La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) ha encendido las alarmas frente a la posible derogación del régimen de importación de bienes de capital usados, establecido originalmente por la Resolución 909/94. En una nota dirigida al Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, la entidad expresó su preocupación por los efectos negativos que esta medida podría tener sobre la industria nacional y el desarrollo tecnológico del país.
¿Qué regula el régimen actual?
El régimen vigente impone condiciones claras para la importación de bienes de capital usados. En términos generales, se divide en tres categorías:
- Bienes sujetos a autorización previa (Anexo I): Requieren un Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un procedimiento diseñado para evaluar si la importación afectaría a la industria nacional que ya produce dichos bienes.
- Bienes prohibidos (Anexo II): Incluyen maquinarias específicas para sectores clave como el agrícola, energético, de la salud, construcción y transporte.
- Bienes exceptuados (Anexo III): Pueden ser importados sin necesidad de tramitar el CIBU.
Este sistema ha permitido, durante décadas, equilibrar las necesidades de importación con la protección de la producción local, garantizando un mercado competitivo que prioriza la calidad y la seguridad.
¿Por qué preocupa la derogación del régimen?
La posible eliminación del régimen plantea una serie de riesgos para la economía y la industria nacional:
- Desaliento a la inversión en tecnología local:
Al permitir la libre importación de bienes usados sin restricciones, los fabricantes locales podrían enfrentarse a una competencia desleal. Equipos importados a precios bajos, pero obsoletos o en condiciones cuestionables, pueden desplazar la demanda de bienes de fabricación nacional, reduciendo los incentivos para invertir en tecnología y desarrollo local. Ejemplo: Un productor argentino de maquinaria agrícola podría perder ventas frente a tractores importados usados, más baratos pero tecnológicamente inferiores, lo que afectaría su capacidad de seguir innovando y sosteniendo empleos calificados. - Impacto en la calidad y seguridad:
La falta de regulación también podría traducirse en la entrada de bienes usados en mal estado, con estándares de seguridad inferiores o no aptos para el mercado local. Esto no solo afectaría a los usuarios, sino también a sectores estratégicos que dependen de equipamiento confiable y actualizado. Ejemplo: En el sector de la salud, la libre importación de equipos médicos usados podría poner en riesgo la calidad de los diagnósticos o tratamientos, comprometiendo la seguridad de los pacientes. - Deterioro de la competitividad industrial:
La eliminación del régimen impactaría en las empresas locales que compiten con importaciones más económicas, pero que no ofrecen garantías en cuanto a calidad o rendimiento. Esto podría derivar en la pérdida de empleos, el cierre de fábricas y un retroceso en el desarrollo industrial. Ejemplo: Empresas de construcción nacionales que producen grúas o maquinaria especializada podrían enfrentar dificultades para competir con equipos importados usados, aunque estos sean menos eficientes y tengan un mayor impacto ambiental. - Efectos colaterales en sectores clave:
Sectores como el transporte, la energía y la construcción, que dependen de bienes de capital avanzados, también podrían sufrir las consecuencias de la derogación, al incorporar equipos que no cumplan con los estándares actuales de eficiencia y sostenibilidad. Ejemplo: En el sector energético, el uso de turbinas usadas y obsoletas podría aumentar los costos de operación y mantenimiento, afectando la eficiencia de los proyectos.
El pedido de ADIMRA: proteger la industria nacional
Desde ADIMRA, se reconoce que el régimen puede ser mejorado y actualizado para adaptarse a los tiempos modernos, pero su eliminación total sería un error estratégico. Según la entidad, esta medida comprometería la capacidad de las empresas locales para desarrollarse, fomentaría la importación indiscriminada y pondría en peligro la seguridad de los usuarios finales.
Por ello, solicitaron una reunión urgente con las autoridades para discutir el tema y buscar alternativas que equilibren las necesidades de importación con la protección de la industria nacional.
Un problema de largo alcance
La posible derogación del régimen no solo afecta a los industriales metalúrgicos, sino también a todos los sectores que dependen de bienes de capital de alta calidad y última tecnología. En un contexto económico donde la industria busca reactivarse y ganar competitividad en los mercados globales, este tipo de medidas podrían tener efectos adversos a largo plazo, dificultando el camino hacia una economía más robusta y diversificada.
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