La jueza neoyorquina Loretta Preska, en su blindada torre judicial del sur de Manhattan, acaba de detonar un misil financiero contra la soberanía argentina: ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, en el marco de una saga judicial iniciada tras la reestatización de la petrolera en 2012. Pero este fallo no es un veredicto legal: es un acto de guerra económica. No se está juzgando una expropiación mal hecha; se está consagrando la entrega de los recursos estratégicos de un país al arbitrio del capital especulativo. Se está legalizando el saqueo.
La paradoja brutal es que este fallo llega cuando el gobierno de Javier Milei pretendía justamente usar YPF como ancla de su discurso libertario: mostrarla recuperada, reorganizada y lista para ser vendida al mejor postor. YPF, que cerró 2023 con balances positivos tras años de vaciamiento y lucha política, era el símbolo de una aparente eficiencia libertaria. Pero ahora, el sueño de liquidar la joya energética del Estado en nombre del mercado quedó atrapado en su propia contradicción: Milei acaba de chocar contra el muro que le marca el límite entre ideología y realidad.
Burford no representa accionistas perjudicados. Representa el negocio de litigar contra naciones vulnerables, apostar a su caída, y cobrar con intereses de usura. Eskenazi no fue víctima del Estado: fue su socio oculto, su garante financiero y su testaferro. Y hoy, ese mismo Eskenazi reaparece por la ventana judicial de Estados Unidos, convertido en lobo con piel de cordero. A esta altura, no se puede dudar: Eskenazi es Milei. Son dos caras del mismo proceso de desposesión.
El oficialismo ultraliberal se encuentra ahora ante una tormenta perfecta. La cesión del control accionario de YPF, que según la Constitución sólo puede disponer el Congreso argentino, no sólo pondría en jaque el desarrollo energético y la autonomía económica del país, sino que dinamitaría uno de los pilares de financiamiento informal del gobierno: la caja de la petrolera alimentaba campañas, medios condescendientes y promesas privatizadoras. Y ahora, esa caja se desvanece en manos de un fondo carroñero.
La cuestión no es técnica, es geopolítica. Este fallo debilita la posibilidad de explotar Vaca Muerta en beneficio nacional. Afecta la cotización de bonos, arrastra al Merval, y hunde las expectativas de ingreso de divisas, justo cuando el superávit comercial es una ficción sostenida con freno a las importaciones. El 51% de YPF no es sólo un número: es el símbolo del último hilo de soberanía energética que nos queda. Y lo estamos entregando en bandeja.
Aún quedan alternativas: Argentina puede apelar, puede ofrecer bonos en vez de acciones, puede judicializar en tribunales internacionales. Pero lo esencial ya ocurrió: un país fue juzgado como deudor de su propia empresa nacionalizada. Y nadie –ni siquiera los que hoy se jactan de anti-casta– levanta la voz para defender la dignidad nacional.
La historia juzgará este momento como el Waterloo del proyecto libertario. Porque sin YPF, sin caja, sin energía, sin divisas, sin soberanía… Milei queda desnudo. El «plan motosierra» se queda sin combustible. Y el pueblo argentino, otra vez, queda a merced de un fallo que no se escribe con tinta: se escribe con sangre, petróleo y entrega.
Anticipo para redes:
¿Puede un juez extranjero ordenar la entrega de tu petróleo? La historia del fallo Preska no es solo una sentencia: es un saqueo encubierto. Descubrí por qué este golpe a YPF puede dinamitar el plan de Milei y hundirnos aún más en el fango. Leé la editorial completa en www.periconoticias.com.ar.