Preparan el «Plan Informalidad Cero»
El NEA y el NOA tienen un 60% de trabajadores en negro.
El gobierno de Mauricio Macri prepara para enviar antes de julio al Congreso de la Nación, un proyecto de ley que pretende impulsar la formalización laboral en distintos sectores de la economía.
La iniciativa prevé la condonación de deudas previsionales para las empresas a quienes eximirá de pagar cargas patronales hasta de un salario minimo para las que cuentan con trabajadores en negro con el propósito de incentivar al registro de tales empleados informales.
Según propios términos del gobierno se llama «Plan Informalidad cero», y lo que intentará es reducir el empleo informal de aquí hasta fines de 2019 por medio de un blanqueo laboral.
También declararía la emergencia laboral en algunos sectores con problemas de empleo, como el de calzado y textil, por 180 días desde la promulgación y reglamentación de la ley.
En ese plazo se creará un llamado Registro de Operadores en que deberán inscribirse las empresas que deseen recibir los beneficios. Estas deberán comprometerse a mantener o aumentar la nómina de trabajadores desde el momento en que se inscriben al régimen. La vigencia de la norma será de diez años.
A principios de abril, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó a trabajar junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para elaborar esta ley con los sindicalistas y empresarios y hasta ahora se ha reunido con los técnicos de las principales cámaras del sector privado. Estuvo con la Unión Industrial y los técnicos del resto del grupo de los Seis que incluye a la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, las asociaciones de bancos ABA y ADEBA y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Las empresas que se adhieran al «Plan de Informalidad Cero» podrán solicitar la eximición del pago de contribuciones patronales hasta el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en la actualidad llega a los $8060 mensuales.
Pero también se sumaría un bono de crédito fiscal intransferible por el equivalente a los aportes personales, ART y el componente de aporte patronal de obra social del SMVM de cada uno de los trabajadores. Esto implica que la empresa que solicite ese beneficio pagará todas las cargas sociales y luego tendrá, por hasta el salario mínimo de cada trabajador, un crédito fiscal por todas las contribuciones patronales, que podrá usarlo para el pago del 100% de IVA y Ganancias.
La iniciativa también establece que no podrán acogerse al régimen quienes estén en situación de quiebra o individuos que tengan sentencia firme por delitos económicos, tengan o no conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias y/o previsionales. También por otra parte, la eximición de multas y deudas de la seguridad social para las empresas que quieran regularizar trabajadores. El objetivo es realizar un seguimiento del producto y efectuar una correcta fiscalización en toda la cadena.
Los organismos encargados de fiscalizar la tarea de regularización serán la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto al Ministerio de Trabajo. Los números de la cartera laboral indican que la informalidad alcanza a unas 4.500.000 personas, y significa un 35% del total de la Población Económicamente Activa (PEA). En tanto que llega a más del 60% en las zonas del noroeste y del noreste argentino (NOA y NEA).
