La escena en el Congreso fue clara: el famoso “Capítulo 11” del Presupuesto se cayó, y con él uno de los intentos más brutales de consolidar el ajuste sobre los sectores más vulnerables. El oficialismo ya salió a repetir su cantinela: “triunfo de zurdos, socialistas, estatistas”. La realidad es bastante más incómoda para Milei y su gabinete: lo que se frenó fue un presupuesto inhumano que pretendía cerrar las cuentas públicas a fuerza de destruir el piso mínimo de derechos sociales.
Porque el Capítulo 11 no era una cuestión técnica. Era un paquete quirúrgicamente dirigido a:
- Desenganchar la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares de cualquier actualización razonable.
- Licuar el apoyo a personas con discapacidad.
- Recortar la ampliación del Régimen de Zonas Frías, justo en regiones donde el gas no es un lujo sino la diferencia entre pasar el invierno o enfermarse.
- Desfinanciar a las universidades públicas, golpeando directo a la escalera del ascenso social.
Traducido: la “motosierra” se posaba sobre los chicos pobres, las familias trabajadoras, los enfermos, los que viven en climas extremos y los pibes que intentan ser la primera generación universitaria de sus casas. Ese era el corazón del capítulo derrotado.
El verdadero contenido del “orden fiscal”
El discurso libertario vende épica: “orden fiscal”, “equilibrio de las cuentas”, “terminar con los privilegios”. Pero el texto concreto del presupuesto muestra otra cosa:
el ajuste no se construye sobre los grandes grupos económicos, ni sobre los que subfacturan exportaciones, ni sobre los que evaden impuestos con estructuras offshore.
Se construye sobre el recorte de:
- subsidios que permiten calefaccionar una casa del sur,
- transferencias que garantizan que una madre pueda comprar leche,
- apoyos que sostienen una beca universitaria,
- prestaciones que permiten que una persona con discapacidad no quede abandonada.
Si ese es el “orden” que Milei vino a imponer, entonces el nombre correcto no es orden, es selección brutal de quién tiene derecho a un mínimo de dignidad y quién no.
El relato oficial: contra los pobres, con relato anti-“casta”
El Gobierno intenta encubrir este diseño con una narrativa tan agresiva como vacía:
que todo freno al presupuesto es “triunfo de zurdos-socialistas”, que quienes se oponen “defienden la casta” o “el curro del pobrismo”.
Pero cuando uno mira qué artículos se intentaban aprobar, la pregunta es obvia:
- ¿“Casta” son los chicos que cobran AUH?
- ¿“Casta” son los trabajadores formales que reciben asignaciones familiares?
- ¿“Casta” son los jubilados que dependen de tarifas diferenciales en zonas frías?
- ¿“Casta” son los estudiantes y docentes universitarios, o las personas con discapacidad?
La casta verdadera no aparece en los renglones que Milei quiso recortar.
La casta real vive de la bicicleta financiera, de los negocios regulados a medida, de un sistema impositivo que sigue dejando agujeros gigantes en la parte alta de la pirámide mientras se profundiza el garrote para abajo.
El Congreso como freno de emergencia
Que el Capítulo 11 haya sido volteado no convierte mágicamente a la oposición en heroica ni impoluta. Pero sí marca algo crucial:
el Congreso funcionó como freno de emergencia ante un presupuesto diseñado para garantizar números prolijos al FMI a costa de volver inviables millones de vidas.
Cuando el oficialismo grita “derrota del gobierno”, en realidad está confesando otra cosa:
su plan dependía de desarmar el entramado mínimo de protección social construido en los últimos veinte años.
No se trataba de “achicar al Estado” donde sobran cargos de amigos; se trataba de achicar al Estado donde sostiene derechos elementales.
El golpe político es serio: Milei queda expuesto. No puede seguir vendiendo que su ajuste “lo paga la casta”, cuando cada capítulo presupuestario muestra negro sobre blanco que la tijera baja siempre sobre los mismos.
El proyecto de país que se lee en un presupuesto
Un presupuesto no es sólo una planilla de Excel: es el verdadero programa de gobierno.
Lo que Milei quiso dejar escrito en la ley de leyes es un modelo donde:
- el Estado abandona su rol de garante del ascenso social (universidades, becas, ciencia),
- renuncia a sostener un piso de ciudadanía (AUH, asignaciones, discapacidad),
- y se queda únicamente con la función de cobrador de impuestos para pagar deuda y garantizar caja al sistema financiero.
Ese proyecto fue parcialmente frenado por la derrota del Capítulo 11. No alcanza para cantar victoria, pero sí para marcar un punto político:
no todo vale en nombre del déficit cero.
Un equilibrio fiscal construido sobre el hambre, la exclusión educativa y la desprotección de los más frágiles no es orden; es crueldad planificada.
¿Y ahora qué?
La caída del capítulo social del presupuesto abre un debate que el Gobierno quiere evitar:
si el ajuste no puede hacerse masacrando derechos, ¿dónde se va a ajustar?
¿Sobre las rentas extraordinarias, sobre los regímenes de privilegio, sobre las grandes fugas de capital?
¿O insistirán en recortar siempre hacia abajo, esperando que la sociedad se resigne?
Lo que está claro es que el relato épico se agrieta. La oposición –con todos sus matices y contradicciones– encontró un punto de unión: no ser cómplice de un diseño presupuestario inhumano.
Y la sociedad, cada vez más golpeada en el bolsillo, empieza a ver que detrás de las frases rimbombantes de Twitter, lo que se juega en el Congreso es si sus hijos van a comer, estudiar y calefaccionarse o no.
