el abogado Santiago Dupuy De Lome.

La situación judicial del exministro ya tuvo repercusión el año pasado cuando un juez quiso allanar su domicilio e interpuso sus fueros para impedirlo. Tras varias semanas el tema fue finalmente aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de junio, al cabo de una fuertísima discusión, con duras acusaciones cruzadas entre todos los bloques políticos.

Ese allanamiento estaba relacionado con una causa que investiga supuestas irregularidades en la compra de materiales ferroviarios, y el allanamiento de su domicilio fue aprobado por 137 votos positivos, 49 negativos y una sola abstención, la del propio De Vido. La votación reflejó además una quiebra en el Frente para la Victoria -de 76 integrantes- que sufrió numerosas ausencias. Entre ellas, la de los diputados del Movimiento Evita.

En esa oportunidad, el oficialismo argumentó que “lo único que pretendemos es permitir que el juez federal Luis Rodríguez avance con la investigación y más pronto que tarde pueda llegar a una conclusión definitiva acerca de si hubo o no delito”. El diputado Pablo Toneli aclaró en esa oportunidad que “esta autorización no implica” quitarle los fueros a De Vido, que “el diputado mantiene su condición de tal y todos los privilegios” y que además “no prejuzga acerca de si es o no culpable” del delito de enriquecimiento ilícito.

Desde la vereda de enfrente, el kirchnerismo salió a defenderlo a través de Diana Conti, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien denunció un “acto de onanismo público” de “bajeza institucional” que busca “degradarnos institucionalmente (a los legisladores) frente a los otros poderes del Estado, frente a los cuales tenemos una paridad y un orgullo de pertenecer”.

Más allá de eso, la diputada rechazó que sea necesaria una resolución de Diputados para que el magistrado pudiera avanzar con el allanamiento. “Los jueces sabes cuáles son las leyes y la Constitución; saben que si tiene que allanarnos, lo anuncian a las Cámaras (…) Los jueces saben que lo pueden hacer”, aseguró.