Presupuesto: el Gobierno resolvió que todos los jueces paguen Ganancias para financiar el aumento de gasto social
Así financiará el aumento de las partidas sociales que pidió el kirchnerismo. Aceptan la cláusula gatillo por si sube la inflación. Hubo dictamen y se trata el martes.
Po Mauricio Cantando // El Frente de Todos sumó al presupuesto de 2023 un artículo que obliga a los jueces y empleados del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, subió el gasto social como pedían sectores del kirchnerismo e incorporó la cláusula gatillo para definir el destino de las partidas si la inflación crece por encima de lo previsto y se recauda más.
Fueron anuncios realizados durante el debate en comisión de este jueves, cuando el oficialismo logró dictaminar el proyecto con el apoyo de los diputados de Misiones y Córdoba. Se tratará el martes y estarían los votos para aprobarlo y enviarlo al Senado, aunque hay tiempo hasta último momento para revisar artículos que podrían caerse, como el que prorroga las retenciones a las exportaciones.
El texto final incorporó además una suba de impuestos internos a productos tecnológicos importados y a defensa del consumidor. Mantuvo la responsabilidad de las provincias por deudas a Cammesa, pero sin quitarle coparticipación.
La sesión de la Comisión de presupuesto duró tres horas y cristalizó el marco de alianzas de Sergio Massa que incluye un diálogo con los partidos provinciales y Evolución radical, el bloque identificado con Martín Lousteau, que no firmó el dictamen pero propuso modificaciones que fueron aceptadas, como la cláusula gatillo o la deducción de gastos escolares en Ganancias. Se tomaron propuestas de la UCR pero fueron ignoradas las del PRO y la Coalición Cívica.
Con el texto definido, Heller guionó la comisión. Empezó con un detalle suyo de las modificaciones y siguió con propuestas de oficialistas para sumar partidas sociales fue finalmente serían aceptadas.
Entre las sugerencias estuvo la del entrerriano Marcelo Casaretto para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. No lo hacen porque así lo definió una acordada de la Corte en los 90 y 2017 sólo están alcanzados los nombrados desde ese año.
El artículo incorporado señala que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».
«En el 2022 el Estado no recaudará «129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones», precisó Casaretto.
«Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $1.000.000 o $2.000.000 mensuales no pagan y deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial», agregó el entrerriano.
Los 237 mil millones suman a los empleados del poder judicial y a los jueces jubilados. Servirán para financiar el aumento de partidas sociales, que según detalló Heller consumirá poco más de 300 millones.
«¿Estamos halando de jueces y empleados de la justicia no?», preguntó el radical Ricardo Buyaile. «Si», respondió el oficialista Itaí Hagman. «Bien, seguimos sumando amigos», bromeó el formoseño.
Incluye 10 mil millones más de políticas alimentarias, 90 mil en prestaciones sociales, 59 mil en becas educativas (Progresar), 31.175 mil en el aporte al incentivo docente (Fonid); 19.700 para el fondo de integración sociourbana (Fisu) encargado de relevar barrios populares, 12.969 para comedores escolares, 4 mil para infraestructura educativa y 400 para asistencias a infancias, entre otras.
La cláusula gatillo fue propuesta por Danya Tavella, de Evolución radical. Y como anticipó LPO fue definida el miércoles en un diálogo entre su compañero Alejandro Cacace y Massa, quien la había sugerido cuando presentó el presupuesto. Se trata, en definitiva, de evitar que un gobierno se beneficie de subestimar la inflación al recaudar más y redistribuir a gusto.
El texto que leyó Heller señala que «si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre».
El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, «no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso».
La curiosidad es que Luciano Laspina, del PRO, contó que junto a la UCR les parecía demasiado restrictivo el artículo y redactaron uno más simple junto al radical Víctor Romero. Obliga a la Nación a enviar una ley cuando se agote la pauta de gastos.
Laspina reiteró su pedido para congelar la planta de personal, por ahora desestimado, y hacer una aclaración en el artículo 96 sobre que no aumentarán las retenciones a las exportaciones de maíz, trigo y carne, pese a que la prórroga de los derechos de exportación lo permite. Reclamó que vuelvan las alícuotas de 2019.
Es un reclamo además del bloque de Córdoba y por eso el diputado Ignacio García Aresca firmó en disidencia. El gobernador Juan Schiaretti, de visita por Buenos Aires, sí consiguió un compromiso de palabra de Massa para otorgar un aporte inmediato de 59 mil millones de pesos para el transporte de pasajeros en las provincias.
Para 2023, ese fondo se elevó de 66 a 85 mil millones de pesos, aunque se aclara que será un piso y podría subir, pero con un estricto control del Ministerio de Transporte, que liderará un consejo federal para administrar los subsidios y supervisará que todos los colectivos subsidiados tengan Sube. Sólo así puede comprobar la demanda.
Para que firme el dictamen, el misionero Diego Sartori, del Frente renovador para la concordia, consiguió sumar un artículo que faculta a Massa a definir las zonas francas, un pedido de su provincia para protegerse del comercio con los países vecinos. Heller prometió redactarlo en 24 horas.
El artículo 90 causó rechazo en el oficialismo y la oposición, porque responsabiliza a las provincias por las deudas de las distribuidoras energéticas locales con la mayorista Cammesa.
Tras una dura negociación, todos cedieron su parte: Massa aceptó que no cancelar las deudas con descuentos de la coparticipación federal, pero sí podrá cobrárselas de otras transferencias previstas.
Antes la Secretaría de Energía establecerá «una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo» para asegurarse el crédito en 96 cuotas. Heller trabaja en un sistema para que Cammesa cobre directo de las facturas.
Si no pagan, las provincias «resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen» y podrán perder fondos nacionales, a excepción de la «copa».
Se hicieron otras concesiones a los radicales como el aumento del monto a la ley de bosques, pedida por el radical Romero; o la deducción del 40% de Ganancias por gastos educativos, propuesta por Martín Tetaz, de Evolución radical. Los fondos educativos, además, podrán ser utilizados para los sistemas «no formales».
Para evitar que se elimine el régimen de promoción de Tierra del Fuego, los diputados de esa provincia de todos los bloques sumaron impuestos a la importación de electrónica. Hay un aumento de las multas por defensa del consumidor, que llegan a decomisos y suspensión en el registro de proveedores o de exenciones fiscales.
Hay recategorización al monotributo, se eximen muchos impuestos a la importación de agencias del Estado, como el INVAP, y se restablece la tasa de seguridad de aviación con destino a la policía aeroportuaria, tal como estaba hace una década.
El bancario Sergio Palazzo anunció un artículo para cobrar el 15% a los que hacen aportes extra a su obra social para mejorar su plan o derivan a una prepaga y pagan una diferencia. «No deberían tener impacto, porque es el porcentaje que pagan por el resto de los aportes», sostuvo.
No lo entendió así Germana Figueroa Casas, del PRO. «Castigan a los que pagan por un servicio que alivia las arcas del Estado no cargando la salud pública y que ya aportan mucho sobre sus sueldos», afirmó.Copyright La Politica Online SA 2022
